La realización de obras públicas en la provincia se encuentra al borde de la paralización total. Así lo confirman los empresarios del sector y, con menos dramatismo, lo reconoce el Poder Ejecutivo. La deuda de la Nación con las contratistas asciende a $ 150 millones por certificados de redeterminación de precios derivados del aumento de los costos. El flujo de fondos nacionales decayó a la mitad desde marzo, cuando se desató el conflicto con el campo. Por ello, se redujo en la misma proporción el ritmo de ejecución de los trabajos. La Uocra, incluso, admitió que ya se produjeron 2.300 despidos. "Hay que esperar hasta los primeros días de agosto para ver si se normaliza el envío de fondos, porque ayer comenzó a funcionar normalmente el país", dijo el gobernador, José Alperovich.








