Por Redacción Política
31 Julio 2008
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Causa: "Vargas Aignasse Guillermo S/Secuestro y Desaparición".- Expte. V - 03/08.-
San Miguel de Tucumán, 30 de Julio de 2.008.-
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver la incidencia en torno al informe pericial obligatorio previsto en el Art. 78 del C.P.P.N., y
CONSIDERANDO:
Que mediante presentación de fecha 12 de junio de 2008, obrante a fs. 5297, el Sr. Fiscal General, Dr. Alfredo Francisco Miguel Terraf, solicita se dé cumplimiento con lo establecido en el artículo 78 del C.P.P.N., lo que así se dispuso a fs. 5298.-
Que a fs. 5522/5529 obra informe de fecha 18 de julio de 2008, respecto del examen realizado al imputado por el Sr. Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Dr. Raúl Antonio Asial, junto con los profesionales pertenecientes al Hospital Ángel C. Padilla, Alejandra Molteni, neuróloga; Ada Elsa Bini, psiquiatra y Consuelo Muñoz, psicóloga.- Asimismo, como peritos de parte intervinieron los Dres. Hernán Antonio Mena y Martín Wilde, en el que dictaminan que el imputado? "1) presenta un síndrome depresivo mayor de grado moderado y carácter crónico asociado a deterioro neurocognitivo (deterioro intelectual) de grado moderado y carácter irreversible; y 2) no se encuentra en condiciones de participar o entender plenamente los actos jurídicos esenciales en que es requerida su presencia".-
A fs. 5532 se presenta el Sr. Fiscal General y cuestiona el mentado informe por entender que sus conclusiones resultan excesivas, en tanto de las motivaciones no surgen impedimentos psíquicos para comprender las imputaciones mientras que en la conclusión se dictamina la no
comprensión de los actos, por lo que requiere se cite a peritos del Cuerpo Médico Forense de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que informen si el imputado Bussi se encuentra en condiciones mentales de participar en la audiencia de debate.-
El Tribunal acoge dicho pedido mediante resolución obrante a fs. 5533, requiriéndose a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación la designación de profesionales del Cuerpo Médico Forense a tal fin.- Contra dicha resolución, la Sra. Defensora Pública Oficial Subrogante, Dra. Silvia Amalina Assaf, plantea recurso de reposición en fecha 23 de julio de 2008 (fs. 5547), el que es desestimado por improcedente en fecha 24 de julio de 2008 (resolución obrante a fs. 5568/5569).-
Asimismo, en sus presentaciones de fecha 08 de Julio de 2.008 (fs. 5419), 21 de Julio de 2.008 (fs. 5539) y 23 de Julio de 2.008 (f. 5556) la defensa solicitó el aplazamiento de la audiencia de debate oral, lo que en su oportunidad fue desestimado por el Tribunal.-
A fs. 5716/5717, se agrega el informe médico realizado en fecha 29 de julio de 2008, por el Dr. Marcelo Gustavo Rudelir, Médico Forense de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en presencia del perito de parte, Dr. Héctor Warnes.- Allí, el perito concluye que Antonio Domingo Bussi: " ?presenta al momento del examen una afección que reviste la forma clínica de estado depresivo de tipo reactivo, y secundario a enfermedad médica.- Al momento actual se encuentra en condiciones de comprender el alcance de la imputación que se le efectúa.- Cabe agregar que dicha capacidad de comprensión se encuentra a la vez incorporada a un psiquismo previo.- La alteración que presenta podría condicionar pero no necesariamente impedir su capacidad de defensa en juicio".
Puesto el Tribunal en el análisis de la cuestión, se advierte que el tema a resolver es si el imputado Bussi goza de la capacidad procesal suficiente para que intervenga en el carácter de tal, en la audiencia de debate oral y pública, en virtud de los hechos investigados en la presente causa, para lo cual este Tribunal ponderará ambos informes.-
Al respecto, cabe reeditar los fundamentos expresados por el Tribunal en el decisorio de fecha 24 de Julio de 2008, en oportunidad de valorar el informe del día 18 de Julio pasado en el que, sin realizar consideraciones científicas asociadas con las ciencias de la salud, se advirtió que, si bien la conclusión vertida por los profesionales intervinientes en la pericia era unánime, no se podía predicar lo mismo de sus fundamentos.- Se advirtió que, quizás, por no ser técnicos en derecho, al emplearse en el informe razonamientos peculiares que, prima facie, no se condicen con las conclusiones a las que arriba, las premisas de donde parte resultarían contradictorias entre sí.-
Como ya lo dijo este Tribunal, expresiones tales como "paciente que se presenta con leve disminución de la lucidez", o "el contenido de su pensamiento está levemente disminuido?", "?queda en el diagnóstico la duda sobre si la naturaleza de esta manifestación responde a razones orgánicas o a una resistencia a afrontar la situación actual", o manifestaciones en el examen psicológico: "pudimos apreciar un discurso lógico, correspondiente a la realidad?" , "...con leve disminución de su lucidez,... se observa una dificultad leve en su capacidad de mantener la atención y la concentración", entre otras, no se condicen con la contundencia de la conclusión final, que establece: "? No se encuentra en condiciones mentales de participar o entender plenamente los actos jurídicos esenciales en que es requerida su presencia".-
