El Gobierno sacó a la venta 27 inmuebles de Yerba Buena

En total, 27 inmuebles de Yerba Buena serán puestos en venta por el Ejecutivo provincial. Con lo que se recaude, comprarán equipamiento y maquinaria vial.
La masiva enajenación fue dispuesta por el gobernador, José Alperovich, a través del decreto acuerdo 56/3. Este instrumento autoriza al Ejecutivo a desprenderse de esas propiedades mediante licitación pública.
"La adquisición de equipamiento y maquinarias viales resulta necesaria y urgente para emprender nuevas obras y culminar las pendientes", se justifica en los considerandos.

Cambio de régimen
Para ser puestos en venta, el Gobierno dispuso, en el marco del decreto 56/3, que las 27 propiedades sean desafectadas del programa Activo por Activo. Precisamente, habían sido inscriptas en ese régimen -creado por la ley 7.142- en mayo de 2006.
En esa oportunidad, fueron 33 los lotes afectados. La Dirección de Catastro les había fijado una valuación fiscal mínima que, en total, alcanzaba los $ 2 millones.
Entonces, el titular de Catastro, Félix Herrero, advirtió por nota al Ministerio de Economía que los predios no tenían destino específico, que estaban desocupados y librados al uso público y que era imposible asignar custodios para evitar usurpaciones.
Ahora, los inmuebles son desafectados del "Sistema Alternativo de Pago de Infraestructura Pública" para que con los fondos que se obtengan de la venta se compren vehículos y equipamiento para obras viales.
El Activo por Activo también permitía desprenderse de propiedades pero, a cambio, el Gobierno recibía, por ejemplo, obras por parte del adquiriente. Es decir -y como el nombre del sistema indica-, se permutaba un activo por otro activo.
De hecho, la Ley 7.142 nació de un proyecto de Alperovich, cuando era ministro de Economía de la gestión de Julio Miranda. Desde ese Gobierno se defendía la norma consignando que alentaba la actividad económica sin descapitalizar al Estado, que sólo canjeaba activos y, por tanto, no los perdía.

Silencio legislativo
El decreto 56/3 fue refrendado el 31 de julio pasado y remitido al día siguiente a la Legislatura. El lunes 1 de setiembre se cumplirán los 20 días hábiles de plazo, desde su comunicación, para que la Legislatura lo trate.
Si no es debatida, la medida queda firme. Y, aparentemente, eso ocurrirá. Fuentes oficiales de la Cámara confirmaron a LA GACETA que, en principio, no habrá sesión durante agosto. De hecho, la deliberación prevista para el próximo jueves (día de tablas) fue suspendida. Ese día, el bloque Tucumán Crece se reunirá para recibir al titular del Ente Tucumán Turismo, Bernardo Racedo Aragón, quien presentará un informe de gestión.