38.477 formas de decir “renuncio”: el abogado, el robot y la plataforma judicial que no tenía “captcha”
Un incidente de carga masiva en la Oficina Judicial Virtual chilena expuso los supuestos de diseño de la tramitación electrónica y abrió la conversación correcta: no quién falló, sino cómo se construyen sistemas judiciales capaces de operar a velocidad de máquina con la influencia de la inteligencia artificial.
Alejandro Urueña
Ética e Inteligencia Artificial (IA) - Founder & CEO Clever Hans Diseño de Arquitectura y Soluciones en Inteligencia Artificial. Magister en Inteligencia Artificial.
Entre el sábado 25 y el lunes 27 de julio de 2026, la tramitación electrónica chilena atravesó situaciones, y no la ejecutó un laboratorio sino la práctica profesional cotidiana. Un abogado inició un ingreso masivo de escritos en todos los tribunales civiles del país, principalmente solicitudes de desarchivo y renuncias de patrocinio y poder; al lunes a las 11:30 sumaban 38.477, entre 500 y 900 por tribunal. El origen fue tan ordinario como extraordinaria su escala: al cesar la prestación de servicios a antiguos clientes corporativos correspondía formalizar cada renuncia, y para ello se utilizó un “agente externo” o robot en lugar del ingreso manual causa por causa. Cada presentación, considerada individualmente, no sabemos si era procedente; el fenómeno emergió del volumen. Ese es el dato técnico central: los sistemas de tramitación fueron diseñados asumiendo cadencia humana, y la automatización disolvió ese supuesto sin infringir supuestamente ninguna regla explícita.
La reacción judicial merece leerse como lo que es: una señal legítima de límites de capacidad, no un episodio de resistencia tecnológica. El oficio del Comité de Jueces Civiles de Santiago a la presidencia de la Corte Suprema lo formula sin eufemismos: “no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia”. Sobre esa base solicitó medidas de contención -restricción de acceso, revisión de eventuales responsabilidades y barreras técnicas como un captcha- e invocó el principio de buena fe procesal de la Ley 20.886. La invocación es comprensible y, a la vez, estructuralmente insuficiente: la buena fe es un estándar de conducta, y el problema revelado es de arquitectura y solucion, que podría denominarse como uno de los cánceres de la inteligencia artificial según el programa en diseño y desarrollo de productos en inteligencia artificial MIT en la idea de esos cuatro etapas con sus dos pasos cada uno. Un marco concebido para corregir al litigante desleal no responde qué hacer con el litigante diligente que opera a velocidad de máquina si es que así haya sido. Conviene además precisar el objeto de la discusión que no lo sabremos hasta la pericia técnica pertinente: los antecedentes disponibles solo acreditan el uso de una herramienta automatizada, no necesariamente de inteligencia artificial - distinción decisiva si lo que se pretende regular son efectos y no etiquetas. Lo que sí habría que preguntarse si esas líneas de código de automatización si es que así lo fuera fue hecho con inteligencia artificial?
Las medidas inmediatas fueron perimetrales: correctas para la urgencia, transitorias por definición. Se bloqueó la dirección IP de origen y la plataforma recuperó su operación normal; el pleno extraordinario de la Corte Suprema solicitó un informe técnico antes de resolver, mientras el profesional involucrado canaliza el caso directamente ante el máximo tribunal. La ingeniería de sistemas ofrece aquí un vocabulario más preciso que el disciplinario: como ser colas de procesamiento asíncrono para cargas masivas legítimas, y observabilidad capaz de distinguir el uso intensivo del uso anómalo. Ninguna de esas piezas exige prohibir tecnología; todas exigen decidir, con datos, cuánto volumen debe soportar el servicio de justicia.
Las asociaciones sectoriales llegaron a la misma conclusión desde la vereda tecnológica. Legaltech Chile planteó que la automatización no equivale a inteligencia artificial y que el volumen, por sí solo, no configura abuso, y orientó la respuesta hacia el fortalecimiento de la infraestructura y el desarrollo de plataformas capaces de soportar operaciones de alto volumen. La Cámara Chilena de Inteligencia Artificial aportó la capa de gobernanza: trazabilidad de las acciones ejecutadas, mecanismos de auditoría y protocolos de respuesta ante incidentes, junto con la necesidad de distinguir el uso intensivo y legítimo de la actividad que compromete los sistemas. Leídos en conjunto, el oficio judicial y los pronunciamientos del ecosistema tecnológico-legal no describen posiciones antagónicas sino un mismo vacío observado desde dos disciplinas: falta el contrato de interoperabilidad entre la profesión jurídica y la plataforma estatal - quién puede automatizar, qué gestiones, a qué ritmo, con qué identificación y bajo qué responsabilidad.
Al cierre de esta nota no existe comunicado oficial en la sala de prensa del Poder Judicial de chile, y es razonable que así sea: pronunciarse sin diagnóstico técnico repetiría, en el plano comunicacional, el mismo apresuramiento que el incidente expone en el plano operativo. La agenda, por lo demás, ya estaba escrita: el Plan Estratégico 2026-2030 comprometió una Política Institucional de Inteligencia Artificial, la propia institución describió la “tramitación inteligente de escritos masivos” como horizonte de modernización, y existe precedente reciente de gobernanza sobre el uso profesional de IA. El incidente no contradijo esa agenda: la aceleró y le puso métricas. La pregunta que deja no es quién excedió qué, sino cuánta capacidad, qué límites y qué canales formales de carga masiva necesita una justicia digital que ya opera -lo haya planificado o no- a velocidad de máquina. Los sistemas robustos no son los que prohíben el estrés: son los que lo prevén.
