La UCR exige que se cumplan seis principios de contratación

El control numérico del alperovichismo en la Legislatura fue determinante para la sanción de la Ley 8.175, concretada tras un breve debate en el recinto el sábado pasado. La iniciativa tuvo, además, un veloz tratamiento en el Poder Ejecutivo, que la promulgó a las pocas horas de haberla recibido, con lo cual se cristalizaron los cambios en la forma de difundir las licitaciones públicas.
A partir de ahora, ya no será obligatoria la publicación de avisos en los medios de comunicación, sino que bastará con anunciarla en el Boletín Oficial y en la página web de la Provincia y en enviar una gacetilla a la prensa.
La reforma fue considerada como un recorte a la transparencia en el Estado, a contramano de los pedidos de mayor participación efectuados por organizaciones no gubernamentales y de ciudadanos  (ver “Abrir canales...”).
Ese es el argumento central de la objeción hecha por el legislador radical, José Cano. “Se evita la publicación de las licitaciones en los diarios de mayor circulación para quitar transparencia al acto. Es correcto que se difundan por internet, pero esto no obsta a que se mantenga el viejo sistema de los avisos en los medios”, señaló.
El legislador radical defendió seis aspectos doctrinarios que deben regir toda contratación que efectúe el Estado. El primer punto se refiere a la legalidad, por entender que todo proceso de contratación debe estar sometido al ordenamiento jurídico positivo, en todas sus etapas. El siguiente paso es la publicidad y la difusión, que fueron consideradas como presupuestos necesarios para asegurar la libertad de concurrencia de los oferentes.
“La eficiencia y la eficacia constituyen el tercer aspecto, y se vinculan con que los bienes y los servicios que se adquieran reúnan los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega pautados, y deberán efectuarse en las mejores condiciones para su uso. Además, en toda compra se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos que integran el principio de la economía, seguido del de razonabilidad en toda contratación, a partir de la estrecha vinculación entre el objeto de la contratación y el interés público”, explicó.

Ni los caramelos
Cano advirtió que las sucesivas etapas del proceso deben asegurar la transparencia y permitir la participación real y efectiva de la comunidad. “Estos criterios básicos nunca fueron respetados por José Alperovich, quien confunde los bienes del Estado con los propios; no quiere que los actos sean públicos y se siente cómodo negociando el dinero de todos los tucumanos en privado, lo que genera suspicacias y sospechas. Es incapaz de comprar un caramelo respetando estas normas”, dijo.
El legislador aseveró que el alperovichismo viola las instituciones bajo la excusa de la gestión. “Si respetaran las leyes, no se hubiese cortado una sola cinta en estos más de 2.000 días de Gobierno”, finalizó.