Una actividad con escaso apoyo oficial

"La tasa de crecimiento forestal en Argentina es una de las más altas del mundo; si a este hecho se suman los precios de las tierras con buena capacidad, inferiores a los de los países vecinos, el sector resulta altamente atractivo para los inversores. El análisis económico es sumamente satisfactorio para la actividad forestal en Argentina, en virtud del valor de la tierra, los costos de implantación y la posibilidad de venta o procesamiento de la madera con diferentes fines". Estas son algunas de las consideraciones que realizó en un informe la Asocación Forestal Argentina (AFOA) respecto de la actividad en el país.
Entre los beneficios de la forestación, AFOA también menciona el buen sistema de incentivos fiscales nacionales, la gran capacidad de generación de empleos que tiene el sector, los aportes que hace al medio ambiente y la aptitud del clima y del suelo.
En 1998, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 25.080, de Inversiones en Bosques Cultivados, que buscó aumentar la actividad del sector forestal-industrial. Su intención fue incrementar la cantidad de hectáreas forestadas desde las 900.000 que había en ese momento, hasta llegar a los dos millones a corto plazo y a los tres millones en 10 años. A nueve años de la vigencia de esa ley, la superficie implantada llegó al millón y, aunque sirvió para profundizar los procesos de producción en algunas provincias tradicionalmente madereras (como Misiones y Entre Rios), en otras no logró el efecto deseado.
"La ley nacional 25.080 establece un conjunto de beneficios de tipo fiscal a 30 años, extensibles a 50, garantizando la estabilidad de los beneficios durante todas esas décadas. La idea era fomentar la forestación en todo el país. En Tucumán, lo que hice, fue elaborar una ley de adhesión provincial a la norma nacional, que daba los mismos beneficios en el territorio provincial y añadía otros. Lamentablemente, el gobierno de turno (el de Julio Miranda) no supo darle impulso a la actividad", explicó el ex diputado nacional y ex legislador provincial Julio César Díaz Lozano, que participó de la elaboración de las leyes nacional y provincial de fomento a la forestación.
La norma provincial fue sancionada y promulgada en 2000 y, según explicó Díaz Lozano, todavía puede ser aplicada. "Los beneficios de la actividad forestal, que menciona la ley, no son sólo económicos: es la única actividad que garantiza la sistematización de las cuencas y que puede prevenir inundaciones, porque los árboles fortalecen el suelo. También aporta beneficios ambientales, porque aspiran dióxido de carbono y evitan el efecto invernadero. En lo laboral, crea dos puestos laborales por hectárea", explicó. El ex parlamentario agregó que la ley provincial también contempla beneficios para la industrialización de la madera, con lo que Tucumán se podría haber convertido en una provincia exportadora de muebles. "En la provincia hay 200.000 hectáreas aptas para forestación. Se podría haber convertido en una actividad importante, similar a la de la caña de azúcar o a la del citrus. Todavía estamos a tiempo", concluyó.