Los testigos se presentarán desde hoy a declarar, pero la fiscala María de las Mercedes Carrizo no los escuchará sino hasta el miércoles. Ese día se reintegrará, tras una licencia por enfermedad. Por este motivo, hoy y mañana la ronda testimonial se realizará ante un fiscal subrogante.
Lo cierto es que, la Justicia comenzará a interiorizarse sobre cómo sucedieron los hechos sobre la base de los cuales se acusó al inspector de la Secretaría de Trabajo Julio Martel de haber cobrado una coima de $ 1.000 al dueño de un lavadero. "Hemos presentado un escrito ofreciendo una serie de testigos; son varios, esperamos que la fiscala los acepte", expresó la abogada Leda María Atterbury, quien patrocina a Martel.
La letrada adelantó que, en principio, serán cinco las personas que emitirán un testimonio en favor del inspector. "Tenemos más; durante la semana veremos si se van agregando otros a la lista", agregó.
La idea de la defensa es estudiar posibles cambios en el título del caso. Por estos momentos, la causa está caratulada como cohecho. El Código Penal prevé penas que van desde un año hasta seis de prisión, por lo que se trata de un delito excarcelable. No obstante, como el imputado no pudo disponer del dinero -su detención se produjo antes- días atrás la fiscala analizaba que se trataría de una tentativa de cohecho, lo que disminuye aún más la pena. "Estudiamos posibles cambios de carátula. De cualquier manera, nuestro norte es que declaren cuanto antes los testigos para que se demuestre la inocencia de Martel", aseguró Atterbury.
La Justicia tiene 10 días hábiles para resolver la situación del imputado. El plazo se cumple el jueves 7 de agosto y la defensa descree que pudieran tener novedades antes del vencimiento. "Actualmente nosotros tenemos todos los elementos para demostrar la inocencia de mi defendido antes del 7, pero la última palabra la tiene la fiscala y, casi siempre, deciden el último día de plazo", puntualizó.
En caso de que la Justicia determine la culpabilidad de Martel, este será inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, según lo prevé el Código Penal. Esto implica que no sólo deberá dejar su puesto en la Secretaría de Trabajo sino que tampoco podrá trabajar en ninguna otra repartición del Estado.
Lo cierto es que, la Justicia comenzará a interiorizarse sobre cómo sucedieron los hechos sobre la base de los cuales se acusó al inspector de la Secretaría de Trabajo Julio Martel de haber cobrado una coima de $ 1.000 al dueño de un lavadero. "Hemos presentado un escrito ofreciendo una serie de testigos; son varios, esperamos que la fiscala los acepte", expresó la abogada Leda María Atterbury, quien patrocina a Martel.
La letrada adelantó que, en principio, serán cinco las personas que emitirán un testimonio en favor del inspector. "Tenemos más; durante la semana veremos si se van agregando otros a la lista", agregó.
La idea de la defensa es estudiar posibles cambios en el título del caso. Por estos momentos, la causa está caratulada como cohecho. El Código Penal prevé penas que van desde un año hasta seis de prisión, por lo que se trata de un delito excarcelable. No obstante, como el imputado no pudo disponer del dinero -su detención se produjo antes- días atrás la fiscala analizaba que se trataría de una tentativa de cohecho, lo que disminuye aún más la pena. "Estudiamos posibles cambios de carátula. De cualquier manera, nuestro norte es que declaren cuanto antes los testigos para que se demuestre la inocencia de Martel", aseguró Atterbury.
La Justicia tiene 10 días hábiles para resolver la situación del imputado. El plazo se cumple el jueves 7 de agosto y la defensa descree que pudieran tener novedades antes del vencimiento. "Actualmente nosotros tenemos todos los elementos para demostrar la inocencia de mi defendido antes del 7, pero la última palabra la tiene la fiscala y, casi siempre, deciden el último día de plazo", puntualizó.
En caso de que la Justicia determine la culpabilidad de Martel, este será inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, según lo prevé el Código Penal. Esto implica que no sólo deberá dejar su puesto en la Secretaría de Trabajo sino que tampoco podrá trabajar en ninguna otra repartición del Estado.







