La carga tributaria de las provincias encarece el crédito

Las 24 jurisdicciones del país han acentuado en los últimos años los aumentos tributarios sobre el sector bancario, sin detenerse a considerar que estas subas se trasladan de manera prácticamente directa al costo crediticio, impactando negativamente en el mercado de financiamiento, dice un informe del Iaraf.

DIRECTO AL PUBLICO. Según el reporte privado, los clientes que van a tomar un préstamos generalmente son los que deben pagar las subas impositivas.
DIRECTO AL PUBLICO. Según el reporte privado, los clientes que van a tomar un préstamos generalmente son los que deben pagar las subas impositivas.
12 Septiembre 2010
En los últimos años, el Gobierno ha buscado la forma de motorizar el crédito con el fin de impulsar el consumo. Sin embargo, las acciones oficiales no han dado los frutos esperados. Sucede que tanto las entidades como el público que solicita los préstamos encontraron, en algunos casos, que no pueden calificar para acceder a líneas de financiamiento, pero también que la mayor carga impositiva se traslada directamente al costo crediticio, impactando negativamente en el mercado de financiamiento.

Desde 2002 se observa un aumento constante en la carga tributaria provincial sobre el sector bancario, no sólo por la aplicación de mayores alícuotas en el impuesto a los Ingresos Brutos, sino también por la ampliación del monto a tributar a través de la definición de una mayor base imponible, señala un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Con relación a la base imponible, hay que distinguir entre dos definiciones: en un grupo de provincias se grava sobre la intermediación financiera (ingresos menos egresos); mientras que en otras se cobra el impuesto a la totalidad de los ingresos generados por la actividad, sin admitir deducciones de ningún tipo. La base de ingresos evidentemente que resulta más amplia que la de intermediación y, por ende, una misma alícuota va a resultar en un monto a pagar mayor en el caso de la primera base que en el de la segunda.

Según el informe, al que accedió LA GACETA, el comportamiento de las políticas tributarias hacia el sector bancario ha sido el siguiente desde 2008:

11 jurisdicciones habrían aplicado alguno (o ambos) de los dos tipos de aumento (Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Tucumán).

Otras 12 provincias no modificaron ni alícuotas ni bases imponibles a lo largo de los ocho años (Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Sólo una jurisdicción redujo la carga, Santiago del Estero, que en 2006 disminuyó la alícuota a los bancos desde un 5% a un 1,5%.

Las conclusiones

Según el Iaraf, un instituto dirigido por el economista cordobés Nadin Argañaraz, resulta preocupante la tendencia de incrementar la carga tributaria provincial sobre los bancos. Entre 2008 y 2010, la presión que ejerce Ingresos Brutos sobre el sector habría aumentado cerca de un 30%, en promedio para las 24 jurisdicciones, como resultado tanto de subas de alícuotas como ampliaciones de las bases a tributar. En algunos casos particulares, de la combinación de ambos elementos han resultado incrementos de hasta el 200%.

"Es importante tener en cuenta que mayores impuestos sobre el sector financiero impactan en un mayor costo del crédito, repercutiendo negativamente no solo sobre este sector sino también sobre el resto de las actividades de la economía, desalentando su crecimiento y desarrollo. El hecho de hacerlo a través de un impuesto como Ingresos Brutos hace que cuando una empresa toma un crédito no lo puede tomar como crédito fiscal y se genera un efecto acumulación a la hora de aplicar la alícuota que paga según la actividad que desempeñe", señala el diagnóstico. "Concretamente -agrega el Iaraf-, es una pésima manera de encarecer el crédito".

Según la entidad, resulta esencial que en la búsqueda actual por mayores fondos para el financiamiento de los distintos niveles de gobierno, se tengan en cuenta los nocivos efectos sobre la economía que implica penalizar más allá de lo razonable a una actividad que constituye un instrumento clave del proceso de desarrollo regional.

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