Estatales afirman que el PE armó la causa contra Martel

A los referentes gremiales de la Secretaría de Trabajo no les quedan dudas: la detención de un inspector, acusado de haber cobrado una coima, forma parte de una campaña del Gobierno para justificar el traslado de 37 empleados y crear un nuevo cuerpo de trabajadores.
Benito Moya y Enrique Vargas, ambos del Sindicato Unico de Trabajadores del Estado Provincial (Sutep); Carlos Molina, adjunto del Sindicato de Empleados Públicos (SEP); y Raul Mure (miembro de la CGT), reclamaron garantías al Poder Ejecutivo para poder desempeñar su labor. En diálogo con LA GACETA, defendieron la honorabilidad del inspector detenido el miércoles por la noche, Julio Martel.
El escándalo se desató luego de que la fiscala María de las Mercedes Carrizo ordena un operativo tras la denuncia radicada por Gustavo Rolando Carrizo, propietario de un lavadero de autos de avenida Avellaneda al 400. Carrizo afirmó que el inspector pretendía cobrarle $ 1.000 para otorgarle el acta de registro de los empleados de su comercio, por más que él ya había obtenido el alta provisoria. La fiscala hizo fotocopiar 10 billetes de $ 100 y el comerciante, -según consta en la denuncia- a las 19.15 del miércoles se los entregó a Martel.
"Esto está politizado. Con la fabricación de esta causa, el Gobierno pretende condicionar el accionar de la Justicia", alertó Moya. El dirigente sindical hizo alusión al pleito que, en Tribunales, mantienen los trabajadores con las autoridades de Trabajo. Cabe recordar que, tras el lanzamiento de los operativos de control del trabajo en negro y la sanción de la Ley 7.999, en enero, el titular del área, Roberto Jiménez, anunció el desplazamiento de 37 empleados (25 inspectores). Paralelamente, se designó a 30 personas para efectuar las inspecciones. Sin embargo, los estatales afectados objetaron los traslados en la Justicia a través de un recurso de amparo y una medida cautelar para que suspenda la decisión oficial. La cautelar fue otorgada, pero el amparo finalmente fue rechazado. Por ello, los empleados apelaron el fallo. "Pretenden desplazarnos con el argumento de que los inspectores deben ser profesionales, pero de las 30 personas contratadas por Jiménez, sólo dos tienen título universitario. El resto son estudiantes", se quejó Molina.
Los dirigentes creen que, con la incorporación de nuevos inspectores, el PE busca legitimar una ley contra el trabajo en negro objetada por los representantes empresariales por supuesta inconstitucionalidad. "El Gobierno quiere aplicar una ley provincial por encima y en contraposición de lo que disponen las leyes nacionales. No defendemos hechos de corrupción, pero no hay dudas de que Martel es un chivo expiatorio. El Ejecutivo debería investigar el cajoneo de expedientes en la Secretaría de Trabajo", dijo Moya.