En seguridad, lo barato puede costar muy caro en Tucumán

El ataque que sufrió una familia en un country de Tafí Viejo ha despertado un debate sobre el funcionamiento de las empresas privadas de seguridad. El caso Ostengo, como ya es conocido mediáticamente, corrió otra vez un telón que dejó al descubierto la informalidad, la falta de controles y que el sueño de vivir en un lugar seguro es difícil de cumplir.

El miércoles 11 de diciembre, Andrés Ostengo estaba a punto de cenar cuando su mujer descubrió que cuatro personas habían ingresado a su casa. Todos salieron corriendo con diferentes rumbos, pero los delincuentes fueron tras los pasos del abogado y empresario. Nunca lo pudieron alcanzar y los desconocidos huyeron. El fiscal Carlos Picón investiga un caso que para algunos fue un intento de robo y para la víctima, de secuestro.

La polémica estalló porque los atacantes ingresaron por el country vecino rompiendo la tela que los separa. Haciendo averiguaciones pertinentes, la víctima descubrió que la agencia que habían contratado sus vecinos era ilegal porque no estaba inscripta en la Secretaría de Seguridad, tal como lo estipulan las normas vigentes. LA GACETA pudo confirmar que al día siguiente de que se hiciera público este caso, la administración del country cortó el vínculo con la agencia que brindaba el servicio, no por estar floja de papeles, sino por haber fallado en el trabajo que debían realizar.

“Esta es una situación muy preocupante no sólo para mi representado, sino que me animo a decir para toda la sociedad. El estado debe realizar un estricto control para poner fin y castigar la informalidad”, sostuvo Álvaro Zelarayán, representante legal de Ostengo. “Hay que tener en cuenta que estas agencias buscan a cualquiera sin preocuparse si tienen antecedentes y, sin ningún tipo de preparación, cumplen funciones de vigiladores”, añadió.

Problemas

Agustín Pelli es especialista en seguridad y hasta hace un año fue propietario de una empresa que brindaba este servicio. “Este es un problema que viene desde hace más de 25 años. La raíz del problema es que no hay un control efectivo. Hasta lo que yo sabía, la Policía tenía un móvil policial y cuatro personas para desarrollar esa tarea en toda la provincia. Imposible que hagan bien su trabajo”, explicó.

“Ahora la mirada está puesta en los countries o barrios privados, pero la realidad indica que es un problema que se inició con los famosos ‘pititos’ en los barrios. Ahora se abrió una nueva oportunidad comercial: los edificios”, sostuvo. “Muchos consorcios, por una cuestión de costos, en vez de contratar uno, dos o tres porteros, se inclinan por una agencia de seguridad”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

Son contados los barrios del Gran San Miguel de Tucumán que no cuenten con pititos. Se trata de personas que organizan un grupo que se encarga de custodiar las casas. El servicio, que en su gran mayoría tiene un valor de entre $3.000 y $5.000. “Los vecinos ignoran dos cosas fundamentales. Una es que no saben quiénes son las personas que realizan esa tarea. La otra, que no es menos importante, es que el que contrata tiene responsabilidad civil por lo que les pueda pasar o por lo que puedan hacer mientras desarrollan su tarea”, explicó Pelli.

Expensas

“El costo de las expensas incide directamente en la selección de las agencias de seguridad. Esa es una realidad que no se puede obviar”, explicó Melina Fioroni, que se dedica a la administración de consorcios de barrios cerrados o privados. “Pero también hay que tener en cuenta otro detalle: no todos estos lugares tienen la misma estructura. Uno de primer nivel, los desarrolladores incluyeron en sus proyectos sistemas de seguridad como cámaras de seguridad y mejor iluminación, por solo citar un ejemplo”, añadió.

La especialista, que también es abogada, explicó que los consorcistas se inclinan por el servicio más económico. “No les importa que se les informe que son agencias que no están habilitadas legalmente y que eso puede traer consecuencias. Sólo pretenden pagar la menor cantidad de expensas posibles”, resumió.

Fioroni estimó que contratar una agencia no autorizada es tres veces más económica que una que está en regla. “De todas maneras no es garantía de nada. A pesar de lo que muchos pueden pensar, está la posibilidad del error humano y por eso es importante elegir las empresas que tengan respaldo tecnológico. Claro que eso es más costoso”, señaló la profesional.

“Hay una dura realidad: a los propietarios les importa muy poco el servicio de seguridad y no solo hablamos de los costos, sino también de la tarea que realizan. No hay que ser especialistas para entender que no están cumpliendo con el trabajo”, sostuvo Pelli.

Zelarayán también dijo que recomendaría a los tucumanos que agoten todos los medios para asegurarse de la legalidad, idoneidad y seriedad de las agencias que contratan. “También sería muy importante que por reglamento o estatuto de los barrios privados se debería exigir que todos sus empleados tengan un certificado de buena conducta e incluso un informe del registro nacional de reincidencia”, insistió.

Fioroni dijo que en los consorcios que ellas administran toman esos recaudos. “Tambíen es importante aclarar que todas las personas que trabajan en esos lugares se las revisa cuando entran y salen. En Buenos Aires, por la cantidad de hechos que se registraron, están haciendo controles en los autos de los residentes”, finalizó.

Recomendaciones

- Contratar agencias de seguridad que estén autorizadas a brindar el servicio.