Esta conclusión, que por lo demás no se circunscribe a lo prescripto por el artículo 78 del C.P.P.N. ?realización de un examen psiquiátrico fundado en, por un lado, la gravedad de la pena amenazada y por el otro, en el hecho de que se trata de un imputado mayor de setenta años- en cuanto avanza en cuestiones asociadas con la determinación de la imputabilidad o inimputabilidad penal, zona reservada a la apreciación judicial exclusiva, conforme las reglas de la sana crítica racional.-
El argumento por el cual los médicos arguyen que el imputado está incapacitado, es rebatido por las reglas de la experiencia común ya que prácticamente no existe persona que no vea debilitada su estructura "yoica" al ser sometida a un proceso por la mera potestad de la ley por encima de su voluntad.-
Ahora bien, cabe destacar que todo dictamen pericial debe ser fundado, de manera tal que sus conclusiones constituyan razonablemente una lógica derivación de sus premisas, de lo contrario dicho informe, al igual que las manifestaciones del testigo que no brinda razones suficientes que permitan prima facie considerar consistentes sus dichos, no corresponde que sean tomados como debidamente fundados.- De ello surge la obligación legal del juzgador de apreciar el dictamen pericial in totum y, si en esa tarea se advierte una contradicción entre las premisas y las conclusiones o un significativo alejamiento del objeto pericial, el dictamen deviene en el caso inhábil para brindar al Tribunal que lo requirió el aporte técnico necesario y preciso en la materia del conocimiento, en este caso médico.-
En tal supuesto corresponde al juzgador solicitar una nueva pericia para traer a su órbita aquellos conocimientos técnicos que le permitan arribar a una decisión que se encuentre razonablemente fundada, ya que las nociones que brindaron los expertos en el informe aludido, no pueden ser sustituidas por el órgano judicial.-
Es que las reglas de la sana crítica, o sea las que emergen según las antiguas y vigentes palabras de Couture -"las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia" - deben ser aplicadas en esa síntesis de lógica y experiencia que se legitima cuando puede exhibir un grado de razonabilidad.- Tal la exégesis y manda expresa de los Arts. 263 inc. 4, 241 y 398, 2º párrafo del digesto procesal vigente.-
Ello, desde que las normas del orden jurídico no permiten recepciones parciales, criterios encontrados, sino una interpretación armónica y conforme a los principios generales del derecho, una de cuyas bases es precisamente el principio de razonabilidad.- Su contratara, el déficit de esta regla, torna arbitraria la decisión que se origine de esa manera.- En esa misma línea de pensamiento, el informe debe servir al juez para fundar sus decisiones y si no le es útil, por la falta de fundamentación adecuada a sus conclusiones, debe solicitar otro, ya que el juzgador no posee los conocimientos técnicos apropiados para decidir, como ya se destacó.-
Frente a las observaciones formuladas por el Sr. Fiscal General, fundadas en las aludidas contradicciones del informe de fs. 5522/5529, el Tribunal resolvió y en consecuencia solicitó un nuevo informe al Cuerpo Médico Forense de la Corte de la Nación, originándose así la intervención del Dr. Marcelo Gustavo Rudelir, quien produjo un dictamen cuyas conclusiones difieren sustancialmente del anterior.- Frente a ello el Tribunal debe decidir cual de los informes periciales brinda los mayores elementos para fundar una decisión apropiada.
Que analizada la habilidad de los profesionales intervinientes en los informes de fs. 5512/19 y 5716/5717, resulta que ambos dictámenes han sido realizados con la presencia de un médico forense, profesional que reúne las destrezas y experiencia requeridas para el ejercicio de la tarea.- Así la medicina forense, encierra un saber específico que permite acercar a las tan diferentes ciencias de la medicina y el derecho en áreas particulares.-
El valor procesal de cada uno de ellos, debe analizarse por separado, ya que es el juez -según sostiene desde antiguo nuestra doctrina y jurisprudencia-, quien debe efectuar el juicio valorativo normativo para la determinación de las consecuencias jurídicas de los informes periciales que se le han presentado.-
Las dificultades son sin duda mayores cuando, como en el caso que nos ocupa, se han obtenido conclusiones antagónicas, sin embargo en la especie, y como se señala ut supra, al resolver la revocatoria ya se ha referido este tribunal a las contradicciones del primero.- En cambio, a criterio de este Tribunal, las afirmaciones del dictamen del perito Marcelo Gustavo Rudelir revelan un desarrollo razonado, lógico y coherente de adecuada claridad y precisión en lo requerido por el art. 78 del C.P.P.N..- De tal manera se entiende que devela con acertada coherencia lógica la explicación referida al diagnóstico que informa, lo que permite a este Tribunal tener por cumplido el examen del estado mental del imputado Antonio Domingo Bussi para estar en juicio conforme manifiesta la segunda pericia.-
