El sistema jubilatorio no es equitativo: sólo uno de cada dos beneficiarios hizo aportes
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino plantea la necesidad de establecer un mecanismo jubilatorio que sea solidario, pero que no sea injusto con los trabajadores que aportaron durante años para recibir un salario luego de su retiro. También propone eficientizar el gasto y quitar subsidios para contar con los recursos necesarios para actualizar las jubilaciones.
UN VIEJO RECLAMO. Jubilados y pensionados de Tucumán reclaman desde hace años que se les pague el 82% móvil. Con el sistema jubilatorio actual, muchos que no hicieron aportes lo cobran, pero ellos no logran recibir ese beneficio. LA GACETA / FRANCO VERA
15 Agosto 2010 Seguir en 
La recomposición de los haberes de los jubilados es clave y necesario, pero la ley de movilidad que aplica el Gobierno no es suficiente para compensar a los trabajadores que aportaron durante años al Estado. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) recordó que la Constitución nacional establece que las jubilaciones son móviles y delega al Congreso la responsabilidad de definir el mecanismo para instrumentar este criterio general. En respuesta a este mandato constitucional, el Congreso Nacional sancionó en 2008 la ley de movilidad previsional donde se estipula que los haberes previsionales se ajustan semestralmente -en marzo y septiembre de cada año- en función de la evolución de los salarios y los recursos tributarios de la Anses. En cumplimiento de este mandato, el Gobierno anunció que el ajuste para septiembre será del 16,9%. El incremento está en línea con el objetivo de compensar a los jubilados por los efectos nocivos de la inflación.
"La decisión de ceñirse a la institucionalidad resulta particularmente positiva en un tema tan importante como es el previsional, donde, en general, prevalecen el oportunismo y la falta de responsabilidad. El paso siguiente debería ser aplicar idénticos criterios para los jubilados que entre los años 2002 y 2006 no tuvieron movilidad en sus haberes previsionales. Esto produjo una licuación de los haberes tan profunda que mereció la censura de la Corte ('fallo Badaro') generando otra fuente de juicios contra la Anses", estimó Idesa en un informe.
Para dar este paso -continúa el estudio del instituto- es fundamental recomponer la sustentabilidad financiera del sistema previsional. En este marco, una cuestión central es tener en cuenta los tipos de beneficios del sistema previsional. Según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, a diciembre del 2009 el sistema previsional pagaba las siguientes prestaciones:
3 millones de beneficios a personas que realizaron aportes durante su vida activa.
2,3 millones de beneficios sin aportes otorgados a través de las moratorias.
900.000 beneficios sin aportes otorgados con la figura de pensiones no contributivas.
"Los datos muestran que de cada dos beneficios previsionales que paga el sistema previsional, uno es otorgado con el requerimiento de hacer aportes y el otro no. En esta mezcla subyace un mecanismo de subsidio por el cual los beneficios otorgados sin aportes se financian con la falta de movilidad sufrida entre 2002 y 2006 por las personas que habían hecho aportes durante su vida activa. Es una situación tan injusta como ilegal. De allí, la proliferación de juicios que beneficia más a los gestores y a la corrupción que a los damnificados. La manera de detener este perverso proceso es extender el 'fallo Badaro' a todos los jubilados en idéntica situación. Según estimaciones oficiales, esto demandaría unos $ 10.000 millones anuales adicionales", dijo Idesa.
En su evalución sobre el sistema jubilatorio, el centro de estudios estimó que es fundamental un sistema no contributivo transparente y focalizado, en lugar de la entrega indiscriminada y discrecional de beneficios. "Seguramente, que muchos de los 3,2 millones de beneficios otorgados sin aportes con las moratorias y las pensiones no contributivas tienen una justificación social. Pero muchos otros carecen de legitimidad. Por ejemplo, casos en que la persona tiene otro beneficio previsional o presenta una situación económica visiblemente holgada. El ahorro que generaría una depuración podría ser suficiente para financiar el cumplimiento de la movilidad a los jubilados que hicieron aportes, y de necesitarse más recursos alcanzaría con reasignar parte de los que se usan de manera poco transparente para subsidiar a empresas públicas y privadas", aseveró.
