29 Octubre 2009
LA BIENVENIDA OFICIAL. Bustamante saluda a Gandur tras recibir ayer su diploma como consejero del CAM.
En un concurso para la cobertura de un cargo en el Poder Judicial, si dos postulantes obtuvieran el mismo puntaje global tras haberse sumado la calificación de sus antecedentes y el resultado obtenido en la prueba de oposición, figurará primero en el orden de mérito aquel que hubiera conseguido un mejor resultado en la evaluación escrita. Esto prevé, entre otras disposiciones, el proyecto de reglamento interno que Antonio Gandur, presidente del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), entregará mañana a los otros cinco miembros del órgano de selección.
En referencia al orden de mérito provisorio, quienes no reunieran 60 puntos por la oposición y por los antecedentes no podrán pasar a la entrevista final con los miembros del CAM. La Ley 8.197 estipula que por el primer ítem se asignarán hasta 55 puntos; y por el segundo hasta 35 puntos.
La iniciativa también pauta la necesidad de llamar un jurado para que, en cada concurso, confeccione la prueba (durará hasta seis horas y consistirá en la resolución de casos prácticos) y califique los exámenes. Estos, en virtud de un sistema de doble seguridad (con clave numérica y alfabética), serán corregidos sin que los evaluadores sepan quiénes son los autores.
Para formarlos jurados, el CAM pedirá a los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados de Tucumán o de la Justicia Nacional y a las facultades de derecho para que eleven listas de jueces, letrados y profesores (titulares, asociados y adjuntos regulares, eméritos y consultos) que, a su vez, "hubiesen sido designados por concurso". Si no fuera posible, el CAM incluirá a magistrados, abogados y docentes que "revistan condiciones y reconocimientos suficientes".
Revisión oral
Quienes pasaran la etapa de la entrevista (por la cual podrán recibir hasta 10 puntos), según el proyecto, serán interrogados sobre sus motivaciones para el cargo y sobre sus puntos de vista sobre los temas básicos de la especialidad, así como sobre sus conocimientos sobre "la interpretación de las cláusulas de las Constituciones o la jurisprudencia de las Cortes de la Nación y de Tucumán".
Dada la cantidad de vacantes que haya en Tribunales, el proyecto prevé la celebración de concursos múltiples para que, por medio de una única selección, puedan cubrirse simultáneamente distintos cargos de un mismo fuero e instancia. Para esta hipótesis, Gandur sugiere que el CAM eleve al Ejecutivo, por orden de mérito, una lista con los cinco primeros en puntaje y uno más por cada cargo acéfalo, de manera que el gobernador siempre disponga de cinco nombres para elegir a uno por vacante.
La carrera judicial
En materia de antecedentes, el proyecto que impulsa Gandur prevé la posibilidad de que un participante obtenga hasta 10 puntos por haber aprobado posgrados: entre cuatro y seis puntos por un doctorado; entre dos y cuatro puntos, por una maestría; hasta dos puntos, por una especialización, y hasta uno, por otro título.
Según el proyecto, un aspirante podría obtener hasta 14 puntos por su carrera judicial o por su ejercicio como abogado.
En el caso de la carrera en Tribunales, se promueven las siguientes calificaciones: por el desempeño del cargo de magistrado en el fuero en el que se concursa o de relator de la Corte, entre 10 y 12 puntos; por el ejercicio de la judicatura en un fuero diferente, entre ocho y 10 puntos; entre seis y ocho puntos, por la prestación de servicio como secretario, prosecretario, y relatores de primera y segunda instancia; y hasta cuatro puntos por otras funciones judiciales.
En el caso de los litigantes, podría asignárseles hasta 12 puntos. Para los que tuvieran más de 15 años en el ejercicio profesional, el mínimo sería de seis puntos. También se prevé dar entre dos y ocho puntos por el desempeño de funciones públicas o de actividades en la administración pública, si tienen relevancia jurídica.
Ejercicio profesional
El proyecto fija que, al presentar su currículo, los abogados pueden enumerar causas judiciales en las que hayan participado como apoderados o patrocinantes, o acompañar copias de hasta diez escritos o dictámenes que consideraran relevantes (lo mismo permite respecto de quienes cumplen funciones en el Poder Judicial).
Asimismo, también 10 puntos es el máximo que se podría conseguir en el rubro actividad académica según los siguientes cargos desempeñados en una universidad nacional pública: entre cuatro y seis puntos por profesor titular; entre dos y cuatro puntos por profesor asociado o adjunto, y hasta dos puntos por ser jefe de trabajos prácticos o auxiliar docente de primera categoría. Estos podrían acumularse en el caso de que el concursante ostentará más de un cargo en diferentes asignaturas.