La sencillez y claridad del objetivo de la normativa procesal en relación a este tipo de pericia o examen médico queda de manifiesto en el protocolo de examen clínico forense correspondiente al imputado Luciano Benjamín Menéndez ?fs. 5456-, en el que profesional interviniente hace constar con absoluta simpleza que ha recibido informe directo del entrevistado y que "?la correlación de elementos y/o antedecentes presentes al momento de producirse el hecho, indica que no aparecen limitaciones y/o alteraciones de sus facultades mentales como impedimento de dirigir sus acciones y/o comprender la criminalidad de un acto" Consecuentemente, como resulta evidente, lo que no debe haber es falta de comprensión de sus acciones.-
Para mayor claridad, es menester introducir algunas precisiones conceptuales relacionadas con el alcance de la capacidad procesal que se requiere en el imputado sometido a un proceso penal, así, como enseña Maier: "Una vez supuesta la capacidad general para ser perseguido penalmente, la cuestión versa ahora acerca de las condiciones a reunir por el imputado para la práctica de actos procesales válidos.- Y esa cuestión ha sido resuelta, en principio, de la misma manera con la que el Derecho Civil, supuesto que la persona posee capacidad de hecho ?esto es, aptitud genérica para gobernar y discernir sobre sus intereses (en general y sintéticamente, mayoría de edad civil sin interdicción alguna)-, resuelve la aptitud concreta para llevar a cabo actos jurídicos válidos (por ejemplo un testamento, un contrato de compraventa): por referencia a la capacidad mental del imputado para comprender aquello que hace y para obrar conforme a esa comprensión. ?De ello resulta que es capaz para intervenir en los actos del procedimiento toda persona que posea suficiente aptitud psíquica para comprender el acto que él mismo realiza o que está siendo realizado con su intervención (capacidad intelectiva), para tomar decisiones acerca de su propia intervención en el acto (capacidad de discernimiento) y para llevarlas a cabo (capacidad de obrar o de voluntad).- De tal modo, resulta claro que la ley procesal penal no requiere una aptitud psíquica especial para tomar parte en actos procesales, como lo requiere la ley civil para muchas relaciones de derecho privado, sino, por lo contrario, una madurez y una capacidad mental de menor nivel, que solo se pierde por insuficiencia evidente para comprender la imputación, discernir y obrar en consecuencia.- Ello se comprende si se repara en que la misma ley complementa la capacidad del imputado con la exigencia de que éste sea asistido por un defensor, esto es, por un letrado con título de abogado y autorización para el ejercicio de esa profesión.- En cierta manera, según ya lo tenemos dicho, el defensor debe ser considerado como un complemento de la capacidad del imputado, en el sentido de que sin su auxilio y, a veces, sin su presencia en el acto, resultan inválidos los actos realizados por el imputado en el procedimiento".-
"De manera negativa se puede decir que es incapaz para la realización de un acto procesal? quien carece de aptitud psíquica suficiente para comprender aquello que sucede, para decidir su intervención eventual en él y obrar conforme a esa decisión, pero siempre teniendo en cuenta que, en el acto, interviene un defensor en su favor y, muy especialmente, la tarea que al defensor le toca cumplir en el acto.- Nuestras leyes procesales ?denominan a esta carencia de aptitud psíquica incapacidad sobreviviente, para fijar una diferencia con aquella aptitud para delinquir que se mide en el momento del hecho: se trata, en verdad, de un incapacidad que existe durante el procedimiento de persecución penal para la realización de actos que él requiere, según la regla citada lo reconoce, cualesquiera que sea su origen" (Maier Julio B. J., Derecho Procesal Penal, II Parte General, Editores del Puerto S.R.L., Bs. As. 2004, pag 213 y sgts,).-
Es decir que la enfermedad mental "sobreviniente" a que se refiere el Art. 77 C.P.P.N., se identifica con las enfermedades de la mente que excluyen y no sólo disminuyen la capacidad de entender y querer.- De tal manera que la capacidad procesal para defenderse implica que las condiciones psíquicas requeridas, aun disminuidas, no imposibilitan ni excluyen la misma.-
A mayor abundamiento, del análisis integral del sistema penal, tanto en su faz sustantiva como adjetiva, se observa que la ley va contemplando en distintas oportunidades la influencia que ciertas deficiencias físicas o psíquicas pueden ocasionar en el camino delito ? juzgamiento - pena.- Así, de la lectura del Art. 34 Código Penal y de los Arts. 77, C.P.P.N. y 25 Código Penal, surge en una interpretación sistemática del sistema jurídico penal vigente, que no se pueden crear nuevas categorías de inimputabilidad.- De modo que cualquier extensión vía analogía a nuevas situaciones ?en el caso la ancianidad- solo acarrearía inseguridad jurídica y una notoria afectación a la justicia.- Admitir a la depresión y/o a la ancianidad como una nueva categoría de personas no sometibles a proceso, implicaría crear un tipo al margen de la ley de fondo, lo cual esta vedado para el Juez, provoca a la vez inseguridad jurídica y una notoria desigualdad en cuanto a que se genera un limite difuso entre que incapacidades permiten o no ser sometido a proceso.-
