29 Marzo 2002
El escándalo de las libretas sanitarias que expedía irregularmente la Asistencia Pública puede derivar en sanciones contra los responsables de su implementación, al haberse adulterado el texto de una ley para justificar la iniciativa.
De acuerdo con una ordenanza que aprobó por unanimidad el Concejo Deliberante, según la cual se disponía que se suspenda el otorgamiento de la libreta por parte de la Dirección de Salud del municipio-, se deberá "mantener la vigencia del carnet de sanidad para todos los comercios y demás actividades con atención al público, por un valor de $10,50".
"La Dirección de Salud deberá proceder a reemplazar la libreta sanitaria por el carnet de sanidad a quienes lo soliciten, reintegrándose la diferencia de valores entre ellos", indica la ordenanza.
En su artículo tercero, la ordenanza dispone que Fiscalía Municipal deberá analizar la normativa del Código Alimentario, su aplicación y alcance en el municipio, e investigar quién o quiénes implementaron la Libreta Sanitaria Nacional Unica en la Asistencia Pública y quiénes adulteraron el texto expreso de la Ley 18.284.
Más costoso
La Dirección de Salud municipal había reemplazado en enero el antiguo carnet de sanidad -que costaba $10,50- por un documento mucho más oneroso. Mantuvo la obligación de poseerlo a todos los empleados de comercio, cuando el Código Alimentario especifica que la libreta es sólo para "personal de fábricas y comercios de alimentación". Para salvar la restricción, se habría alterado apenas un monosílabo del texto original, de tal manera que en el formulario municipal reza: "El personal de fábricas y comercios y alimentación,...". El programa de Libreta Sanitaria Nacional Unica debe ser implementado por las autoridades bromatológicas provinciales y no persigue un objetivo recaudador sino formador, según definió en su momento la directora de Bromatología del Siprosa, Olga Apud de Moisés. La principal finalidad del programa consiste en la capacitación para el personal manipulador de alimentos, a fin de prevenir la contaminación alimentaria.
De acuerdo con una ordenanza que aprobó por unanimidad el Concejo Deliberante, según la cual se disponía que se suspenda el otorgamiento de la libreta por parte de la Dirección de Salud del municipio-, se deberá "mantener la vigencia del carnet de sanidad para todos los comercios y demás actividades con atención al público, por un valor de $10,50".
"La Dirección de Salud deberá proceder a reemplazar la libreta sanitaria por el carnet de sanidad a quienes lo soliciten, reintegrándose la diferencia de valores entre ellos", indica la ordenanza.
En su artículo tercero, la ordenanza dispone que Fiscalía Municipal deberá analizar la normativa del Código Alimentario, su aplicación y alcance en el municipio, e investigar quién o quiénes implementaron la Libreta Sanitaria Nacional Unica en la Asistencia Pública y quiénes adulteraron el texto expreso de la Ley 18.284.
Más costoso
La Dirección de Salud municipal había reemplazado en enero el antiguo carnet de sanidad -que costaba $10,50- por un documento mucho más oneroso. Mantuvo la obligación de poseerlo a todos los empleados de comercio, cuando el Código Alimentario especifica que la libreta es sólo para "personal de fábricas y comercios de alimentación". Para salvar la restricción, se habría alterado apenas un monosílabo del texto original, de tal manera que en el formulario municipal reza: "El personal de fábricas y comercios y alimentación,...". El programa de Libreta Sanitaria Nacional Unica debe ser implementado por las autoridades bromatológicas provinciales y no persigue un objetivo recaudador sino formador, según definió en su momento la directora de Bromatología del Siprosa, Olga Apud de Moisés. La principal finalidad del programa consiste en la capacitación para el personal manipulador de alimentos, a fin de prevenir la contaminación alimentaria.
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