La paradisíaca Villa de los Ingleses, en El Cadillal, se transformó durante unas horas en un infierno.
Los ocupantes de las viviendas, en un intento por evitar su desalojo, prendieron fuego a dos de las nueve casas que fueron construidas durante los años 60. La Policía aprehendió a tres hombres que están acusados de daño intencional.
Un lujoso complejo
El complejo habitacional fue construido durante la gobernación de Celestino Gelsi (1958-1962) y allí residieron los profesionales ingleses que dirigieron la construcción del dique El Cadillal. Los lugareños, desde esos tiempos, bautizaron el lugar como barrio o "Villa de Los Ingleses".
Cuando culminó la obra, los extránjeros regresaron a su país de origen y las lujosas casas quedaron deshabitadadas. Después pasaron a manos la Legislatura tucumana hasta que, durante la gestión de Ramón Ortega (1991-1995), la Cámara entregó ese predio a la Asociación del Personal Legislativo (APL). El gremio, según el convenio al que arribó para hacerse cargo de la Villa, debía reacondicionar los nueve chalets para su explotación durante 20 años. Sin embargo, la ocupación de algunas de las viviendas truncó el proyecto, y los sindicalistas iniciaron un juicio para que los ocupantes ilegales abandonaran las propiedades.
Se cumplió el plazo
El lunes 11 de agosto, la jueza VII de Documentos y Locaciones, Ana Cecilia Pizzicanella Blasi, emitió dictamen en favor de APL y dio plazo hasta ayer a las 10 para que Carlos Alberto Rodríguez, el sindicalista Juan Jesús Soria, Raul César Bertini, Oscar Garay y otras tres personas, entre las que se encontraría el actual comisionado rural de El Cadillal, Carlos Bonano, abandonaran las residencias.
Cerca de las 8, un grupo de más de 50 efectivos policiales, al mando de los comisarios Omar Brandán, Ramón Carrillo, Edgard Monteros y Víctor Pacheco, fueron hasta el lugar para verificar que se cumpliera la medida judicial. Pero en el trayecto del camino que nace al frente de la planta potabilizadora de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) de Punta de Las Lanzas y que culmina en la Villa de los Ingleses, se encontraron con varias pruebas de que no sería sencillo desalojar a los ocupantes de las casas.
Colgado de una rama de un árbol, los uniformados se encontraron con un amenazante cartel: "a la Policía de Tucumán: sepan disculpar, defenderemos nuestras viviendas con la drástica desición (sic) de matar o morir". Más adelante, los efectivos tuvieron que quitar un árbol cortado que obstruía el camino que lleva al lugar.
Armas en las casas
Cuando estaban a escasos metros del predio, descubrieron que a las dos viviendas que estaban deshabitadas les habían prendido fuego. Debido al siniestro tuvieron que intervenir los Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo. Por el incidente, fueron aprehendidas tres personas: Sergio Oscar Gutiérrez, Edgardo Valdez y Nicolás, hijo de este último. En la casa de estos últimos se secuestraron varias bombas molotov que no habían sido utilizadas. En la casa de Soria incautaron una granada FMK2.
Cuando regresó la calma, los efectivos policiales pudieron ingresar a las viviendas para desocuparlas. "Más allá de ese incidente (el incendio de dos casas), se cumplió con la orden judicial. Sólo una de las viviendas quedó habitada, puesto que allí había una persona enferma. La emplazaron para que se retirara", explicó el comisario López.
Los ocupantes de las viviendas, en un intento por evitar su desalojo, prendieron fuego a dos de las nueve casas que fueron construidas durante los años 60. La Policía aprehendió a tres hombres que están acusados de daño intencional.
Un lujoso complejo
El complejo habitacional fue construido durante la gobernación de Celestino Gelsi (1958-1962) y allí residieron los profesionales ingleses que dirigieron la construcción del dique El Cadillal. Los lugareños, desde esos tiempos, bautizaron el lugar como barrio o "Villa de Los Ingleses".
Cuando culminó la obra, los extránjeros regresaron a su país de origen y las lujosas casas quedaron deshabitadadas. Después pasaron a manos la Legislatura tucumana hasta que, durante la gestión de Ramón Ortega (1991-1995), la Cámara entregó ese predio a la Asociación del Personal Legislativo (APL). El gremio, según el convenio al que arribó para hacerse cargo de la Villa, debía reacondicionar los nueve chalets para su explotación durante 20 años. Sin embargo, la ocupación de algunas de las viviendas truncó el proyecto, y los sindicalistas iniciaron un juicio para que los ocupantes ilegales abandonaran las propiedades.
Se cumplió el plazo
El lunes 11 de agosto, la jueza VII de Documentos y Locaciones, Ana Cecilia Pizzicanella Blasi, emitió dictamen en favor de APL y dio plazo hasta ayer a las 10 para que Carlos Alberto Rodríguez, el sindicalista Juan Jesús Soria, Raul César Bertini, Oscar Garay y otras tres personas, entre las que se encontraría el actual comisionado rural de El Cadillal, Carlos Bonano, abandonaran las residencias.
Cerca de las 8, un grupo de más de 50 efectivos policiales, al mando de los comisarios Omar Brandán, Ramón Carrillo, Edgard Monteros y Víctor Pacheco, fueron hasta el lugar para verificar que se cumpliera la medida judicial. Pero en el trayecto del camino que nace al frente de la planta potabilizadora de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) de Punta de Las Lanzas y que culmina en la Villa de los Ingleses, se encontraron con varias pruebas de que no sería sencillo desalojar a los ocupantes de las casas.
Colgado de una rama de un árbol, los uniformados se encontraron con un amenazante cartel: "a la Policía de Tucumán: sepan disculpar, defenderemos nuestras viviendas con la drástica desición (sic) de matar o morir". Más adelante, los efectivos tuvieron que quitar un árbol cortado que obstruía el camino que lleva al lugar.
Armas en las casas
Cuando estaban a escasos metros del predio, descubrieron que a las dos viviendas que estaban deshabitadas les habían prendido fuego. Debido al siniestro tuvieron que intervenir los Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo. Por el incidente, fueron aprehendidas tres personas: Sergio Oscar Gutiérrez, Edgardo Valdez y Nicolás, hijo de este último. En la casa de estos últimos se secuestraron varias bombas molotov que no habían sido utilizadas. En la casa de Soria incautaron una granada FMK2.
Cuando regresó la calma, los efectivos policiales pudieron ingresar a las viviendas para desocuparlas. "Más allá de ese incidente (el incendio de dos casas), se cumplió con la orden judicial. Sólo una de las viviendas quedó habitada, puesto que allí había una persona enferma. La emplazaron para que se retirara", explicó el comisario López.