Por lo demás, no existe un límite de imputabilidad por ancianidad, como existe con respecto a la minoridad.- No hay otra posibilidad legalmente contemplada o se es imputable y sometible a proceso porque no existieron ni existen alguna de las enfermedades de la mente que imposibilitan tal situación o no se es imputable.- No existen categorías intermedias.-
Así, a criterio de este Tribunal, de algún modo u otro el imputado Bussi se ha dado, se da y se dará a entender ?con las limitaciones propias de su edad- en defensa de sus intereses en razón de que su desarrollo mental no se encuentra nulo sino solo debilitado, incluso no en los niveles más bajos sino entre moderado y leve.-
El imputado quiere, entiende y por ello actuará y ejercerá sus derechos de imputado, rodeado de un número de herramientas legales predispuestas para complementar su faz defensiva en conjunto con la actuación "técnica" de su abogada defensora, sin que tal debilitado entendimiento o querer implique la ausencia de capacidad para desenvolverse en el proceso penal.-
Además, la existencia de un síndrome depresivo moderado implica en términos médicos que el sistema neurológico funciona.-
Igualmente, su compresión aunque limitada, es la que genera en él la posibilidad de responder penalmente y en consecuencia ser juzgado; rodeando al mismo de todo un marco de personas que neutralizan la limitación que soporta, de modo que su defensa se efectivice del mejor modo posible.- Solo de este modo se conjugan los dos intereses en juego, la defensa del imputado -conforme a nuestro modelo constitucional- por un lado, y el interés y derecho de la sociedad de que quienes supuestamente habrían lesionado los bienes que la misma considera valiosos, habrían desestabilizado las normas jurídicas mediante "actos" que atentan contra su vigencia, sean sometidos a proceso a fin que se determine, de una vez por todas, su situación de culpabilidad mediante una sentencia condenatoria o absolutoria.-
Es preciso resaltar que el debate oral y público previsto en la presente causa, no pretende de ninguna manera constituir un vejamen, un hostigamiento o un desprestigio hacia la persona del imputado Bussi, sino muy por el contrario, supone hacer efectiva la vía jurisdiccional prescripta por la ley para que el mismo pueda hacer uso de la totalidad de los medios que le proporciona el debido proceso, en el marco del cual podrá hacer valer su inocencia o su versión de los hechos; y para el hipotético caso de no establecerse su inocencia, habrá contado con las garantías procesales que le brinda la ley.-
Cualquiera sea la decisión final a la que se arribe luego del juicio, en definitiva se cumple con el imperativo de justicia que garantiza nuestra ley para el logro del bien común y la paz social.- Así, "?el juicio público (debate) es para el imputado una garantía;?" (Maier Julio B. J., ob. cit.).-
En dicho entendimiento, resulta conveniente además, como ya lo venia anticipando el Tribunal en anteriores resoluciones, adoptar las medidas necesarias para resguardar en todo lo que sea posible la salud de los imputados, en especial, la de Antonio Domingo Bussi.- Para deberá requerirse al Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA), para que disponga la presencia de profesionales y elementos sanitarios necesarios durante el desarrollo de la audiencia de debate, atento a los padecimientos señalados por los médicos de cabecera del imputado Bussi (cuadro de respiración de Cheyne Stokes, que determina el uso de ventilación no invasiva; insuficiencia cardiaca congestiva, clase funcional III-IV; fibrilación auricular crónica, estenosis aórtica severa, hipertensión arterial y síndrome depresivo).-
De todas maneras, debe tenerse presente que la vida en sí misma implica riesgo de vida en forma permanente e inevitable.-
En cuanto al planteo de aclaratoria formulado por la defensa a fs. 5731, en relación al informe del Dr. Rudelir, Médico Forense de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal considera que no corresponde hacer lugar a ese planteamiento, atento que el informe aludido resulta suficientemente claro, en el sentido de que el imputado esta en condiciones de comprender la acusación y comparecer en juicio, que es el objeto central del examen previsto en el articulo 78 del C.P.P.N..-
Por lo considerado, encontrándose en uso de licencia la Sra. Jueza de Cámara, Dra. Josefina Curi, se,
RESUELVE:
I) TENER POR REALIZADO el examen mental obligatorio del Art. 78 del C.P.P.N. conforme se considera.-
II) NO HACER LUGAR al recurso de aclaratoria incoado por la defensa de Antonio Domingo Bussi, conforme se considera.-
III) DISPONER LA COMPARENCIA a la audiencia de debate oral y pública del imputado Antonio Domingo Bussi, fijada para el día 5 de agosto de 2008 a hs. 9,30; conforme decreto obrante a fs. 5306, con los resguardos médico-asistenciales que resulten necesarios, conforme se considera.-
IV) REQUIERASE al Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA), a los fines de que provea los profesionales y elementos médicos necesarios, conforme se considera.-
V) PROTOCOLICESE - HAGASE SABER.-
Firman los Dres. Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla ? Presidente ? y Gabriel Eduardo Casas ? Juez de Cámara (Dra. Josefina Curi en uso de licencia), ante el Secretario de Cámara, Mariano García Zavalía.-