Para construir un sistema más justo, Idesa recomienda construir dos pilares. "Por un lado, un mecanismo contributivo financiado con aportes y contribuciones que paga haberes proporcionales al salario. Por el otro, un mecanismo no contributivo, solidario, financiado con rentas generales cuyo objetivo es dar jubilaciones a personas mayores en estado de vulnerabilidad. Así, se subsanaría la injusticia de haber negado la movilidad previsional a las personas que hicieron aportes y no se elude la responsabilidad social de dar cobertura a la gente que no pudo realizar aportes", concluyó.
"La decisión de ceñirse a la institucionalidad resulta particularmente positiva en un tema tan importante como es el previsional, donde, en general, prevalecen el oportunismo y la falta de responsabilidad. El paso siguiente debería ser aplicar idénticos criterios para los jubilados que entre los años 2002 y 2006 no tuvieron movilidad en sus haberes previsionales. Esto produjo una licuación de los haberes tan profunda que mereció la censura de la Corte ('fallo Badaro') generando otra fuente de juicios contra la Anses", estimó Idesa en un informe.
Para dar este paso -continúa el estudio del instituto- es fundamental recomponer la sustentabilidad financiera del sistema previsional. En este marco, una cuestión central es tener en cuenta los tipos de beneficios del sistema previsional. Según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, a diciembre del 2009 el sistema previsional pagaba las siguientes prestaciones:
3 millones de beneficios a personas que realizaron aportes durante su vida activa.
2,3 millones de beneficios sin aportes otorgados a través de las moratorias.
900.000 beneficios sin aportes otorgados con la figura de pensiones no contributivas.
"Los datos muestran que de cada dos beneficios previsionales que paga el sistema previsional, uno es otorgado con el requerimiento de hacer aportes y el otro no. En esta mezcla subyace un mecanismo de subsidio por el cual los beneficios otorgados sin aportes se financian con la falta de movilidad sufrida entre 2002 y 2006 por las personas que habían hecho aportes durante su vida activa. Es una situación tan injusta como ilegal. De allí, la proliferación de juicios que beneficia más a los gestores y a la corrupción que a los damnificados. La manera de detener este perverso proceso es extender el 'fallo Badaro' a todos los jubilados en idéntica situación. Según estimaciones oficiales, esto demandaría unos $ 10.000 millones anuales adicionales", dijo Idesa.
En su evalución sobre el sistema jubilatorio, el centro de estudios estimó que es fundamental un sistema no contributivo transparente y focalizado, en lugar de la entrega indiscriminada y discrecional de beneficios. "Seguramente, que muchos de los 3,2 millones de beneficios otorgados sin aportes con las moratorias y las pensiones no contributivas tienen una justificación social. Pero muchos otros carecen de legitimidad. Por ejemplo, casos en que la persona tiene otro beneficio previsional o presenta una situación económica visiblemente holgada. El ahorro que generaría una depuración podría ser suficiente para financiar el cumplimiento de la movilidad a los jubilados que hicieron aportes, y de necesitarse más recursos alcanzaría con reasignar parte de los que se usan de manera poco transparente para subsidiar a empresas públicas y privadas", aseveró.
Para construir un sistema más justo, Idesa recomienda construir dos pilares. "Por un lado, un mecanismo contributivo financiado con aportes y contribuciones que paga haberes proporcionales al salario. Por el otro, un mecanismo no contributivo, solidario, financiado con rentas generales cuyo objetivo es dar jubilaciones a personas mayores en estado de vulnerabilidad. Así, se subsanaría la injusticia de haber negado la movilidad previsional a las personas que hicieron aportes y no se elude la responsabilidad social de dar cobertura a la gente que no pudo realizar aportes", concluyó.
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