08 Febrero 2013 Seguir en 
MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, donde se investiga un presunto caso de corrupción, le ordenó ayer a Iñaki Urdangarín (yerno del rey Juan Carlos de España) y a su socio, Diego Torres, que presenten un informe de sus bienes, los que les serán embargados porque no depositaron la fianza de 8,2 millones de euros (U$S 11 millones).
Los imputados están acusados de prevaricato, malversación, fraude, falsificación de documentos y delitos contra la Hacienda Pública, por la presunta apropiación indebida de fondos públicos a través del Instituto Noós, una fundación sin fines de lucro. La fianza tenía como objetivo cubrir las posibles responsabilidades que deriven del proceso judicial.
Urdangarín es el esposo de la infanta Cristina, la segunda hija del Rey, e intentó evitar el pago de la fianza al señalar que lo llevaría a una "injusto empobrecimiento".
Su caso compite en la atención pública en España con el escándalo de supuesta corrupción política dentro del oficialista Partido Popular (PP), donde se habría detectado una contabilidad paralela por la cual se pagaron sobresueldos en negros a los principales dirigentes entre ellos el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Ayer, el fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, aseguró que existen "indicios" para investigar "hasta el final". "No creo que haya nadie, a estas alturas, que no desee que estos hechos se esclarezca con la máxima celeridad, como corresponde a un proceso en el que están en juego tantas cosas", afirmó. Al mismo tiempo, en la Fiscalía Anticorrupción declaraba como imputado el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta (predecesor del también acusado Luis Bárcenas), quien negó que hubiera un manejo económico espurio.
Lapuerta, de 85 años, aseguró que no había visto nunca los manuscritos atribuidos a Bárcenas que publicó el diario El País, donde se registran ingresos y egresos de dinero en negro del PP.
Más de un millón de ciudadanos han firmado una petición en el sitio de Internet Change.org pidiendo "la dimisión inmediata" de Rajoy y de la cúpula del PP, y la convocatoria de elecciones anticipadas. La cifra es récord para España. (DPA)
Los imputados están acusados de prevaricato, malversación, fraude, falsificación de documentos y delitos contra la Hacienda Pública, por la presunta apropiación indebida de fondos públicos a través del Instituto Noós, una fundación sin fines de lucro. La fianza tenía como objetivo cubrir las posibles responsabilidades que deriven del proceso judicial.
Urdangarín es el esposo de la infanta Cristina, la segunda hija del Rey, e intentó evitar el pago de la fianza al señalar que lo llevaría a una "injusto empobrecimiento".
Su caso compite en la atención pública en España con el escándalo de supuesta corrupción política dentro del oficialista Partido Popular (PP), donde se habría detectado una contabilidad paralela por la cual se pagaron sobresueldos en negros a los principales dirigentes entre ellos el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Ayer, el fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, aseguró que existen "indicios" para investigar "hasta el final". "No creo que haya nadie, a estas alturas, que no desee que estos hechos se esclarezca con la máxima celeridad, como corresponde a un proceso en el que están en juego tantas cosas", afirmó. Al mismo tiempo, en la Fiscalía Anticorrupción declaraba como imputado el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta (predecesor del también acusado Luis Bárcenas), quien negó que hubiera un manejo económico espurio.
Lapuerta, de 85 años, aseguró que no había visto nunca los manuscritos atribuidos a Bárcenas que publicó el diario El País, donde se registran ingresos y egresos de dinero en negro del PP.
Más de un millón de ciudadanos han firmado una petición en el sitio de Internet Change.org pidiendo "la dimisión inmediata" de Rajoy y de la cúpula del PP, y la convocatoria de elecciones anticipadas. La cifra es récord para España. (DPA)
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