18 Septiembre 2023
Definitivamente resignado a que el actual gobierno sea una permanente fuente generadora de malas noticias, nos acabamos de desayunar con la última de esta semana: la justicia estadounidense falló en contra del país, por 16.000 millones de dólares, en una demanda por la reestatización incorrecta de una parte de sus acciones en 2012, durante el mandato de la actual vicepresidenta. Es el monto más elevado en contra de un país en la justicia norteamericana. A esto habría que sumarle un interés anual de U$S 1.500 millones por año hasta que se negocie un acuerdo. Este caso pinta de cuerpo entero el desastroso manejo de la cosa pública que hace el justicialismo. Comencemos por el principio: en 1992, el presidente Menem privatiza la empresa, entre varias otras. Por ese motivo, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kkirchner, ferviente impulsor de la medida, recibe 600 millones de dólares en concepto de “regalías mal liquidadas”. Hasta la fecha, se desconoce el destino de esos dineros públicos. Ya privatizada, durante su segundo mandato el mismo Néstor Kirchner presiona a la empresa propietaria, Repsol, para que “venda”, sin recibir una sola moneda, parte de sus acciones a un grupo empresario “amigo” suyo, ¡Oh casualidad! dueño del Banco de Santa Cruz. Este verdadero atropello a la seguridad jurídica produjo el vaciamiento de la empresa. Ante esto, en 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner reestatizó la empresa con Axel Kicillof al frente de dicho cometido, en ese momento ministro de Economía. Vía decreto de intervención y con medidas ilegales y confiscatorias, la empresa volvió a manos del Estado, recibiendo Repsol, sus propietarios, solamente 5.000 millones de dólares. Los mismos, entonces, vendieron todos sus derechos al fondo Burford, uno de los llamados “fondos buitres”, los que iniciaron la actual demanda contra el país por la liquidación irregular de las acciones de la empresa. Todo este proceso se hizo violando la ley y los estatutos y desoyendo todas las voces que alertaban sobre semejante irregularidad. O sea, no estamos hablando únicamente de “mala praxis”. Queda al descubierto ante todo el mundo la falacia justicialista cuando hablan de soberanía energética y defensa de los intereses de la nación… todo, absolutamente todo, son negociados en exclusivo provecho personal…y que los vamos a pagar todos los argentinos con nuestros propios sangre, sudor y lágrimas.
Ricardo A. Rearte
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