Los malos pensados

BUENOS AIRES.- La cofradía de los Mal Pensados sólo necesita tiempo para comprobar que sus sospechas estaban absolutamente fundadas. Pueden pasar días, meses y hasta años para que sus predicciones se cumplan y así echar por tierra con los argumentos de aquellos que, eran su buena fe, creen que los presupuestos se elaboran y se aprueban para ser cumplidos, o que el Estado nacional otorga subsidios de acuerdo con criterios de equidad social, el federalismo y la eliminación de las desigualdades regionales.
Sin ir más lejos, en los primeros días de mayo, los Mal Pensados tuvieron servidos en bandeja los elementos para desplegar una vez más sus cínicos pronósticos. Por entonces, las empresas y los gremios ferroviarios llegaron a un acuerdo salarial en el marco de las paritarias y las compañías de colectivos del área metropolitana levantaron un lock out 120 minutos antes de la hora anunciada para su comienzo. La moneda de cambio fue la convocatoria a una comisión técnica que en 30 días debería presentar las conclusiones para solucionar un problema que el sector arrastra desde hace años: cómo afrontar los aumentos de costos sin modificar las tarifas, congeladas hace seis años.
Conocedores de la vieja frase de Juan Domingo Perón que recomendaba formar una comisión si lo que se busca es no resolver los problemas, los Mal Pensados no demoraron un segundo para emitir su dictamen: "esto se arregla con una decisión administrativa". Los empresarios del autotransporte dieron su aporte al reclamar un aumento de tarifas para, dijeron, "blanquear la situación". No hace falta señalar que sólo lo oscuro necesita ser blanqueado...
Para aquellos que aún no se pusieron a tono con los cambios derivados de la Constitución de 1994, la Jefatura de Gabinete puede tomar medidas a través del instrumento jurídico de la "decisión administrativa", que pasa a sumarse a los decretos del PE y las resoluciones ministeriales. Por el avance del Ejecutivo sobre el Legislativo de unos años a esta parte, las decisiones administrativas son usadas para modificar distribuciones de las partidas presupuestarias. A eso se refería el ex ministro Domingo Cavallo cuando hablaba del "poder co-legislador" del PE, llevado a la práctica con asiduidad por su ex funcionario Alberto Fernández.
Los días pasaban y la gente de buena fe creía que por una vez habían podido ganarle una batalla a los Mal Pensados. Hasta que en la mañana del 20 de junio leyeron la edición del día del Boletín Oficial.
Por medio de la decisión administrativa 216/07, la Jefatura de Gabinete amplía el presupuesto del Ministerio de Planificación en $ 327 millones (el día anterior había favorecido al ministerio de Julio de Vido con $ 928 millones) para fortalecer aún más el sistema de subsidios al transporte de pasajeros automotor y ferroviario. En línea con los eufemismos, la decisión administrativas no se refieren a "subsidios" sino a "compensaciones".
Según la Asociación Argentina de Presupuesto, "la ejecución del programa que administra estos subsidios venía mostrando signos de insuficiencia presupuestaria", que en buen romance significa que el gasto devengado excedía los límites prefijados. Baste para comprobarlo que "al finalizar mayo, el gasto devengado asciende al 89% de los créditos vigentes" para todo el año. Es decir que, si los presupuestos fueran ley de leyes, habría que arreglarse para los últimos siete meses del año (58% del total) con el 11% del presupuesto original.
Pero queda claro que eso es solo un problema para la gente de buena fe. Para los Mal Pensados sólo hubo que esperar cuarenta días para que llegaran los $ 327 millones, que se suman a los $ 1.545,5 millones del plan 55 "Formación y Ejecución de Políticas del Transporte Automotor y Ferroviario".
Pero, si estos $ 327 millones (al igual que los $ 928 millones destinados al pago de obras viales) no corresponden a una ampliación del presupuesto sino a una modificación de su distribución, es evidente que otra parte de la administración verá menguados sus recursos. Se trata del Programa de Asistencia Financiera (PAF). Tal vez los diputados y los senadores de todas las provincias quedaron conformes cuando aprobaron la ley de Presupuesto 2007, que incluía $ 6.040 millones para ese programa. Habrá que ver qué piensan ahora que el PAF, según la Asociación Argentina de Presupuesto "ha sido objeto de sucesivas reducciones en lo que va del año, por $ 1.556 millones". Un 74,2% de recorte, y todavía quedan seis meses para más decisiones administrativas.
Como los subsidios se otorgan siguiendo criterios de cantidad de pasajeros transportados, kilómetros recorridos y recaudación de las compañías de transporte, las principales beneficiarias son las empresas del área metropolitana. Los Mal Pensados insisten en que con ello se vulnera el federalismo.
Pero hay un punto en el que los Mal Pensados y la gente de buena fe encuentran una coincidencia. En tiempos de renovación de autoridades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿por qué no se pone el mismo énfasis en transferir la responsabilidad del transporte público que el que se dedica a traspasar la policía? Los Mal Pensados creen que es mucho más cómodo para los futuros gobernantes porteños que el resto del país les pague los subsidios. Y ahí nomás se termina la efímera coincidencia con la gente de buena fe. (DyN)