La Corte Suprema de Justicia: dos vacantes por tiempo indeterminado

Nadie puede entender que un presidente como Néstor Kirchner, que asumió con la intención de reformar estructuralmente la composición de la Corte Suprema de Justicia -romper con la mayoría automática de la época menemista-, hoy incumpla las normativas que él mismo firmó para cubrir las vacantes en un plazo de no más de 30 días.
El máximo tribunal lleva ya casi ocho meses sin dos de sus integrantes, por la renuncia de Augusto Belluscio y por la destitución de Antonio Boggiano. Lo que más preocupa a los actuales miembros de la Corte es que la falta de cobertura o la indefinición respecto de cuántos deberían integrarla genera una situación difícil para el funcionamiento del cuerpo, tal como lo deslizó, el viernes, la vocal  Carmen Argibay.
La polémica recrudeció, tras el entredicho del titular de la Corte, Enrique Petracchi, y el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, durante la Conferencia Nacional de Jueces, que se desarrolló a fines de marzo en Santa Fe. Petracchi sólo había pedido una definición al Poder Ejecutivo sobre las vacantes -el mismo planteo formuló Eugenio Zaffaroni-. El choque verbal entre integrantes de dos poderes se completó cuando Iribarne le contestó: “el Gobierno considera que no es oportuno completar la Corte en este momento, ni propiciar una ley de reducción del cuerpo a siete miembros”. Incluso deslizó la posibilidad de modificar la autoimposición de Kirchner en la cobertura de las vacantes con el dictado de otro decreto.
Mientras instituciones que representan a los profesionales del Derecho reclaman al Gobierno que normalice la composición del máximo tribunal, el abogado Ricardo Monner Sans realizó una presentación judicial -el 17 de abril pasado- contra el incumplimiento presidencial, que luego fue ampliada cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, declaró que la cobertura de las vacantes no es un tema que esté en análisis en estos momentos”. La causa contra el Presidente recayó en el juez Jorge Urso. Monner Sans quiere que el magistrado investigue si Kirchner incumplió sus deberes y si esa conducta es pasible de sanciones previstas por el Código Penal (artículo 249).
Según el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Carlos Andreucci, por el tiempo transcurrido -más de 30 días fijados por el decreto 222/03-, ya hay un evidente incumplimiento. “Lo que nos preocupa es que la postergación del tema no llegue a generar algún tipo de especulación política respecto de que, frente a un fallo que no resulte favorable al poder político, se intente precipitar una propuesta para modificar las mayorías del cuerpo”, indicó a LA GACETA. Andreucci es partidario de que el Congreso defina, mediante un proyecto de ley, cuál debería ser la composición definitiva de la Corte. “Una suerte de acuerdo político de los tres poderes para que la Justicia sea una cuestión de Estado que trascienda al poder de turno”, acotó.
De hecho, en los últimos días, circularon versiones de que el Gobierno no designaba a los postulantes porque, hasta ahora, los ministros que había designado no habían resultado favorables al oficialismo. Ante esto, la propia Argibay -una de las designadas- sentenció que la Corte sólo es favorable a lo que dicen las leyes.
Más allá de las especulaciones, la realidad marca que la Corte tiene serios problemas para  resolver temas candentes, como el de la pesificación de los depósitos, mientras el Ejecutivo congeló las vacantes por tiempo indefinido.