- En caso de no hacerlo, solicitar informes sobre los antecedentes de las personas que realizan el trabajo.

- Informar a la Policía sobre cualquier situación extraña que se detecte con los empleados.

- Exigir al consorcio que identifique correctamente a las personas que ingresan al barrio.

- Exhortar a los administradores que denuncien todos los casos de inseguridad que se registren.

- Controlar la tarea que llevan adelante los agentes de seguridad.

Números oficiales

Hay 90 empresas autorizadas a brindar seguridad en todo la provincia

“El caso registrado en el country de Tafí Viejo movilizó a los propietarios de las empresas de seguridad. Comenzaron a presentar los papeles de todos los empleados”, aseguró el secretario de Seguridad Gustavo Vizcarra, que tiene a su cargo el control de las agencias. “Estamos ocupándonos permanentemente del tema, pero cada vez es más complicado. Por una cuestión económica cada vez son más los tucumanos los que recurren a estos servicios”, añadió el funcionario.

Según los registros oficiales, en toda la provincia hay inscriptas 90 agencias y cada una tendría unos 500 empleados, ya que en la base de datos oficial hay 45.000 empleados que se dedican a realizar esta tarea.

“Vamos a realizar una especie de censo en todos los countries y barrios privados para determinar quiénes son los que están brindando el servicio”, explicó el jefe de Policía Joaquín Girveau.

“El mayor problema es la falta de controles. Es como si las autoridades salieran a cazar a zoológicos. Es fácil controlar a las empresas de seguridad que están registradas, lo difícil es combatir la informalidad”, comentó Agustín Pelli, experto en seguridad.

Un recurso

Algunos opinan que no importa los riesgos, la clave es pagar poco para estar seguros

“Vivo en el barrio Modelo desde hace más de 30 años. Después de la muerte de mi marido, comencé a vivir más segura desde el día que se presentó un muchachito para ofrecer el servicio de vigía. Acepté el ofrecimiento hace más de 10 años y nunca me pasó nada”, dijo María Laura Abdala. “La verdad es que ni sé cómo se llaman los chicos. Siempre van cambiando, pero son muy educados y no tengo por qué sospechar de ellos”, añadió.

El experto en seguridad Agustín Pelli dijo que los sistemas barriales ya están tan instalados en la sociedad, que es imposible pensar en combatirlos. “No deja de llamarme la atención que muchos de estos ‘pititos’ usen un chaleco de policías. ¿De dónde lo sacan? Siempre pienso que puede ser un efectivo que convoca a gente para que brinde este servicio. Contratan a cualquiera por dos mangos y brinda el servicio. El drama es que nadie sabe quién es ese cualquiera. Puede ser un espía que vende datos para que delincuentes cometan ilícitos fuera del horario en el que ellos están para no levantar sospechas”, indicó.

“Esa es una de nuestras mayores preocupaciones. Cualquiera recluta personas desempleadas y les entrega un arma para que hagan un tiro al aire o les dan una tumbera. Así ni pueden proteger a nadie”, declaró el jefe de Policía Joaquín Girveau.

Los countries y los barrios privados tampoco se salvan de los robos. “No existe el lugar perfecto para vivir. Puede contar con la mejor agencia de seguridad, pero puede haber una falla que termina con un delito contra la propiedad”, insistió la administradora de consorcios Melina Fironi. “A estos barrios ingresa mucha gente, muchísima más de lo que muchos creen. Desde un obrero hasta una empleada doméstica, desde el jardinero hasta el limpiador de piletas. Cualquiera puede brindar información a los delincuentes”, comentó. “Pero también hay otra realidad. Muchos porque creen que viven en un country creen que están a salvo. Las sorpresas llegan cuando desaparece una bicicleta que dejaron en el frente del jardín o sufren algún tipo de hurto porque no dejaron trabada una ventana”, finalizó.

Otra tendencia

Los edificios también están recurriendo a agencias para reemplazar a porteros

“Las expensas se fueron a las nubes. En nuestro edificio teníamos porteros desde las seis de la mañana hasta las 20. Gastábamos una fortuna. Cuando se jubilaron los dos, un consorcista llevó la propuesta de que contratáramos a una empresa de seguridad y a otra de limpieza para que realizaran las tareas de los porteros”, explicó María Laura Ramírez. “Cuando tiró los presupuestos y nos dimos cuenta de que se reducirían los gastos en un 60%, no dudamos en aceptar. La verdad que nunca me interesé en saber si eran legales o no, pensé mi bolsillo”, reconoció la mujer. La administradora Melina Fioroni destacó que las expensas tuvieron un incremento por el valor del servicio de energía eléctrica. “En los barrios privados, como en los edificios, el consumo de los espacios comunes es muy importante. Conozco casos de personas que terminaron pagando más de expensas que de alquiler. Por eso comenzaron a pedir la reducción de costos, uno de ellos fue el de la seguridad”, explicó la profesional. “Mientras la crisis económica siga reinando en el país, se mantendrán este tipo de fenómenos, pero lamentablemente la gente no se da cuenta que eso puede tener un costo”, explicó Pablo Caballero que vive en un edificio donde pretendieron hacer el cambio de portero por un agente de seguridad. “Cuando constataron lo que había que pagar en una empresa de seguridad, empezaron a ver al portero con más cariño”, bromeó.