También está prevista la asignación de hasta dos puntos por disertaciones, ponencias y asistencias a jornadas y seminarios jurídicos. El mismo puntaje será el tope para las publicaciones.
En referencia al orden de mérito provisorio, quienes no reunieran 60 puntos por la oposición y por los antecedentes no podrán pasar a la entrevista final con los miembros del CAM. La Ley 8.197 estipula que por el primer ítem se asignarán hasta 55 puntos; y por el segundo hasta 35 puntos.
La iniciativa también pauta la necesidad de llamar un jurado para que, en cada concurso, confeccione la prueba (durará hasta seis horas y consistirá en la resolución de casos prácticos) y califique los exámenes. Estos, en virtud de un sistema de doble seguridad (con clave numérica y alfabética), serán corregidos sin que los evaluadores sepan quiénes son los autores.
Para formarlos jurados, el CAM pedirá a los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados de Tucumán o de la Justicia Nacional y a las facultades de derecho para que eleven listas de jueces, letrados y profesores (titulares, asociados y adjuntos regulares, eméritos y consultos) que, a su vez, "hubiesen sido designados por concurso". Si no fuera posible, el CAM incluirá a magistrados, abogados y docentes que "revistan condiciones y reconocimientos suficientes".
Revisión oral
Quienes pasaran la etapa de la entrevista (por la cual podrán recibir hasta 10 puntos), según el proyecto, serán interrogados sobre sus motivaciones para el cargo y sobre sus puntos de vista sobre los temas básicos de la especialidad, así como sobre sus conocimientos sobre "la interpretación de las cláusulas de las Constituciones o la jurisprudencia de las Cortes de la Nación y de Tucumán".
Dada la cantidad de vacantes que haya en Tribunales, el proyecto prevé la celebración de concursos múltiples para que, por medio de una única selección, puedan cubrirse simultáneamente distintos cargos de un mismo fuero e instancia. Para esta hipótesis, Gandur sugiere que el CAM eleve al Ejecutivo, por orden de mérito, una lista con los cinco primeros en puntaje y uno más por cada cargo acéfalo, de manera que el gobernador siempre disponga de cinco nombres para elegir a uno por vacante.
La carrera judicial
En materia de antecedentes, el proyecto que impulsa Gandur prevé la posibilidad de que un participante obtenga hasta 10 puntos por haber aprobado posgrados: entre cuatro y seis puntos por un doctorado; entre dos y cuatro puntos, por una maestría; hasta dos puntos, por una especialización, y hasta uno, por otro título.
Según el proyecto, un aspirante podría obtener hasta 14 puntos por su carrera judicial o por su ejercicio como abogado.
En el caso de la carrera en Tribunales, se promueven las siguientes calificaciones: por el desempeño del cargo de magistrado en el fuero en el que se concursa o de relator de la Corte, entre 10 y 12 puntos; por el ejercicio de la judicatura en un fuero diferente, entre ocho y 10 puntos; entre seis y ocho puntos, por la prestación de servicio como secretario, prosecretario, y relatores de primera y segunda instancia; y hasta cuatro puntos por otras funciones judiciales.
En el caso de los litigantes, podría asignárseles hasta 12 puntos. Para los que tuvieran más de 15 años en el ejercicio profesional, el mínimo sería de seis puntos. También se prevé dar entre dos y ocho puntos por el desempeño de funciones públicas o de actividades en la administración pública, si tienen relevancia jurídica.
Ejercicio profesional
El proyecto fija que, al presentar su currículo, los abogados pueden enumerar causas judiciales en las que hayan participado como apoderados o patrocinantes, o acompañar copias de hasta diez escritos o dictámenes que consideraran relevantes (lo mismo permite respecto de quienes cumplen funciones en el Poder Judicial).
Asimismo, también 10 puntos es el máximo que se podría conseguir en el rubro actividad académica según los siguientes cargos desempeñados en una universidad nacional pública: entre cuatro y seis puntos por profesor titular; entre dos y cuatro puntos por profesor asociado o adjunto, y hasta dos puntos por ser jefe de trabajos prácticos o auxiliar docente de primera categoría. Estos podrían acumularse en el caso de que el concursante ostentará más de un cargo en diferentes asignaturas.
También está prevista la asignación de hasta dos puntos por disertaciones, ponencias y asistencias a jornadas y seminarios jurídicos. El mismo puntaje será el tope para las publicaciones.
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