CARTAS DE LECTORES

TRANSITO
Resulta sorprendente y patético que el director municipal de Tránsito crea que hacer circular todos los ómnibus por calle Laprida hasta Santiago del Estero es la solución mágica para el caos reinante. Laprida, desde su intersección con San Martín hasta Santiago, es una calle muy angosta, de aceras estrechas y gran movimiento. En ese trayecto de tres cuadras, existen cuatro establecimientos educativos, dos geriátricos y un centro de salud. Los que habitan esa zona y circulan por sus estrechas y rotas veredas son víctimas de un tránsito infernal y continuo de armatostes que contaminan y envenenan el ambiente. Les pido a quienes tienen la grave responsabilidad de decidir sobre estas cuestiones tan delicadas que usen la inteligencia y la razonabilidad para resolver el problema. Estos vehículos enormes, obsoletos, humeantes y ruidosos no pueden ingresar al microcentro.

Germán Cornejo
ciberglc_999@hotmail.com.ar

AMBULANTES
Con espanto veo cada día cómo la gente va cayendo en la miseria por la falta de trabajo. Yo, desde mi humilde condición de ciudadana, no puedo entender por qué hoy no dejan trabajar a la gente que en desesperada lucha por sobrevivir sin caer en el delito, trata de hacerlo honestamente, como los vendedores ambulantes. Es cierto que no dan una buena imagen a la ciudad, pero ¿no hay modo de ubicarlos en algún lugar, y que paguen sus impuestos de acuerdo con el trabajo de realizan?

Susana Tula
irtula@hotmail.com

CUPO FEMENINO
Respecto de la participación femenina en la lista de candidatos, creo que no es necesaria la modificación de la ley. Vemos que la mujer -por méritos propios- está ocupando lugares que antes le estaban vedados. No creo que sea necesario establecer obligaciones legales para ocupar cargos que los méritos personales avalan. Se debe tomar conciencia de voto. Muchos como yo simplemente queremos votar por ellas.

Guillermo Buetow
propuestasgab@hotmail.com

CORRUPCION
Vine a pasar mis vacaciones en mi querido Tucumán. En Aduanas de Ezeiza controlaron mis maletas y mi PC personal adquirida en Italia por un valor de 1.600 euros. Me pidieron todos los papeles, los cuales presenté, y me dijeron que debía pagar un impuesto a electrónicos equivalente al 50% de su valor. Expliqué que la PC era mi herramienta de trabajo, pero no hubo caso. Después me pidieron 800 dólares en concepto de nacionalización. No los tenía, así que decidí dejarla en depósito. Me entregaron un recibo que presenté el 17 de enero, fecha en que retornaba a Italia. En la Aduana entregué el recibo. Luego de dos horas, apareció un "agente de Aduanas". Me dijo que, sí o sí, debía pagar un impuesto a la nacionalización de la PC. ¿Qué nacionalización si la PC no había ingresado al país? Ante mi firme oposición, me hicieron firmar un libro de "conforme de retiro de objetos". El agente de Aduanas me mostró mi PC, me llevó a un bar del aeropuerto de Ezeiza y me pidió una "colaboración para su jefe". Ante esta presión, a dos horas de la partida, saqué un billete de 10 euros, pero él me pidió entonces unos 150 dólares. No podía creer lo que escuchaba. Así que terminé sacando los únicos 66 euros que me quedaban para llegar a Italia y pude recuperar mi PC. ¿Alguien controla a esta mafia que a su vez controla Aduanas? ¿A cuántas personas chantajearán por día? ¿Cuándo habrá leyes claras y personas honestas que protejan al país de semejantes mafiosos? Lamentablemente no creo que retorne a Argentina. Bueno, por lo menos no por Ezeiza.

Marcelo Orfali
marceloorfali@tiscali.it

CONCEJALES
La ordenanza 1.274 de Yerba Buena establece el carácter no remunerativo de la función de los ediles. Las razones apuntan a bajar el déficit operativo que generó en anteriores gestiones el ingreso de los concejales, nombramientos de empleados a cargo de cada representante. La disposición pone en el tapete una cuestión central de la representación popular pero, a mi entender, no ataca la cuestión de fondo de la deslegitimación que sufrió esta en los últimos años de democracia. En el caso de los Concejos Deliberantes se expresó en la falta de autonomía municipal (art. 123 de la Constitución nacional); los cuerpos se encuentran atados a mayorías automáticas que simplemente negociaban en una especie de toma y daca con el Ejecutivo, sin la potestad de destitución del intendente. La norma creada es un llamado de atención contra el despilfarro de los fondos públicos pero es también un castigo, porque por una hora que se trabaje es justo que se perciba una remuneración. De otra forma el representante se las va a ingeniar para distraer parte del salario del empleado a su cargo o directamente, para trabar las leyes fundamentales que remita el Ejecutivo para hacer valer su función. La cuestión habilita un rico debate, para que la norma creada por el interventor no sea meramente formal o caiga en saco roto cuando un nuevo intendente la derogue. Es necesario atacar las causas del desprestigio que generaron las instituciones, y permitir la discusión pública de los presupuestos municipales y el nacimiento de municipios autónomos. Convocar a elecciones de estatuyentes municipales que establezcan libremente el funcionamiento del primer territorio de los vecinos. Allí hasta se podrá establecer que también los intendentes y jueces de faltas sean ad honorem o, lo que sería más justo, que perciban un salario promedio de un trabajador argentino.

Bernardo Lobo Bugeau
belebe61@yahoo.com.ar

CAMBIO MORAL
La impunidad con la que cuentan los gobernantes en Tucumán, en sucesivos turnos de gobiernos, para llevar adelante sus atropellos es la causa de que seamos una provincia empobrecida y sin políticas productivas que sean alentadas por el Estado. Cuando desde la gestión de gobierno prevalece el deseo de ser impunes, la Provincia pierde por dos razones: por los dineros públicos que se sustraen y porque están abocados en esa faena, con el complemento del constante reparto del poder; se deja de gobernar y el Estado deja de tener presencia, empobreciendo material y espiritualmente a Tucumán. En el caso de los niños muertos, el Gobierno recién se enteró cuando ya había desbordado; y en el caso del veto del azúcar, cuando ya estaba todo consumado. La población debe ser consciente de que en un próximo turno de gobierno la impunidad seguirá siendo igual a la actual. ¿Hay alguien en Tucumán, de entre quienes se reparten el poder, que tenga una aproximación a un cambio moral? Si la sociedad tucumana no sale de su adormecida decadencia, con una participación exigente, todos estos cebados pervertidos tendrían que ser destituidos, hacerlos pagar por el daño patrimonial que produjeron y castigarlos con la cárcel en los casos en que sean merecedores.

Carlos Alberto del Pino
Laprida 642
S. M. de Tucumán