13 Septiembre 2010 Seguir en 
Uno de los planteos más recurrentes que el sector privado eleva al Estado es la necesidad de generar un sistema fiscal adecuado, que no represente una carga pesada permanente sobre las empresas. El argumento es que en un esquema de alta presión impositiva, con un Estado deficitario en la administración y ejecución de los servicios básicos, el margen de maniobra de las empresas se restringe, y la situación impacta en el plano laboral, porque los empleos que se generan son escasos o de baja calificación.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), observó que el régimen impositivo de la Argentina debería ser modernizado para quitarle presión al sistema productivo y para cobrarle mejores tasas a los que más ganan, lo cual impactará positivamente en el impulso de la creación de empleos de calidad. Además, el Estado tendría que mejorar el sistema educativo, aportando materias prácticas que enseñen oficios concretos a los alumnos y los preparen para insertarse exitosamente en el mercado laboral.
"La reforma tributaria es una exigencia no sólo desde ese ángulo, que sería el más sensible. Pero si la presión tributaria sigue creciendo, hay un efecto en cadena que esto conlleva, como la reducción de la inversión y la caída de la creación de nuevos puestos de trabajo. El agobio fiscal es la razón de los antídotos no siempre santos que se buscan para neutralizarla. Y repercute claramente en la calidad del empleo y en la creación de fuentes de trabajo", señaló a LA GACETA el consultor en temas tributarios Edmundo Saieg.
Según Idesa, seis impuestos denominados distorsivos presionan sobre el proceso de producción de cualquier producto con destino al consumo interno y a las exportaciones en el país. Esos gravámenes son derechos de importación, cargas sociales, impuesto al cheque, impuesto a los combustibles, impuestos internos y ganancia mínima presunta, que representan el 61,4% del Presupuesto Nacional. Según Idesa, al afectar al sistema productivo, el Estado obliga a quienes invierten que tributen seis veces antes de comenzar a trabajar, incluso a riesgo de que la actividad sufra el impacto de algún factor negativo y deje en bancarrota al emprendedor. En tanto, el proceso de venta y el acceso a la rentabilidad afrontan sólo tres gravámenes: IVA, Ingresos Brutos, y el Impuesto a las Ganancias, que suman el 38,6% del Presupuesto anual. Idesa sostiene que la Argentina tiene que eliminar gravámenes y basarse más en el Impuesto a las Ganancias, dado que este aporta sólo el 15,6% de la recaudación y es el tributo más progresivo.
El presidente de la Fundación del Tucumán, José Manuel García González, opinó que además de una modernización en el sistema impositivo nacional, en el país falta previsibilidad. "Debe haber un sistema político creíble, confiable, que genere ganas de invertir. Una reforma fiscal tiene que promover el interés del empresario de crecer, de invertir y de capacitar al personal. Lo que se necesitan son mensajes claros: inviertan, den mano de obra, capaciten a sus empleados y otorguen valor agregado", remató el dirigente tucumano.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), observó que el régimen impositivo de la Argentina debería ser modernizado para quitarle presión al sistema productivo y para cobrarle mejores tasas a los que más ganan, lo cual impactará positivamente en el impulso de la creación de empleos de calidad. Además, el Estado tendría que mejorar el sistema educativo, aportando materias prácticas que enseñen oficios concretos a los alumnos y los preparen para insertarse exitosamente en el mercado laboral.
"La reforma tributaria es una exigencia no sólo desde ese ángulo, que sería el más sensible. Pero si la presión tributaria sigue creciendo, hay un efecto en cadena que esto conlleva, como la reducción de la inversión y la caída de la creación de nuevos puestos de trabajo. El agobio fiscal es la razón de los antídotos no siempre santos que se buscan para neutralizarla. Y repercute claramente en la calidad del empleo y en la creación de fuentes de trabajo", señaló a LA GACETA el consultor en temas tributarios Edmundo Saieg.
Según Idesa, seis impuestos denominados distorsivos presionan sobre el proceso de producción de cualquier producto con destino al consumo interno y a las exportaciones en el país. Esos gravámenes son derechos de importación, cargas sociales, impuesto al cheque, impuesto a los combustibles, impuestos internos y ganancia mínima presunta, que representan el 61,4% del Presupuesto Nacional. Según Idesa, al afectar al sistema productivo, el Estado obliga a quienes invierten que tributen seis veces antes de comenzar a trabajar, incluso a riesgo de que la actividad sufra el impacto de algún factor negativo y deje en bancarrota al emprendedor. En tanto, el proceso de venta y el acceso a la rentabilidad afrontan sólo tres gravámenes: IVA, Ingresos Brutos, y el Impuesto a las Ganancias, que suman el 38,6% del Presupuesto anual. Idesa sostiene que la Argentina tiene que eliminar gravámenes y basarse más en el Impuesto a las Ganancias, dado que este aporta sólo el 15,6% de la recaudación y es el tributo más progresivo.
El presidente de la Fundación del Tucumán, José Manuel García González, opinó que además de una modernización en el sistema impositivo nacional, en el país falta previsibilidad. "Debe haber un sistema político creíble, confiable, que genere ganas de invertir. Una reforma fiscal tiene que promover el interés del empresario de crecer, de invertir y de capacitar al personal. Lo que se necesitan son mensajes claros: inviertan, den mano de obra, capaciten a sus empleados y otorguen valor agregado", remató el dirigente tucumano.