San Miguel de Tucumán, 30 de Julio de 2.008.-
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver la incidencia en torno al informe pericial obligatorio previsto en el Art. 78 del C.P.P.N., y
CONSIDERANDO:
Que mediante presentación de fecha 12 de junio de 2008, obrante a fs. 5297, el Sr. Fiscal General, Dr. Alfredo Francisco Miguel Terraf, solicita se dé cumplimiento con lo establecido en el artículo 78 del C.P.P.N., lo que así se dispuso a fs. 5298.-
Que a fs. 5522/5529 obra informe de fecha 18 de julio de 2008, respecto del examen realizado al imputado por el Sr. Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Dr. Raúl Antonio Asial, junto con los profesionales pertenecientes al Hospital Ángel C. Padilla, Alejandra Molteni, neuróloga; Ada Elsa Bini, psiquiatra y Consuelo Muñoz, psicóloga.- Asimismo, como peritos de parte intervinieron los Dres. Hernán Antonio Mena y Martín Wilde, en el que dictaminan que el imputado? "1) presenta un síndrome depresivo mayor de grado moderado y carácter crónico asociado a deterioro neurocognitivo (deterioro intelectual) de grado moderado y carácter irreversible; y 2) no se encuentra en condiciones de participar o entender plenamente los actos jurídicos esenciales en que es requerida su presencia".-
A fs. 5532 se presenta el Sr. Fiscal General y cuestiona el mentado informe por entender que sus conclusiones resultan excesivas, en tanto de las motivaciones no surgen impedimentos psíquicos para comprender las imputaciones mientras que en la conclusión se dictamina la no
comprensión de los actos, por lo que requiere se cite a peritos del Cuerpo Médico Forense de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que informen si el imputado Bussi se encuentra en condiciones mentales de participar en la audiencia de debate.-
El Tribunal acoge dicho pedido mediante resolución obrante a fs. 5533, requiriéndose a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación la designación de profesionales del Cuerpo Médico Forense a tal fin.- Contra dicha resolución, la Sra. Defensora Pública Oficial Subrogante, Dra. Silvia Amalina Assaf, plantea recurso de reposición en fecha 23 de julio de 2008 (fs. 5547), el que es desestimado por improcedente en fecha 24 de julio de 2008 (resolución obrante a fs. 5568/5569).-
Asimismo, en sus presentaciones de fecha 08 de Julio de 2.008 (fs. 5419), 21 de Julio de 2.008 (fs. 5539) y 23 de Julio de 2.008 (f. 5556) la defensa solicitó el aplazamiento de la audiencia de debate oral, lo que en su oportunidad fue desestimado por el Tribunal.-
A fs. 5716/5717, se agrega el informe médico realizado en fecha 29 de julio de 2008, por el Dr. Marcelo Gustavo Rudelir, Médico Forense de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en presencia del perito de parte, Dr. Héctor Warnes.- Allí, el perito concluye que Antonio Domingo Bussi: " ?presenta al momento del examen una afección que reviste la forma clínica de estado depresivo de tipo reactivo, y secundario a enfermedad médica.- Al momento actual se encuentra en condiciones de comprender el alcance de la imputación que se le efectúa.- Cabe agregar que dicha capacidad de comprensión se encuentra a la vez incorporada a un psiquismo previo.- La alteración que presenta podría condicionar pero no necesariamente impedir su capacidad de defensa en juicio".
Puesto el Tribunal en el análisis de la cuestión, se advierte que el tema a resolver es si el imputado Bussi goza de la capacidad procesal suficiente para que intervenga en el carácter de tal, en la audiencia de debate oral y pública, en virtud de los hechos investigados en la presente causa, para lo cual este Tribunal ponderará ambos informes.-
Al respecto, cabe reeditar los fundamentos expresados por el Tribunal en el decisorio de fecha 24 de Julio de 2008, en oportunidad de valorar el informe del día 18 de Julio pasado en el que, sin realizar consideraciones científicas asociadas con las ciencias de la salud, se advirtió que, si bien la conclusión vertida por los profesionales intervinientes en la pericia era unánime, no se podía predicar lo mismo de sus fundamentos.- Se advirtió que, quizás, por no ser técnicos en derecho, al emplearse en el informe razonamientos peculiares que, prima facie, no se condicen con las conclusiones a las que arriba, las premisas de donde parte resultarían contradictorias entre sí.-
Como ya lo dijo este Tribunal, expresiones tales como "paciente que se presenta con leve disminución de la lucidez", o "el contenido de su pensamiento está levemente disminuido?", "?queda en el diagnóstico la duda sobre si la naturaleza de esta manifestación responde a razones orgánicas o a una resistencia a afrontar la situación actual", o manifestaciones en el examen psicológico: "pudimos apreciar un discurso lógico, correspondiente a la realidad?" , "...con leve disminución de su lucidez,... se observa una dificultad leve en su capacidad de mantener la atención y la concentración", entre otras, no se condicen con la contundencia de la conclusión final, que establece: "? No se encuentra en condiciones mentales de participar o entender plenamente los actos jurídicos esenciales en que es requerida su presencia".-
