17 Julio 2013
¿Adherirse a la ley nacional sancionada por el Congreso de la Nación hace poco más de un mes? ¿O redactar una nueva norma con respecto a la fertilización asistida, que cientos de padres le reclaman al Estado desde hace años? Esa es la disyuntiva que, por estos días, tiene la comisión de Salud Pública de la Legislatura, que preside Beatriz Ávila (PJ) e integran los también oficialistas Alejandra Cejas, Susana Díaz, Raúl Hadla, Camila Khoder y José Orellana, y el radical Federico Romano Norri.
En mesa de entradas del parlamento, mientras tanto, ya les pusieron el sello de "recibido" a ocho proyectos de ley formulados por diferentes legisladores del oficialismo y de la oposición. Las gestiones para consagrar la norma están tan avanzadas que este mes, incluso, hubo una reunión en el edificio de la Cámara, situado en calle Muñecas y avenida Sarmiento, con funcionarios del Poder Ejecutivo.
Allí, el comité parlamentario recibió a la interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social, Nelly Ganim; y al médico Sergio Mirkin, de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y representante del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). También participaron directivos de obras sociales y parlamentarios que elaboraron iniciativas respecto a este plan.
Ávila explicó que las charlas para analizar cómo se brindará la asistencia estatal a quienes buscan tener hijos pero no logran concretar la gestación comenzaron tras la promulgación de la ley nacional Nº 26.682, sancionada hace un mes.
"La reunión fue muy positiva, porque sirvió para estudiar cómo avanzaremos y para compartir conocimientos sobre la temática", destacó Ávila.
La esposa del edil capitalino Germán Alfaro remarcó que los expertos en medicina reproductiva, los enviados del Ministerio de Salud de la Provincia, de las prestadoras y del parlamento exhibieron sus dudas. "Fue un lindo debate. Por ejemplo, se habló de la parte financiera, que es algo que les importaba mucho a las obras sociales. Es más, en el diálogo surgió que en menos de un mes habían tenido seis pedidos de afiliados al Subsidio (de Salud), invocando la ley nacional Nº 26.682, para solicitar que les reconozcan el tratamiento", añadió Ávila.
La oficialista aclaró que hubo consenso respecto a los beneficios que implicará la normativa nacional para cientos de personas. "Este programa funciona desde hace décadas, pero recién ahora se incorpora al plan médico obligatorio. Antes, las obras sociales no reconocían siquiera un espermograma, y la norma abarca el diagnóstico; el tratamiento; la medicación y hasta técnicas de alta complejidad para los pacientes", afirmó la amayista. En ese sentido, reconoció que la disyuntiva es generar un proyecto de adhesión a la ley nacional y establecer que el PE local realice una adecuación presupuestaria para ese fin; o redactar un proyecto provincial, algo que podría generar choques con la normativa del Congreso. "Falta una pata muy importante de todo esto, que es la reglamentación. Debemos esperar eso, porque hoy no hay infraestructura. Sin embargo, muchas de esas carencias las podemos resolver mediante convenios con los centros de fertilización que funcionan en Tucumán hasta tanto el Siprosa tenga todos los equipos", destacó Ávila.
En mesa de entradas del parlamento, mientras tanto, ya les pusieron el sello de "recibido" a ocho proyectos de ley formulados por diferentes legisladores del oficialismo y de la oposición. Las gestiones para consagrar la norma están tan avanzadas que este mes, incluso, hubo una reunión en el edificio de la Cámara, situado en calle Muñecas y avenida Sarmiento, con funcionarios del Poder Ejecutivo.
Allí, el comité parlamentario recibió a la interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social, Nelly Ganim; y al médico Sergio Mirkin, de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y representante del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). También participaron directivos de obras sociales y parlamentarios que elaboraron iniciativas respecto a este plan.
Ávila explicó que las charlas para analizar cómo se brindará la asistencia estatal a quienes buscan tener hijos pero no logran concretar la gestación comenzaron tras la promulgación de la ley nacional Nº 26.682, sancionada hace un mes.
"La reunión fue muy positiva, porque sirvió para estudiar cómo avanzaremos y para compartir conocimientos sobre la temática", destacó Ávila.
La esposa del edil capitalino Germán Alfaro remarcó que los expertos en medicina reproductiva, los enviados del Ministerio de Salud de la Provincia, de las prestadoras y del parlamento exhibieron sus dudas. "Fue un lindo debate. Por ejemplo, se habló de la parte financiera, que es algo que les importaba mucho a las obras sociales. Es más, en el diálogo surgió que en menos de un mes habían tenido seis pedidos de afiliados al Subsidio (de Salud), invocando la ley nacional Nº 26.682, para solicitar que les reconozcan el tratamiento", añadió Ávila.
La oficialista aclaró que hubo consenso respecto a los beneficios que implicará la normativa nacional para cientos de personas. "Este programa funciona desde hace décadas, pero recién ahora se incorpora al plan médico obligatorio. Antes, las obras sociales no reconocían siquiera un espermograma, y la norma abarca el diagnóstico; el tratamiento; la medicación y hasta técnicas de alta complejidad para los pacientes", afirmó la amayista. En ese sentido, reconoció que la disyuntiva es generar un proyecto de adhesión a la ley nacional y establecer que el PE local realice una adecuación presupuestaria para ese fin; o redactar un proyecto provincial, algo que podría generar choques con la normativa del Congreso. "Falta una pata muy importante de todo esto, que es la reglamentación. Debemos esperar eso, porque hoy no hay infraestructura. Sin embargo, muchas de esas carencias las podemos resolver mediante convenios con los centros de fertilización que funcionan en Tucumán hasta tanto el Siprosa tenga todos los equipos", destacó Ávila.
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