El caso de las cárceles

Hemos informado sobre una cuestión recientemente planteada respecto de los presos federales. En Salta no hay dónde alojar a cerca de dos centenares de penados de esa índole, y el juez federal de esa ciudad pidió al Ministerio de Justicia gestionar la cesión, para cárceles, de los locales de Tucumán donde funcionaron el ex Comando y el ex Hospital Militar. Por su parte, Tucumán no está de acuerdo con que se usen para ese fin inmuebles que carecen de acondicionamiento carcelario, aparte de los otros inconvenientes que crearía la distancia con el Juzgado. Además, la Provincia es acreedora de más de 2 millones de pesos por la manutención de presos federales en sus cárceles.
Todo esto, en realidad, no constituye más que la punta del iceberg constituido por la grave realidad carcelaria. Es un tema pendiente desde hace mucho tiempo, y requiere soluciones de fondo que por diversas razones -económicas, sobre todo- se han ido postergando. Así es como el alojamiento de penados representa, hoy por hoy, un candente problema (que sin duda se agrava por el recrudecimiento singular del delito) no sólo en la órbita federal sino en la provincial. Debe el Estado abocarse con urgencia a dar las respuestas definitivas, sea que ellas surjan de la remodelación de edificios que actualmente están cerrados, o de la construcción de otros nuevos y funcionales.