“Bussi no debe gozar de ningún privilegio”

El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Alfredo Terraf, está sumamente preocupado. Considera que se ha instalado erróneamente el preconcepto de que las conclusiones de la junta médica que ya intervino o incluso del futuro informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto del estado mental de Antonio Bussi para afrontar el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos en Tucumán durante la dictadura militar, son vinculantes. Por eso, insistió en que los magistrados (Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi) tendrán la última palabra.

Responsabilidades
Terraf argumentó que resulta absurdo ordenarle a un juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos, sea que lo convenzan o que aquellas le parezcan dudosas. “De este modo se desvirtuarían la funciones del magistrado y se constituiría a los peritos en jueces de la causa”, manifestó, parafraseando al procesalista Víctor de Santo.    
El fiscal solicitó ayer al Tribunal Oral que rechace el nuevo pedido de la defensora pública oficial subrogante de que sea aplazado el inicio de las audiencias de debate, previsto para el 5 de agosto, exclusivamente en relación con Bussi. Precisamente, Amalina Assaf se basó en el informe de la junta formada por seis profesionales, que concluyó que el militar retirado es prácticamente inimputable o un incapaz sobreviniente, es decir, no se encuentra en condiciones mentales de entender plenamente las consecuencias jurídicas de sus actos.

Severo reproche
Amén de insistir en que el informe presenta incongruencias, Terraf aseveró que el vocabulario utilizado por los profesionales bastaría para pedir su nulidad. “El concepto de imputabilidad no es propio de la ciencia médica ni de la Psicología, sino que pertenece exclusivamente al ámbito del Derecho Penal y Procesal Penal. Lo mismo cabe decir respecto de la capacidad para estar en juicio. Son conceptos jurídicos”, recalcó.

Supuestas inconsistencias
Basándose en las supuestas inconsistencias de las conclusiones de la junta y a pedido del fiscal, el tribunal requirió la intervención de los forenses de la Corte. No obstante, Terraf se preocupó por aclarar: “el dictamen que resulte a la postre no es vinculante para el tribunal, que decidirá (si Bussi está en condiciones de afrontar el juicio) conforme a las reglas de la sana crítica racional. De lo contrario estaríamos regresando a los tiempos inquisitivos de la prueba legal o tasada”, advirtió.

El mismo derecho
El fiscal subrayó que “Bussi no goza de ningún privilegio” y que, por el contrario, no es un imputado más. “Se lo acusa por los delitos más graves y horrendos de toda la historia de este tribunal y de todos los del NOA”, destacó.
Por último, el fiscal general Terraf remató: “todos los argentinos, especialmente los tucumanos, y seguramente el mismo Bussi, tenemos derecho a que, en un debate oral y público, se conozca la verdad y no podemos conformarnos con un ideal juicio divino realizado por los dioses, pues, parafraseando a Paul Valéry (poeta francés): cada hombre se cuida muy bien de mostrarnos cuáles son sus dioses verdaderos”.