Esta conclusión, que por lo demás no se circunscribe a lo prescripto por el artículo 78 del C.P.P.N. ?realización de un examen psiquiátrico fundado en, por un lado, la gravedad de la pena amenazada y por el otro, en el hecho de que se trata de un imputado mayor de setenta años- en cuanto avanza en cuestiones asociadas con la determinación de la imputabilidad o inimputabilidad penal, zona reservada a la apreciación judicial exclusiva, conforme las reglas de la sana crítica racional.-
El argumento por el cual los médicos arguyen que el imputado está incapacitado, es rebatido por las reglas de la experiencia común ya que prácticamente no existe persona que no vea debilitada su estructura "yoica" al ser sometida a un proceso por la mera potestad de la ley por encima de su voluntad.-
Ahora bien, cabe destacar que todo dictamen pericial debe ser fundado, de manera tal que sus conclusiones constituyan razonablemente una lógica derivación de sus premisas, de lo contrario dicho informe, al igual que las manifestaciones del testigo que no brinda razones suficientes que permitan prima facie considerar consistentes sus dichos, no corresponde que sean tomados como debidamente fundados.- De ello surge la obligación legal del juzgador de apreciar el dictamen pericial in totum y, si en esa tarea se advierte una contradicción entre las premisas y las conclusiones o un significativo alejamiento del objeto pericial, el dictamen deviene en el caso inhábil para brindar al Tribunal que lo requirió el aporte técnico necesario y preciso en la materia del conocimiento, en este caso médico.-
En tal supuesto corresponde al juzgador solicitar una nueva pericia para traer a su órbita aquellos conocimientos técnicos que le permitan arribar a una decisión que se encuentre razonablemente fundada, ya que las nociones que brindaron los expertos en el informe aludido, no pueden ser sustituidas por el órgano judicial.-
Es que las reglas de la sana crítica, o sea las que emergen según las antiguas y vigentes palabras de Couture -"las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia" - deben ser aplicadas en esa síntesis de lógica y experiencia que se legitima cuando puede exhibir un grado de razonabilidad.- Tal la exégesis y manda expresa de los Arts. 263 inc. 4, 241 y 398, 2º párrafo del digesto procesal vigente.-
Ello, desde que las normas del orden jurídico no permiten recepciones parciales, criterios encontrados, sino una interpretación armónica y conforme a los principios generales del derecho, una de cuyas bases es precisamente el principio de razonabilidad.- Su contratara, el déficit de esta regla, torna arbitraria la decisión que se origine de esa manera.- En esa misma línea de pensamiento, el informe debe servir al juez para fundar sus decisiones y si no le es útil, por la falta de fundamentación adecuada a sus conclusiones, debe solicitar otro, ya que el juzgador no posee los conocimientos técnicos apropiados para decidir, como ya se destacó.-
Frente a las observaciones formuladas por el Sr. Fiscal General, fundadas en las aludidas contradicciones del informe de fs. 5522/5529, el Tribunal resolvió y en consecuencia solicitó un nuevo informe al Cuerpo Médico Forense de la Corte de la Nación, originándose así la intervención del Dr. Marcelo Gustavo Rudelir, quien produjo un dictamen cuyas conclusiones difieren sustancialmente del anterior.- Frente a ello el Tribunal debe decidir cual de los informes periciales brinda los mayores elementos para fundar una decisión apropiada.
Que analizada la habilidad de los profesionales intervinientes en los informes de fs. 5512/19 y 5716/5717, resulta que ambos dictámenes han sido realizados con la presencia de un médico forense, profesional que reúne las destrezas y experiencia requeridas para el ejercicio de la tarea.- Así la medicina forense, encierra un saber específico que permite acercar a las tan diferentes ciencias de la medicina y el derecho en áreas particulares.-
El valor procesal de cada uno de ellos, debe analizarse por separado, ya que es el juez -según sostiene desde antiguo nuestra doctrina y jurisprudencia-, quien debe efectuar el juicio valorativo normativo para la determinación de las consecuencias jurídicas de los informes periciales que se le han presentado.-
Las dificultades son sin duda mayores cuando, como en el caso que nos ocupa, se han obtenido conclusiones antagónicas, sin embargo en la especie, y como se señala ut supra, al resolver la revocatoria ya se ha referido este tribunal a las contradicciones del primero.- En cambio, a criterio de este Tribunal, las afirmaciones del dictamen del perito Marcelo Gustavo Rudelir revelan un desarrollo razonado, lógico y coherente de adecuada claridad y precisión en lo requerido por el art. 78 del C.P.P.N..- De tal manera se entiende que devela con acertada coherencia lógica la explicación referida al diagnóstico que informa, lo que permite a este Tribunal tener por cumplido el examen del estado mental del imputado Antonio Domingo Bussi para estar en juicio conforme manifiesta la segunda pericia.-
