El funcionamiento de la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado seguirá en debate en la órbita de la Justicia. La Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán dedujo un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz. El magistrado no hizo lugar a una acción de amparo colectivo impulsada con la finalidad de que se clausurara el predio y se cancelara el permiso ambiental concedido por el Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente (CPEA) a la empresa Servicios y Construcciones La Banda, al considerar que contamina el medio ambiente.
El planteo, firmado por el abogado Javier Navarro Muruaga, busca que intervenga la Cámara en lo Civil y Comercial Común. En el escrito se objetan varios puntos de la sentencia. "El juez ignoró la crítica situación de los vecinos de Pacará Pintado, a quienes ni menciona en su fallo", cuestionó el secretario de la federación promotora de la acción, Juan Manuel Prado Iratchet. "Ni siquiera menciona los reiterados incumplimientos de la empresa; en particular, las condiciones, jamás cumplidas, que se le exigieron por medio de la resolución Nº 140 para darle un apto ambiental condicionado en 2005. Es una sentencia incogruente, arbitraria y contradictoria", agregó.
Los ambientalistas plantean que el juez Aráoz concluyó "erróneamente" en que, al contar con un certificado de aptitud ambiental expedido por la autoridad administrativa (el Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente), no se configura el daño o la amenaza al medio ambiente. "Y ello constituye subjetivismo puro", aseveraron.
Paralelamente, cuestionaron algunos de los términos utilizados por el magistrado. "Que la planta de Pacará Pintado es una ?planta modelo? es un verdadero dislate", dijeron. E incluyeron en sus críticas a la demora de la Provincia en habilitar un predio adecuado para el tratamiento de la basura del Gran San Miguel de Tucumán. "Desde el cierre de Los Vázquez y la habilitación temporal de Pacará Pintado para recibir 600 toneladas diarias de residuos han transcurrido más de cuatro años; y ya en aquel momento se invocaba el ?mayor daño? que se podía causar si no se habilitaba el predio", concluyeron.
El planteo, firmado por el abogado Javier Navarro Muruaga, busca que intervenga la Cámara en lo Civil y Comercial Común. En el escrito se objetan varios puntos de la sentencia. "El juez ignoró la crítica situación de los vecinos de Pacará Pintado, a quienes ni menciona en su fallo", cuestionó el secretario de la federación promotora de la acción, Juan Manuel Prado Iratchet. "Ni siquiera menciona los reiterados incumplimientos de la empresa; en particular, las condiciones, jamás cumplidas, que se le exigieron por medio de la resolución Nº 140 para darle un apto ambiental condicionado en 2005. Es una sentencia incogruente, arbitraria y contradictoria", agregó.
Los ambientalistas plantean que el juez Aráoz concluyó "erróneamente" en que, al contar con un certificado de aptitud ambiental expedido por la autoridad administrativa (el Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente), no se configura el daño o la amenaza al medio ambiente. "Y ello constituye subjetivismo puro", aseveraron.
Paralelamente, cuestionaron algunos de los términos utilizados por el magistrado. "Que la planta de Pacará Pintado es una ?planta modelo? es un verdadero dislate", dijeron. E incluyeron en sus críticas a la demora de la Provincia en habilitar un predio adecuado para el tratamiento de la basura del Gran San Miguel de Tucumán. "Desde el cierre de Los Vázquez y la habilitación temporal de Pacará Pintado para recibir 600 toneladas diarias de residuos han transcurrido más de cuatro años; y ya en aquel momento se invocaba el ?mayor daño? que se podía causar si no se habilitaba el predio", concluyeron.







