19 Agosto 2007 Seguir en 
Las empresas y los particulares que tengan o soliciten permisos municipales de construcción y/o aprobación de proyecto en trámite o que se tramiten en el futuro deberán pagar a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) un canon fijo para ejecutar obra de agua y cloacas en esta ciudad.
El cargo por Infraestructura, creado por decreto acuerdo 50/3 y firmado por el gobernador José Alperovich y sus ministros, fue fijado en $ 15 por metro cuadrado que se construye o que estuviere construyéndose, sea obra nueva, ampliaciones o refacciones por más de 200 metros cuadrados cubiertos y que incluyan servicios sanitarios, señala el decreto de necesidad y urgencia. La disposición, que alcanza a toda construcción que se efectúe en algunos sectores de esta ciudad (ver "Una zona.."), regirá desde el 1 de julio pasado y hasta el mismo día y mes de 2010.
Así, por ejemplo, si un edificio tiene 3.000 metros cuadrados cubiertos, tendrá que pagar un canon de $ 45.000 a la SAT. Ese importe o el que surja de acuerdo con la obra (sea en un edificio de altura o en viviendas unifamiliares), será devuelto por el Estado a través de certificados de créditos fiscales que serán nominativos e intransferibles y que podrán usarse para el pago de impuestos provinciales.
En los últimos tres años se observó una fuerte expansión inmobiliaria en la Capital. Según el director de Catastro Municipal, Eduardo Cárdenas, en los últimos dos años y medio se construyeron o están en construcción 120 edificios en altura en el centro. "Si se toman en cuenta los permisos solicitados, puede inferirse que el nivel de construcción se mantendrá en alza durante este año respecto de 2006", dijo el funcionario a LA GACETA. "El elevado costo de las inversiones en infraestructura hacen actualmente imposible que la SAT Sapem pueda hacerse cargo de ellas, con precios de tarifa que no han sido sustancialmente modificadas para atender las referidas inversiones, sin considerar aún la incidencia de los mayores costos de operación y mantenimiento del servicio; sería inequitativo que todos los usuarios de la provincia solventen de esta forma una inversión que beneficia a unos pocos en un radio limitado", se afirma en los considerandos del decreto. Lo ratificó a nuestro diario, el presidente de la empresa, Alfredo Calvo. "Tenemos la capacidad de inversiones cubierta y si seguimos dando certificados de factibilidad, pondremos en riesgo la provisión de agua a gran parte de la población", advirtió.
De acuerdo con las estimaciones de la Sociedad Aguas del Tucumán, se requeriría una inversión de entre $ 15 millones y $ 20 millones para una provisión sin inconvenientes del servicio de agua y cloacas para los actuales y futuros usuarios que residen en la zona céntrica y sus alrededores.
Según Calvo, actualmente hay 70 edificios en construcción y se espera que la cifra se eleve a 150 hasta fines de 2008. Ante este cuadro se apeló al cobro de un canon que, según el titular de la SAT, fue acordado con los constructores. Estos habían planteado su preocupación por la paralización de algunas obras por la falta de entrega de certificados de factibilidad.
Fuentes del sector privado consultadas por nuestro diario dijeron que la medida es razonable en tanto la SAT destine el dinero a la ejecución de las obras propuestas. En el decreto se establece que lo recaudado por el cobro del cargo por Infraestructura será depositado en una cuenta especial de la SAT y formará un patrimonio de afectación destinado a la realización de obras específicas.
Además, la SAT emitirá una boleta de deuda con el cargo específico, que tendrá carácter de título ejecutivo, pudiendo reclamar su pago por vía de apremio.
Finalmente, solicitará al municipio que ordene la inmediata clausura de la obra y la denegación de la habilitación provisoria o definitiva del edificio.
El cargo por Infraestructura, creado por decreto acuerdo 50/3 y firmado por el gobernador José Alperovich y sus ministros, fue fijado en $ 15 por metro cuadrado que se construye o que estuviere construyéndose, sea obra nueva, ampliaciones o refacciones por más de 200 metros cuadrados cubiertos y que incluyan servicios sanitarios, señala el decreto de necesidad y urgencia. La disposición, que alcanza a toda construcción que se efectúe en algunos sectores de esta ciudad (ver "Una zona.."), regirá desde el 1 de julio pasado y hasta el mismo día y mes de 2010.
Así, por ejemplo, si un edificio tiene 3.000 metros cuadrados cubiertos, tendrá que pagar un canon de $ 45.000 a la SAT. Ese importe o el que surja de acuerdo con la obra (sea en un edificio de altura o en viviendas unifamiliares), será devuelto por el Estado a través de certificados de créditos fiscales que serán nominativos e intransferibles y que podrán usarse para el pago de impuestos provinciales.
En los últimos tres años se observó una fuerte expansión inmobiliaria en la Capital. Según el director de Catastro Municipal, Eduardo Cárdenas, en los últimos dos años y medio se construyeron o están en construcción 120 edificios en altura en el centro. "Si se toman en cuenta los permisos solicitados, puede inferirse que el nivel de construcción se mantendrá en alza durante este año respecto de 2006", dijo el funcionario a LA GACETA. "El elevado costo de las inversiones en infraestructura hacen actualmente imposible que la SAT Sapem pueda hacerse cargo de ellas, con precios de tarifa que no han sido sustancialmente modificadas para atender las referidas inversiones, sin considerar aún la incidencia de los mayores costos de operación y mantenimiento del servicio; sería inequitativo que todos los usuarios de la provincia solventen de esta forma una inversión que beneficia a unos pocos en un radio limitado", se afirma en los considerandos del decreto. Lo ratificó a nuestro diario, el presidente de la empresa, Alfredo Calvo. "Tenemos la capacidad de inversiones cubierta y si seguimos dando certificados de factibilidad, pondremos en riesgo la provisión de agua a gran parte de la población", advirtió.
De acuerdo con las estimaciones de la Sociedad Aguas del Tucumán, se requeriría una inversión de entre $ 15 millones y $ 20 millones para una provisión sin inconvenientes del servicio de agua y cloacas para los actuales y futuros usuarios que residen en la zona céntrica y sus alrededores.
Según Calvo, actualmente hay 70 edificios en construcción y se espera que la cifra se eleve a 150 hasta fines de 2008. Ante este cuadro se apeló al cobro de un canon que, según el titular de la SAT, fue acordado con los constructores. Estos habían planteado su preocupación por la paralización de algunas obras por la falta de entrega de certificados de factibilidad.
Fuentes del sector privado consultadas por nuestro diario dijeron que la medida es razonable en tanto la SAT destine el dinero a la ejecución de las obras propuestas. En el decreto se establece que lo recaudado por el cobro del cargo por Infraestructura será depositado en una cuenta especial de la SAT y formará un patrimonio de afectación destinado a la realización de obras específicas.
Penalidades para infractores
Si el constructor no paga el canon, será intimado por la SAT en un plazo de 10 días corridos. Ese organismo quedará facultado para cortar el servicio. Además, la SAT emitirá una boleta de deuda con el cargo específico, que tendrá carácter de título ejecutivo, pudiendo reclamar su pago por vía de apremio.
Finalmente, solicitará al municipio que ordene la inmediata clausura de la obra y la denegación de la habilitación provisoria o definitiva del edificio.
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