Evalúan un plan de salvataje para la obra pública

El retraso de la Nación en enviar los recursos comprometidos para la realización de los planes habitacionales mantiene en alerta al Poder Ejecutivo. En Casa de Gobierno pronostican que el recorte del flujo de fondos se agudizará en el segundo semestre del año, por lo que ya evalúan alternativas tendientes a evitar una parálisis general de la obra pública en la provincia.
El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano tiene en marcha 274 programas habitacionales con financiamiento nacional, que comprenden la construcción de 6.990 viviendas y 15.552 mejoramientos en hogares precarios. Para sostener el ritmo normal de trabajo hacen falta alrededor de $ 27 millones mensuales, los que hasta marzo eran enviados sin inconvenientes desde la Nación. En junio, por ejemplo, el poder central apenas depositó en las cuentas públicas tucumanas $ 11,5 millones, lo que generó una virtual parálisis de los trabajos y la suspensión de 2.300 obreros. A esto se suma la deuda de $ 150 millones que reclaman las contratistas por certificados de redeterminación de precios no pagados por la Nación.
Las previsiones oficiales no son alentadoras, ya que se especula con que la Nación mantendrá el recorte de recursos hacia las provincias con el objetivo de sostener el superávit fiscal cercano al 3 % del Producto Bruto Interno (PBI). Con ese panorama, el gobernador, José Alperovich, encomendó ayer al titular del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, la confección de una proyección que incluya todos los planes habitacionales en ejecución, el grado de retraso que presentan y cuáles serán las posibilidades de avanzar con los proyectos sobre la base de un contexto económico ralentizado.
El plan de salvataje comarcano comprenderá hipótesis de trabajo a partir de los diferentes escenarios que puedan plantearse. Es decir, qué obras se deberán priorizar si es que la Nación mantiene la reducción en el flujo de recursos, con la premisa de evitar una parálisis total de los proyectos.
La idea que cobra fuerza en el PE es la de apuntalar aquellos planes que muestran un alto grado de avance. Esto perseguiría, además, un efecto político claro: sostener las inauguraciones periódicas de obras y mantener la imagen de un Estado que responde a las inquietudes de sus ciudadanos.