Autocontradictoria, dogmática y portadora de un excesivo ritualismo. Estos adjetivos utilizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dejar sin efecto la sentencia por medio de la cual el alto tribunal tucumano había concluido que la acción de amparo no era la idónea para analizar si fueron violados derechos de Alicia Freidenberg durante el juicio político que, en enero de 2006, terminó con su destitución. Ahora, la Corte de la Provincia deberá tratar el fondo de la cuestión y decidir si corresponde restituirla en el cargo de vocal de la Sala VI de la Cámara Penal.
Freidenberg sostiene que fue destituida por el contenido de sus decisiones como magistrada, lo que afecta la independencia de la Justicia, garantizada por la Constitución nacional. "El excesivo ritualismo del que hizo gala la sentencia (tucumana), al omitir el tratamiento de las cuestiones constitucionales planteadas -de indudable competencia para el tribunal de provincia-, choca frontalmente con el deber de asegurar la administración de Justicia". Esto manifestaron -en el voto de la mayoría- Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Edgardo Fagioli (reemplazó a Eugenio Zaffaroni). En cambio, en minoría, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay consideraron que correspondía rechazar la queja -por recurso extraordinario denegado- que había deducido Freidenberg, dado que no cuestionaba una sentencia definitiva.
Peligro institucional
Por dogmatismo -insistió la posición de la mayoría-, la Corte tucumana determinó que, en virtud de la magnitud del asunto por resolver, Freidenberg debía recurrir a un proceso ordinario (no al de amparo). "Las dilaciones a la que conduciría el sometimiento de la cuestión planteada a las vías procesales ordinarias, frente a las contundentes y concretas impugnaciones efectuadas por la recurrente, dejarían en la indefinición el ejercicio de tan trascendentes funciones (las que cumplía como jueza) durante un tiempo prolongado, quedando interrumpido el funcionamiento regular de las instituciones, cuyo goce efectivo garantiza el gobierno federal", puede leerse en el fallo.
Freidenberg está muy contenta por la resolución. "Además de ser una alegría personal y familiar, es un triunfo de la Justicia argentina. Cargué sobre mi espalda una cuestión totalmente política y arbitraria, algo inédito en los anales de la jurisprudencia mundial. Fue un desgaste muy grande, pero como siempre confié en la Justicia, a la que dediqué toda mi vida, no fue en vano. Jamás permitiré que nada ni nadie empañe en lo más mínimo lo mejor que me legaron mis mayores: los principios, la conducta y el nombre que llevo con orgullo", aseguró a LA GACETA.
La abogada está convencida de que debe ser repuesta en el cargo. "Siempre creí que nunca debían haberme destituido, porque se inventó una causa para atentar contra el Poder Judicial. Sólo fui un chivo expiatorio, porque podría haber sido esta u otra causa para cumplir con el plan de desprestigiar a la Justicia", afirmó.
La ex jueza debió afrontar el juicio político por una autorización que concedió a Alberto Tolosa, condenado a prisión perpetua por el asesinato del remisero Luis Cisterna, que se fugó en agosto de 2005, aunque aquel luego fue capturado en febrero de 2006.
Freidenberg sostiene que fue destituida por el contenido de sus decisiones como magistrada, lo que afecta la independencia de la Justicia, garantizada por la Constitución nacional. "El excesivo ritualismo del que hizo gala la sentencia (tucumana), al omitir el tratamiento de las cuestiones constitucionales planteadas -de indudable competencia para el tribunal de provincia-, choca frontalmente con el deber de asegurar la administración de Justicia". Esto manifestaron -en el voto de la mayoría- Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Edgardo Fagioli (reemplazó a Eugenio Zaffaroni). En cambio, en minoría, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay consideraron que correspondía rechazar la queja -por recurso extraordinario denegado- que había deducido Freidenberg, dado que no cuestionaba una sentencia definitiva.
Peligro institucional
Por dogmatismo -insistió la posición de la mayoría-, la Corte tucumana determinó que, en virtud de la magnitud del asunto por resolver, Freidenberg debía recurrir a un proceso ordinario (no al de amparo). "Las dilaciones a la que conduciría el sometimiento de la cuestión planteada a las vías procesales ordinarias, frente a las contundentes y concretas impugnaciones efectuadas por la recurrente, dejarían en la indefinición el ejercicio de tan trascendentes funciones (las que cumplía como jueza) durante un tiempo prolongado, quedando interrumpido el funcionamiento regular de las instituciones, cuyo goce efectivo garantiza el gobierno federal", puede leerse en el fallo.
Freidenberg está muy contenta por la resolución. "Además de ser una alegría personal y familiar, es un triunfo de la Justicia argentina. Cargué sobre mi espalda una cuestión totalmente política y arbitraria, algo inédito en los anales de la jurisprudencia mundial. Fue un desgaste muy grande, pero como siempre confié en la Justicia, a la que dediqué toda mi vida, no fue en vano. Jamás permitiré que nada ni nadie empañe en lo más mínimo lo mejor que me legaron mis mayores: los principios, la conducta y el nombre que llevo con orgullo", aseguró a LA GACETA.
La abogada está convencida de que debe ser repuesta en el cargo. "Siempre creí que nunca debían haberme destituido, porque se inventó una causa para atentar contra el Poder Judicial. Sólo fui un chivo expiatorio, porque podría haber sido esta u otra causa para cumplir con el plan de desprestigiar a la Justicia", afirmó.
La ex jueza debió afrontar el juicio político por una autorización que concedió a Alberto Tolosa, condenado a prisión perpetua por el asesinato del remisero Luis Cisterna, que se fugó en agosto de 2005, aunque aquel luego fue capturado en febrero de 2006.







