27 Noviembre 2010 Seguir en 
La Ley 20.680 de Agio y Abastecimiento fue sancionada en 1974, a pocos días de la muerte del entonces presidente Juan Domingo Perón. Se trata de una norma que autoriza la regulación total de cualquier actividad económica, en todas sus etapas, para asegurar el abastecimiento de los productos o la prestación de los servicios.
Básicamente, prevé sanciones que van desde multas y clausuras hasta cuatro años de prisión. Según una actualización dictada por decreto en 2002, los gravámenes ascienden desde los $ 500 hasta sumas millonarias. Los cierres pueden extenderse por 90 días y las penas de prisión son de dos tipos. Por un lado, existe la posibilidad de arresto preventivo durante 48 horas. Por el otro, el empresario puede ser condenado a 90 días entre rejas. Pero si los hechos adquieren gravedad, el Gobierno está autorizado a dictar la prisión por cuatro años.
La norma también le da al Gobierno la posibilidad de fijar precios mínimos y/o de comercialización. Respecto de la importación y exportación, los funcionarios podrán rebajar o suspender temporariamente derechos, aranceles o gravámenes de importación, así como acordar subsidios o exenciones impositivas para asegurar el abastecimiento o la prestación de servicios. También podrán prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país.
Después de algunos intentos de aplicación en la década del 70, la gestión de Néstor Kirchner la utilizó por primera vez en diciembre de 2007, cuando impuso a la petrolera Shell una multa por $ 23 millones tras argumentar que desabasteció al mercado de gasoil.
Sin embargo, la ley siempre fue polémica y desde 1991 en adelante se discutió mucho sobre su vigencia. Ese año, se promulgó el decreto de desregulación económica, que dispuso la derogación de la ley.
Luego -a través del decreto 722/99- la saliente administración de Carlos Saúl Menem restableció las facultades sancionatorias ante una huelga de camioneros. Actualmente, el Gobierno de Cristina Kirchner considera que la normativa tiene plena vigencia, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, planea aplicarla en el sector azucarero.
Básicamente, prevé sanciones que van desde multas y clausuras hasta cuatro años de prisión. Según una actualización dictada por decreto en 2002, los gravámenes ascienden desde los $ 500 hasta sumas millonarias. Los cierres pueden extenderse por 90 días y las penas de prisión son de dos tipos. Por un lado, existe la posibilidad de arresto preventivo durante 48 horas. Por el otro, el empresario puede ser condenado a 90 días entre rejas. Pero si los hechos adquieren gravedad, el Gobierno está autorizado a dictar la prisión por cuatro años.
La norma también le da al Gobierno la posibilidad de fijar precios mínimos y/o de comercialización. Respecto de la importación y exportación, los funcionarios podrán rebajar o suspender temporariamente derechos, aranceles o gravámenes de importación, así como acordar subsidios o exenciones impositivas para asegurar el abastecimiento o la prestación de servicios. También podrán prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país.
Después de algunos intentos de aplicación en la década del 70, la gestión de Néstor Kirchner la utilizó por primera vez en diciembre de 2007, cuando impuso a la petrolera Shell una multa por $ 23 millones tras argumentar que desabasteció al mercado de gasoil.
Sin embargo, la ley siempre fue polémica y desde 1991 en adelante se discutió mucho sobre su vigencia. Ese año, se promulgó el decreto de desregulación económica, que dispuso la derogación de la ley.
Luego -a través del decreto 722/99- la saliente administración de Carlos Saúl Menem restableció las facultades sancionatorias ante una huelga de camioneros. Actualmente, el Gobierno de Cristina Kirchner considera que la normativa tiene plena vigencia, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, planea aplicarla en el sector azucarero.
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