Luis José Bussi tomó distancia de las apreciaciones de su hermano menor, Ricardo Bussi. Este afirmó que era segura una dura condena contra el padre de ambos, Antonio Domingo Bussi, en el juicio oral en el que este está imputado por la desaparición del ex senador provincial del justicialismo Guillermo Vargas Aignasse.
“No coincido con las expresiones de Ricardo. La suerte no está echada en este proceso ni es ineludible una sentencia en contra de nuestros intereses”, dejó en claro el legislador. Reclamó a los magistrados que actúen ajustándose a derecho y con independencia de criterio frente a las presiones. También les pidió que se ciñan a las constancias y pruebas existentes en el expediente, aunque reconoció que la causa tiene ribetes políticos, tal como conjeturó su hermano.
El primogénito del ex gobernador no puede concebir que la diputada nacional kirchnerista Diana Conti y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se hayan inscripto para presenciar las audiencias públicas en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Aclaró que, aunque su padre no pueda estar presente por prescripción médica (tema aún no resuelto), él asistirá a la sala (a la que ayer le estaban añadiendo butacas) para seguir el desarrollo del juicio oral.
“Es inapropiado que Conti presencie las audiencias públicas, porque integra el Consejo de la Magistratura de la Nación y su mera presencia implicará una presión para los magistrados. Del mismo modo interpretamos que se haya acreditado un miembro del Poder Ejecutivo de la Nación, como Duhalde. Estamos analizando si nos opondremos formalmente”, advirtió.
Cuestiones familiares
El legislador negó que Rodolfo Vargas Aignasse (hermano del dirigente secuestrado) pueda ejercer penalmente el rol de querellante en la causa, dado que viven los hijos y la ex mujer del ex senador justicialista desaparecido en 1976, que no intervinieron en el proceso.
“Lamento que en esta instancia deban ventilarse cuestiones de la vida privada de la familia Vargas Aignasse, como que la ex esposa del senador se casó con un oficial del servicio de Inteligencia del Ejército, que justamente investigó lo ocurrido por orden del entonces gobernador Bussi. Conozco el expediente y, como abogado, digo que no hay pruebas que vinculen a mi padre con este hecho”, aseveró.
“No coincido con las expresiones de Ricardo. La suerte no está echada en este proceso ni es ineludible una sentencia en contra de nuestros intereses”, dejó en claro el legislador. Reclamó a los magistrados que actúen ajustándose a derecho y con independencia de criterio frente a las presiones. También les pidió que se ciñan a las constancias y pruebas existentes en el expediente, aunque reconoció que la causa tiene ribetes políticos, tal como conjeturó su hermano.
El primogénito del ex gobernador no puede concebir que la diputada nacional kirchnerista Diana Conti y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se hayan inscripto para presenciar las audiencias públicas en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Aclaró que, aunque su padre no pueda estar presente por prescripción médica (tema aún no resuelto), él asistirá a la sala (a la que ayer le estaban añadiendo butacas) para seguir el desarrollo del juicio oral.
“Es inapropiado que Conti presencie las audiencias públicas, porque integra el Consejo de la Magistratura de la Nación y su mera presencia implicará una presión para los magistrados. Del mismo modo interpretamos que se haya acreditado un miembro del Poder Ejecutivo de la Nación, como Duhalde. Estamos analizando si nos opondremos formalmente”, advirtió.
Cuestiones familiares
El legislador negó que Rodolfo Vargas Aignasse (hermano del dirigente secuestrado) pueda ejercer penalmente el rol de querellante en la causa, dado que viven los hijos y la ex mujer del ex senador justicialista desaparecido en 1976, que no intervinieron en el proceso.
“Lamento que en esta instancia deban ventilarse cuestiones de la vida privada de la familia Vargas Aignasse, como que la ex esposa del senador se casó con un oficial del servicio de Inteligencia del Ejército, que justamente investigó lo ocurrido por orden del entonces gobernador Bussi. Conozco el expediente y, como abogado, digo que no hay pruebas que vinculen a mi padre con este hecho”, aseveró.
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