La falta de transparencia en el servicio de taxis

Se dice del cuerpo a través del cual pueden verse los objetos con claridad. Es la definición de uno de los adjetivos más repetidos en nuestro provincia en las últimas décadas. Transparente o el sustantivo transparencia forman parte de discursos y promesas de la clase dirigente y de pedidos de la sociedad hacia sus representantes. Como consecuencia de diez años de caos en los servicios de taxis y remises y por la desaparición y asesinato de la joven Paulina Lebbos -aún impune-, se decidió crear un nuevo organismo. En 2006, a través de la ordenanza Nº 3.713 creó el Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa).

En estos días, el servicio de taxis ha sufrido nuevamente remezones, esta vez de los ediles, que han intercambiado acusaciones diversas porque algunos han sido señalados como propietarios de flotillas de numerosos vehículos. Mientras los concejales o ex legisladores aludidos rechazan las imputaciones, un representante de la Asociación de Trabajadores Involucrados con la Actividad Taximetrera insiste en que la mitad de los taxis que circulan actualmente por San Miguel de Tucumán son de políticos, funcionarios públicos, ex policías y empresarios y afirmó que "de los 6.000 autos que trabajan, sólo 3.000 son de adjudicatarios que tienen un taxi o a lo sumo dos".

La ordenanza establece que debe haber un taxi cada 85 habitantes de San Miguel de Tucumán (549.163), o sea 6.460. Los gremios quieren que trabaje un taxi cada 120 habitantes, es decir 4.576. El sistema había sido diseñado para 6.200 vehículos, pero inscribieron cerca de 8.000 automóviles. Desde hace unos años, taxistas y algunos ediles sostienen que llegarían a 9.000 los vehículos circulantes, de los cuales 3.000 trabajarían en forma ilegal.

Lo cierto es que desde su nacimiento, el Sutrappa fue blanco de reclamos constantes por irregularidades y coimas. En julio de 2012, a causa de denuncias por presunta venta de licencias falsas otorgadas por la Municipalidad capitalina y la existencia de taxis "mellizos", renunció el titular de la repartición, quien afirmó que se veía impedido de desempeñar sus funciones como consecuencia de la corrupción. A fines de ese mes, una edil de la UCR presentó pruebas ante la Justicia. Desde entonces transcurrió más de un año y la Fiscalía III de Instrucción Penal no llamó aún a declarar a ninguna persona. El jefe municipal dispuso el traslado a otras reparticiones municipales de siete empleados jerárquicos que controlaban el funcionamiento de los taxis. Fueron reemplazados. Se ordenó una auditoría interna en la repartición. Sin embargo, en la Justicia no avanza la investigación.

Han transcurrido siete años desde la creación de un organismo que debía ordenar y transparentar el servicio. Todo sigue igual. Durante ese tiempo, los representantes del pueblo no han sido capaces darle seguridad al ciudadano cada vez que sube a un vehículo porque sigue sin conocer la identidad del propietario, de los choferes, si se trata un taxista legal o trucho, si el conductor tiene certificado de buena conducta. La falta de transparencia y la escasa voluntad para investigar las denuncias refuerzan aún más la sospecha de que la corrupción está instalada en el mismo poder por eso no se llega a la mentada transparencia. El ciudadano ha sido defraudado una vez más por sus representantes. "Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie", escribió el novelista Giuseppe Tomasi di Lampedusa.