La Justicia avala el traslado de agentes del Estado

La Justicia provincial rechazó una acción de amparo iniciada a principios de año por una decena de empleados de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, quienes resistieron un traslado a otras reparticiones. En el grupo estaba Julio Zacarías Martel, actualmente detenido acusado por haber pedido supuestamente una coima para el funcionamiento de un lavadero.
El fallo fue firmado por los miembros de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Salvador Ruiz y Horacio Castellanos. “No se advierte la desviación de poder alegada, como cuando se persiguen encubiertamente otros fines públicos o privados; la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que exige la acción de amparo ni una conducta irrazonable, arbitraria o ilegal de la administración, motivada en un mero subjetivismo del funcionario”, sostuvieron los magistrados.
Los accionantes, entre los que figuran Sergio Matta, José Senrra y Víctor Mure, interpusieron recursos de casación y de inconstitucionalidad de la sentencia. En el planteo original, reclamaron que se le ordene al Poder Ejecutivo que respete su estabilidad y sus derechos laborales y que aplique razonablemente (sin arbitrariedad) y conforme a las reales necesidades funcionales, el proceso de reorganización de la Secretaría de Trabajo, de donde se transfirió a unos 40 inspectores.
También cuestionaron dichos del titular de la dependencia, Roberto Jiménez, y del gobernador, José Alperovich, al considerarlos agraviantes, infundados y con la intención de presionarlos ilegítimamente. Aseveraron que los funcionarios buscaban desestructurar el organismo, incorporando personal temporario e inexperto.

Planteo del Gobierno
En el proceso, el Estado reivindicó todo cambio dentro del plan estratégico para el desarrollo económico y social entre 2007 y 2016, con la promoción del trabajo decente y la drástica disminución del empleo no registrado. Con ese objetivo, buscaría un perfil de empleados con conocimiento en Derecho Laboral, en los convenios colectivos y en los principios y normas internacionales en la materia.
Los camaristas se abocaron a analizar los planteos de nulidad de los decretos 1.247/3-08 y 1248/3-08, en los que se dispusieron los desplazamientos bajo el argumento esgrimido por Jiménez de la necesidad de profesionalizar las áreas de Inspección, Notificación, Conciliación y Sumario.
“La estabilidad prevista en las constituciones nacional y provincial es el derecho del personal permanente a conservar el empleo y el nivel escalafonario alcanzado, luego de seis meses en actividad, mientras dure su buena conducta y su aptitud. Pero no se refiere a las funciones que desempeña ya que la autoridad administrativa competente podrá disponer el cambio o rotación, lo cual es legalmente admisible”, plantearon. Agregaron que deben fundamentarse objetivas y reales razones de servicio, expresadas en forma suficiente y razonada, y no ser dispuestos en forma irracional, no justificados, con una disminución en la remuneración o que la medida encubra una ilegítima sanción disciplinaria.
Los jueces citaron jurisprudencia nacional y puntualizaron que en la Ley 5.473, el traslado se encuentra regulado en dos aspectos: como un derecho del agente y siempre que no se afecte el servicio; y como una potestad de la administración, sin alterar el nivel escalafonario. Además, remarcaron que distintos organismos requirieron el personal transferido y que hubo una compensación de partidas presupuestarias, lo que implicó una necesidad del servicio.