“El escándalo del pago en negro a centenares de trabajadores en la Municipalidad de Las Talitas es posible porque los organismos de control del Estado, directamente, no cumplen con sus deberes”. El que acusa es el legislador José Cano. El radical funda sus conceptos en el hecho de que denunció públicamente, el año pasado, que había irregularidades en el pago al personal en la administración del oeste provincial.
El opositor envió, el 6 de junio de 2007, sendas notas al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la delegación tucumana de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-. En ellas informó que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Las Talitas había denunciado que había unas 400 personas que percibían remuneraciones en la municipalidad, sin beneficio previsional alguno.
El parlamentario manifestó, en esos documentos, que esa situación representaba una infracción a las normas previsionales vigentes, y que implicaban, presuntamente, evasión impositiva y defraudación al fisco.
En ambas presentaciones, Cano adjuntó copias de la planilla de personal de Las Talitas, correspondiente a marzo de 2007. En ellas aparece Pedro Nolasco Luna, con una asignación mensual de $ 320. Este vecino demandó judicialmente a la Municipalidad, porque afirma que fue designado sin su autorización. Sostiene que, aunque certificaron que durante cuatro años percibió ingresos, jamás cobró esos haberes. (Ver “El hermano...”)
Ante el Poder Ejecutivo
La denuncia que Cano mencionaba en sus presentanciones ante la AFIP y el Tribunal de Cuentas había sido efectuada por el SOEM de Las Talitas el 26 de marzo de 2007 ante la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que entonces presidía el radical. En ella, Alberto Carrizo, Enrique Imperio Rojas y Antonio Héctor López, como sindicalistas, manifestaban su preocupación por la “dramática situación” que vivían unos 400 compañeros suyos. “Perciben sumas irrisorias con el discriminatorio mote de suma fija”, alertaron.
Esa presentación gremial a la Legislatura ocurría una semana después de la que Carrizo y López habían efectuado ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en la que se demandaba el inmediato blanqueo de los municipales que cobraban la “suma fija”.
Unicato y disfunciones
“Después de todo eso, pasó nada. Personalmente denuncié todas estas irregularidades en el recinto de sesiones. Sin embargo, ni un sólo fiscal de esta provincia inició actuaciones de oficio”, condenó Canó, en diálogo con LA GACETA.
“Esta denuncia coincidió con el lanzamiento, por parte del gobernador (José Alperovich), de un plan de multas contra empresas, comercios y casas de familia, en nombre de combatir el trabajo en negro. Si el Tribunal de Cuentas hubiera hecho algo, por mínimo que fuera, esto se podría haber frenado. Pero parece que no les interesó”, cuestionó.
“Tampoco la Secretaría de Trabajo movió un dedo, a pesar de que su titular (Roberto Jiménez) vive hablando de que defiende los derechos de los trabajadores. Y él conocía perfectamente la barbaridad que estaban haciendo nada menos que una Municipalidad”, condenó.
“Las víctimas de estos manejos deleznables son tucumanos vulnerables, impedidos muchas veces de exigir el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Son muchos de los pobres en nombre de quienes el oficialismo se rasga las vestiduras en sus discursos”, contrastó Cano.
“Hay unicato porque los órganos de control no andan”, concluyó.