La sencillez y claridad del objetivo de la normativa procesal en relación a este tipo de pericia o examen médico queda de manifiesto en el protocolo de examen clínico forense correspondiente al imputado Luciano Benjamín Menéndez ?fs. 5456-, en el que profesional interviniente hace constar con absoluta simpleza que ha recibido informe directo del entrevistado y que "?la correlación de elementos y/o antedecentes presentes al momento de producirse el hecho, indica que no aparecen limitaciones y/o alteraciones de sus facultades mentales como impedimento de dirigir sus acciones y/o comprender la criminalidad de un acto" Consecuentemente, como resulta evidente, lo que no debe haber es falta de comprensión de sus acciones.-
Para mayor claridad, es menester introducir algunas precisiones conceptuales relacionadas con el alcance de la capacidad procesal que se requiere en el imputado sometido a un proceso penal, así, como enseña Maier: "Una vez supuesta la capacidad general para ser perseguido penalmente, la cuestión versa ahora acerca de las condiciones a reunir por el imputado para la práctica de actos procesales válidos.- Y esa cuestión ha sido resuelta, en principio, de la misma manera con la que el Derecho Civil, supuesto que la persona posee capacidad de hecho ?esto es, aptitud genérica para gobernar y discernir sobre sus intereses (en general y sintéticamente, mayoría de edad civil sin interdicción alguna)-, resuelve la aptitud concreta para llevar a cabo actos jurídicos válidos (por ejemplo un testamento, un contrato de compraventa): por referencia a la capacidad mental del imputado para comprender aquello que hace y para obrar conforme a esa comprensión. ?De ello resulta que es capaz para intervenir en los actos del procedimiento toda persona que posea suficiente aptitud psíquica para comprender el acto que él mismo realiza o que está siendo realizado con su intervención (capacidad intelectiva), para tomar decisiones acerca de su propia intervención en el acto (capacidad de discernimiento) y para llevarlas a cabo (capacidad de obrar o de voluntad).- De tal modo, resulta claro que la ley procesal penal no requiere una aptitud psíquica especial para tomar parte en actos procesales, como lo requiere la ley civil para muchas relaciones de derecho privado, sino, por lo contrario, una madurez y una capacidad mental de menor nivel, que solo se pierde por insuficiencia evidente para comprender la imputación, discernir y obrar en consecuencia.- Ello se comprende si se repara en que la misma ley complementa la capacidad del imputado con la exigencia de que éste sea asistido por un defensor, esto es, por un letrado con título de abogado y autorización para el ejercicio de esa profesión.- En cierta manera, según ya lo tenemos dicho, el defensor debe ser considerado como un complemento de la capacidad del imputado, en el sentido de que sin su auxilio y, a veces, sin su presencia en el acto, resultan inválidos los actos realizados por el imputado en el procedimiento".-
"De manera negativa se puede decir que es incapaz para la realización de un acto procesal? quien carece de aptitud psíquica suficiente para comprender aquello que sucede, para decidir su intervención eventual en él y obrar conforme a esa decisión, pero siempre teniendo en cuenta que, en el acto, interviene un defensor en su favor y, muy especialmente, la tarea que al defensor le toca cumplir en el acto.- Nuestras leyes procesales ?denominan a esta carencia de aptitud psíquica incapacidad sobreviviente, para fijar una diferencia con aquella aptitud para delinquir que se mide en el momento del hecho: se trata, en verdad, de un incapacidad que existe durante el procedimiento de persecución penal para la realización de actos que él requiere, según la regla citada lo reconoce, cualesquiera que sea su origen" (Maier Julio B. J., Derecho Procesal Penal, II Parte General, Editores del Puerto S.R.L., Bs. As. 2004, pag 213 y sgts,).-
Es decir que la enfermedad mental "sobreviniente" a que se refiere el Art. 77 C.P.P.N., se identifica con las enfermedades de la mente que excluyen y no sólo disminuyen la capacidad de entender y querer.- De tal manera que la capacidad procesal para defenderse implica que las condiciones psíquicas requeridas, aun disminuidas, no imposibilitan ni excluyen la misma.-
A mayor abundamiento, del análisis integral del sistema penal, tanto en su faz sustantiva como adjetiva, se observa que la ley va contemplando en distintas oportunidades la influencia que ciertas deficiencias físicas o psíquicas pueden ocasionar en el camino delito ? juzgamiento - pena.- Así, de la lectura del Art. 34 Código Penal y de los Arts. 77, C.P.P.N. y 25 Código Penal, surge en una interpretación sistemática del sistema jurídico penal vigente, que no se pueden crear nuevas categorías de inimputabilidad.- De modo que cualquier extensión vía analogía a nuevas situaciones ?en el caso la ancianidad- solo acarrearía inseguridad jurídica y una notoria afectación a la justicia.- Admitir a la depresión y/o a la ancianidad como una nueva categoría de personas no sometibles a proceso, implicaría crear un tipo al margen de la ley de fondo, lo cual esta vedado para el Juez, provoca a la vez inseguridad jurídica y una notoria desigualdad en cuanto a que se genera un limite difuso entre que incapacidades permiten o no ser sometido a proceso.-
