Quedó en suspenso la cobertura de un despacho judicial salteño

Las reglas no escritas también tienen excepciones. En principio, el Senado presta acuerdo casi automático a los pliegos que le envía el Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) -en principio, la intervención del Poder Legislativo en la designación de jueces reviste el carácter de formalidad-. En principio, el PEN no toma decisiones apresuradas en la elección de nuevos magistrados. Pero el caso del letrado tucumano Edgardo López Herrera demuestra que la costumbre y la lógica no rigen necesariamente la fase política de la cobertura de vacantes judiciales.

En diciembre de 2009, el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) propuso una terna al PEN para el Juzgado Federal Nº1 de Salta. El miércoles 6 de julio de este año, el Gobierno envió al Congreso la designación de López Herrera, el candidato que había ganado el concurso. Un mes y medio después, y cuando el aspirante elegido ya había superado la entrevista en la Comisión de Acuerdos, el PEN decidió retirar el pliego. Ayer, funcionarios del Senado confirmaron a LA GACETA que el pedido de acuerdo regresó a la Casa Rosada y que no habían recibido aún una nueva designación para llenar el cargo acéfalo desde agosto de 2008, por la renuncia de Abel Cornejo.

Técnicamente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede cambiar de opinión mientras el Senado no preste acuerdo. Ninguna ley la obliga a sostener la designación ni le prohíbe reincidir. Es decir, el PEN puede reenviar el mismo pliego que retiró o inclinarse por alguno de los otros dos aspirantes que integran la terna propuesta por el CM: Julio Leonardo Bavio, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones salteña y magistrado subrogante del Juzgado Federal Nº1, y María Dolores Pistone, defensora pública oficial de Orán.

López Herrera, sin embargo, descarta la posibilidad de una reincidencia. "El asunto está políticamente terminado", expresó a este diario el lunes, un mes después de tomar conocimiento -por medio de la prensa- sobre la desconcertante contramarcha del PEN. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino aseguró asimismo que ignora las razones que determinaron la suerte de su pliego.

A falta de explicaciones oficiales circulan dos hipótesis quizá complementarias. Por un lado, que organizaciones de derechos humanos con sede en Salta presionaron a la Casa Rosada para que revisase la designación de López Herrera por su condición de tucumano, su perfil civilista y su falta de experiencia judicial previa -estas objeciones fueron planteadas por escrito a la Comisión de Acuerdos del Senado y discutidas durante la audiencia pública-.

Por el otro lado, que el Gobierno de Juan Manuel Urtubey intercedió a favor de Bavio para evitar que un académico -sin nexos políticos- como López Herrera se quedase con el Juzgado Federal con competencia electoral. Y quienes leen el caso a través de esta lente apuntan accesoriamente que el impulso original de designar a López Herrera coincidió con una disputa entre la Casa Rosada y el urtubeyismo por las restricciones y problemas vinculados con la provisión de gas para uso industrial.