Un grave error del Poder Ejecutivo
Por Juan Marcos Pueyrredón - INTEGRANTE DEL COMITE EJECUTIVO  DE FORES
El Poder Ejecutivo incurre en un error grave al no cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. No le corresponde al Presidente decidir sobre la cantidad de ministros que deben integrar el máximo tribunal, sino que ese procedimiento está establecido por ley. El mismo Néstor Kirchner dictó un decreto, en 2003, en el que proclamó cómo reglamentar la facultad para proponer ministros.
Marcó una suerte de autorregulación y los mecanismos para que todas las fuerzas vivas participen en el proceso de selección de los candidatos más idóneos para el cargo. Desgraciadamente,  desde la renuncia de Augusto Belluscio, ocurrida en setiembre pasado, no se hizo nada. Esto ha sido enfatizado por algunos ministros de la Corte durante la Conferencia de jueces, realizada en Santa Fe, de que el Gobierno tiene la responsabilidad institucional de cubrir las dos vacantes o bien elevar un proyecto de ley que reduzca el número de miembros.
Desde el punto de vista práctico, creo que la conducta del Poder Ejecutivo obstaculiza, de manera seria, el funcionamiento del máximo tribunal. El cuerpo está incompleto y se hace muy difícil tomar decisiones, en particular cuando se tratan de casos controvertidos.
Al no cumplir con lo legislado, el Poder Ejecutivo, voluntaria o involuntariamente, no contribuye a consolidar el Estado de Derecho y tampoco la división de poderes.
De hecho, el Presidente se estaría arrogando atribuciones que no tiene, como modificar de hecho la integración de la Corte Suprema de Justicia y se estaría inmiscuyendo en facultades de otros poderes. Más aun, debe dar el ejemplo a todos los ciudadanos de que se cumplan las leyes. En general, creo que la Corte está haciendo aportes positivos hacia una reforma judicial, en su tarea de controlar la constitucionalidad de las normas y de los actos del Ejecutivo. Pero es necesario, al mismo tiempo, actualizar los procedimientos, de tal modo que no lleguen tantas causas al máximo tribunal, sea cual fuere el número de sus integrantes. (Especial para LA GACETA)

“La actual composición no es del agrado de Kirchner”
Por Juan Marcos Pueyrredón - INTEGRANTE DEL COMITE EJECUTIVO  DE FORES
Lleva 46 años y medio ejerciendo la abogacía. Sostiene que, en esa profesión, se entiende mucho mejor con la gente de a pie que con la que anda a caballo, sobre todo “de aquel que ejerce el poder a contrapié de la idea de soberanía”. Ricardo Monner Sans, el protagonista en cuestión, postula: “el poder sólo se justifica si se sabe que es mandatario porque la ciudadanía es mandante”. Y en eso se afirma para decir que, lamentablemente, el poder actual es corporación, como le dijo a LA GACETA en una entrevista telefónica. Monner Sans confiesa que está acostumbrado a luchar contra hombres públicos que no cumplen con sus deberes. Antes litigó contra (Carlos) Menem, por la causa armas; hoy lo hace contra el presidente Néstor Kirchner, pidiendo a la Justicia que investigue si incumplió sus deberes al omitir la postulación de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
-¿Por qué cree que el Presidente no cubre las vacantes?
-Tengo una hipótesis: en el concepto político de Kirchner hay una tendencia autoritaria evidente. No cubre los cargos porque tiene dificultades con la Corte actual y ese tribunal, como cabeza institucional del Poder Judicial, no es de su agrado. No hay otra razón que mi imaginación cultive que esta que señalo porque no puedo creer que un Presidente haga por capricho la anulación del inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución.

-¿Qué efectos tiene esta falta de cobertura en el funcionamiento de la Corte?
-Creo que es una injerencia oblicua sobre el Poder Judicial porque, por omisión, consigue que la máxima cabeza del Poder Judicial quede renga.

-¿Cree que el Congreso puede intervenir con un proyecto que reduzca el número de miembros del tribunal?
-Mi permanente postura es la reducción de los integrantes, más allá de la picardía de Menem por contar con una mayoría automática en la Corte. Nueve miembros hacen más lenta la solución de los casos -siete parecería ser una cifra saludable- y habría que pensar en una seria reforma que permita que algún tribunal intermedio intervenga y que la Corte sólo se reserve la resolución de determinados casos miembro hace más lenta la solución de los casos. Creo que el Congreso debería avanzar con una ley de reducción y eso se torna imperioso.

-¿Cómo imagina el futuro de la Corte Suprema?
-Es difícil. Creo que, hasta ahora, la Corte se ha distinguido por tener una mayor calidad intelectual que la anterior composición, con signos de independencia mayores a los que estábamos acostumbrados a observar. En materia de derechos humanos, aplaudo todo lo que ha sido avanzar con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Lo que le quedan son temas económicos, como la pesificación o las hipotecas, y allí parece, como dicen los mejores informados, que hasta que no haya nuevas designaciones habría una especie de pacto (de hecho) para no avanzar con esos casos. 
 
-¿Por qué no se convocó a conjueces para resolver los casos más resonantes?
-Me parece que no hay consenso siquiera para convocarlos. Y, desde un punto de vista crítico, me pregunto si esto significa que el Poder Ejecutivo, proponiéndoselo o no, está haciendo cosquillas a la Corte, provocando divisionismos internos mayores a los que normalmente puede tener un cuerpo colegiado.