Por lo demás, no existe un límite de imputabilidad por ancianidad, como existe con respecto a la minoridad.- No hay otra posibilidad legalmente contemplada o se es imputable y sometible a proceso porque no existieron ni existen alguna de las enfermedades de la mente que imposibilitan tal situación o no se es imputable.- No existen categorías intermedias.-
Así, a criterio de este Tribunal, de algún modo u otro el imputado Bussi se ha dado, se da y se dará a entender ?con las limitaciones propias de su edad- en defensa de sus intereses en razón de que su desarrollo mental no se encuentra nulo sino solo debilitado, incluso no en los niveles más bajos sino entre moderado y leve.-
El imputado quiere, entiende y por ello actuará y ejercerá sus derechos de imputado, rodeado de un número de herramientas legales predispuestas para complementar su faz defensiva en conjunto con la actuación "técnica" de su abogada defensora, sin que tal debilitado entendimiento o querer implique la ausencia de capacidad para desenvolverse en el proceso penal.-
Además, la existencia de un síndrome depresivo moderado implica en términos médicos que el sistema neurológico funciona.-
Igualmente, su compresión aunque limitada, es la que genera en él la posibilidad de responder penalmente y en consecuencia ser juzgado; rodeando al mismo de todo un marco de personas que neutralizan la limitación que soporta, de modo que su defensa se efectivice del mejor modo posible.- Solo de este modo se conjugan los dos intereses en juego, la defensa del imputado -conforme a nuestro modelo constitucional- por un lado, y el interés y derecho de la sociedad de que quienes supuestamente habrían lesionado los bienes que la misma considera valiosos, habrían desestabilizado las normas jurídicas mediante "actos" que atentan contra su vigencia, sean sometidos a proceso a fin que se determine, de una vez por todas, su situación de culpabilidad mediante una sentencia condenatoria o absolutoria.-
Es preciso resaltar que el debate oral y público previsto en la presente causa, no pretende de ninguna manera constituir un vejamen, un hostigamiento o un desprestigio hacia la persona del imputado Bussi, sino muy por el contrario, supone hacer efectiva la vía jurisdiccional prescripta por la ley para que el mismo pueda hacer uso de la totalidad de los medios que le proporciona el debido proceso, en el marco del cual podrá hacer valer su inocencia o su versión de los hechos; y para el hipotético caso de no establecerse su inocencia, habrá contado con las garantías procesales que le brinda la ley.-
Cualquiera sea la decisión final a la que se arribe luego del juicio, en definitiva se cumple con el imperativo de justicia que garantiza nuestra ley para el logro del bien común y la paz social.- Así, "?el juicio público (debate) es para el imputado una garantía;?" (Maier Julio B. J., ob. cit.).-
En dicho entendimiento, resulta conveniente además, como ya lo venia anticipando el Tribunal en anteriores resoluciones, adoptar las medidas necesarias para resguardar en todo lo que sea posible la salud de los imputados, en especial, la de Antonio Domingo Bussi.- Para deberá requerirse al Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA), para que disponga la presencia de profesionales y elementos sanitarios necesarios durante el desarrollo de la audiencia de debate, atento a los padecimientos señalados por los médicos de cabecera del imputado Bussi (cuadro de respiración de Cheyne Stokes, que determina el uso de ventilación no invasiva; insuficiencia cardiaca congestiva, clase funcional III-IV; fibrilación auricular crónica, estenosis aórtica severa, hipertensión arterial y síndrome depresivo).-
De todas maneras, debe tenerse presente que la vida en sí misma implica riesgo de vida en forma permanente e inevitable.-
En cuanto al planteo de aclaratoria formulado por la defensa a fs. 5731, en relación al informe del Dr. Rudelir, Médico Forense de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal considera que no corresponde hacer lugar a ese planteamiento, atento que el informe aludido resulta suficientemente claro, en el sentido de que el imputado esta en condiciones de comprender la acusación y comparecer en juicio, que es el objeto central del examen previsto en el articulo 78 del C.P.P.N..-
Por lo considerado, encontrándose en uso de licencia la Sra. Jueza de Cámara, Dra. Josefina Curi, se,
RESUELVE:
I) TENER POR REALIZADO el examen mental obligatorio del Art. 78 del C.P.P.N. conforme se considera.-
II) NO HACER LUGAR al recurso de aclaratoria incoado por la defensa de Antonio Domingo Bussi, conforme se considera.-
III) DISPONER LA COMPARENCIA a la audiencia de debate oral y pública del imputado Antonio Domingo Bussi, fijada para el día 5 de agosto de 2008 a hs. 9,30; conforme decreto obrante a fs. 5306, con los resguardos médico-asistenciales que resulten necesarios, conforme se considera.-
IV) REQUIERASE al Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA), a los fines de que provea los profesionales y elementos médicos necesarios, conforme se considera.-
V) PROTOCOLICESE - HAGASE SABER.-
Firman los Dres. Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla ? Presidente ? y Gabriel Eduardo Casas ? Juez de Cámara (Dra. Josefina Curi en uso de licencia), ante el Secretario de Cámara, Mariano García Zavalía.-
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