02 Febrero 2010 Seguir en 

Empezaron 2010 con la expectativa de que la situación se normalizara, pero la realidad les dio un cachetazo. Los empresarios de la construcción que ejecutan obras públicas ya soportan una deuda de $ 150 millones, según reconocieron. Puntualmente, el vicepresidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Rodolfo Alonso, precisó que la Nación aún no terminó de cancelar los certificados de obra correspondientes a agosto de 2009. Dentro de este contexto de crisis, la Provincia puso en vigencia la Ley 8.246, mediante la que se permite a las contratistas retrasar en hasta un 25% del plazo original el inicio, la ejecución o la entrega de las obras a su cargo.







