18 Diciembre 2007
La nueva integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió descomprimir la imagen negativa que tenía la sociedad sobre el Poder Judicial, y ahora no existe un alto nivel de desconfianza sobre él, a criterio del vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Damián Loreti (foto).
“Este giro en la percepción comenzó cuando el ex presidente Néstor Kirchner explicó qué era lo que había ocurrido en el tribunal, por cadena nacional, a poco de asumir el cargo. A poco de andar, la nueva composición de la Corte hizo cambios muy importantes: todas sus novedades están en la página web oficial; se creó una vocería que puede ser perfectible, pero está bien; se abrió la participación de los amicus curiae para recibir opiniones de derecho en casos de evidente interés público; se manifiesta la tendencia de los jueces de hablar más en público que en otras épocas; no aparecen grandes movilizaciones sociales por arbitrariedades a las puertas de los tribunales y se fijaron reglas para que los abogados de una parte no se puedan reunir con los jueces de la Corte sin la presencia de los representantes de la otra parte”, destacó, en una entrevista con Tribunales de LA GACETA.
- ¿Cuál es el punto en común de estos cambios?
- Son mecanismos de transparencia, que completan un tratamiento distinto y más cuidadoso de la Justicia, y a los que se suma que, desde el Poder Ejecutivo Nacional, se produjo el rechazo a las renuncias de algunos magistrados. También hubo gran impacto de fallos que implicaron una nueva jurisprudencia como en ART; topes a las indemizaciones; el corralito; jubilaciones y vales alimentarios. Es una mirada distinta del derecho de fondo y obligará a cambios legislativos importantes, ya que hay pronunciamientos que le marcan la agenda al Congreso. La sociedad tiene la sensación de que sus derechos de fondo están mejor resguardados que en otros años.
- ¿Qué falta?
- Creo que faltan mecanismos para que toda esta reforma baje hacia las instancias inferiores, para que se hagan más amigables con la sociedad y se facilite el acercamiento de los periodistas y de los ciudadanos comunes a la vida judicial. Se debe avanzar en hacer una Justicia más abierta, que explique cómo funciona, que sea más ilustrativa en algunas cuestiones. No hay que limitarse a la aceleración de los procesos y a ciertos retoques en los códigos de procedimiento, sino apuntar a que la gente pueda empaparse de lo que ocurre en el Derecho. En alguna época, eso fue facilitado por la televisación de los juicios orales y de derechos humanos.
- ¿La asunción de Aníbal Fernández como ministro de Justicia implica una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y la Corte?
- No creo que la política judicial sea una impronta de los ministros, aunque sí habrá un cambio en las relaciones entre poderes. El estilo de Fernández me parece más activo que el de su antecesor en el cargo, Alberto Iribarne, con más presencia. Pero le tocará una instancia complicada como es pegar justicia con seguridad y derechos humanos en una misma cartera, que es un cóctel que lo debe mantener muy alerta. No son intereses necesariamente contradictorios, pero sí complejos que deben ser tratados con delicadeza, ya que algunos de los actores pueden entrar en contradicción.
- En su primer discurso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner insistió en el reclamo a los jueces para que paguen Ingresos Brutos...
- La gente no está mirando si los jueces pagan o no impuestos, no es una cuestión de evidente interés público ni es una violación grave al Estado de Derecho o una cuestión de privilegios que no lo hagan, lo que no pone en riesgo ningún principio fundamental. El tema es bastante complejo de articular: se debe determinar cómo se mantiene la indemnidad salarial de los magistrados, sobre la que hay un mandato de la Constitución en función de la garantía de su independencia, con la imposición del pago de impuestos que pueden ser variables. Modificar la alícuota impositiva implica una alteración en el salario. Es muy complejo de resolver, e incluso en una época hubo planteos por ajustes salariales en períodos en que no existía inflación, aduciendo que los magistrados sufrían un deterioro de sus ingresos reales. Si alguien quiere discutirlo en serio, hay que reveer la Constitución. Se puede tener una Justicia transparente, con reglas de aumento salarial atadas a disposiciones claras.
- ¿Qué opina de la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces?
- La decisión del Consejo de la Magistratura de reformular el reglamento para acceder a las declaraciones patrimoniales es de una relevancia sustantiva, ya que los acercan a la sociedad.
- ¿Cuáles son las deudas del Estado relativo a la libertad de expresión?
- La primera es la sanción de una ley para el acceso a la información pública que involucre no sólo al PEN, sino también a los poderes Legislativo y Judicial y a órganos independientes como el Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo y otros que sean extrapoder. Todos deben estar entre los obligados a dar información en base a tópicos, reglas y eventuales sanciones a los incumplimientos reticentes y maliciosos. También se deben modificar los códigos Penal y Civil para incorporar los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la real malicia, que es la despenalización de las calumnias e injurias por manifestaciones de cuestiones de interés público y sancionar una nueva ley de radiodifusión. Hay otras cosas que no tienen el mismo nivel de urgencia, aunque sean más modernas, como la regulación de la publicidad oficial (cuya distribución es, ciertamente, un problema) y de mecanismos de desconcentración y desmonopolización de los medios de comunicación.
- ¿La prensa atraviesa un período crítico respecto al poder institucional?
- Hay claroscuros. Los periodistas se quejan a veces con razón y otras, no tanto. No creo que estemos en la peor época de la relación del periodismo con el Estado; no hubo tentativa de violaciones desde la Justicia al secreto profesional, no hay periodistas golpeados, como en otras épocas, y es opinable que no se brinden conferencias de prensa, con posibilidad de repreguntas, aunque recuerdo que hubo circunstancias en que los ministros se paraban en la puerta de sus casas y armaban la agenda periodística del día, lo cual tampoco era bueno. En el contexto de América latina no estamos tan mal.
“Este giro en la percepción comenzó cuando el ex presidente Néstor Kirchner explicó qué era lo que había ocurrido en el tribunal, por cadena nacional, a poco de asumir el cargo. A poco de andar, la nueva composición de la Corte hizo cambios muy importantes: todas sus novedades están en la página web oficial; se creó una vocería que puede ser perfectible, pero está bien; se abrió la participación de los amicus curiae para recibir opiniones de derecho en casos de evidente interés público; se manifiesta la tendencia de los jueces de hablar más en público que en otras épocas; no aparecen grandes movilizaciones sociales por arbitrariedades a las puertas de los tribunales y se fijaron reglas para que los abogados de una parte no se puedan reunir con los jueces de la Corte sin la presencia de los representantes de la otra parte”, destacó, en una entrevista con Tribunales de LA GACETA.
- ¿Cuál es el punto en común de estos cambios?
- Son mecanismos de transparencia, que completan un tratamiento distinto y más cuidadoso de la Justicia, y a los que se suma que, desde el Poder Ejecutivo Nacional, se produjo el rechazo a las renuncias de algunos magistrados. También hubo gran impacto de fallos que implicaron una nueva jurisprudencia como en ART; topes a las indemizaciones; el corralito; jubilaciones y vales alimentarios. Es una mirada distinta del derecho de fondo y obligará a cambios legislativos importantes, ya que hay pronunciamientos que le marcan la agenda al Congreso. La sociedad tiene la sensación de que sus derechos de fondo están mejor resguardados que en otros años.
- ¿Qué falta?
- Creo que faltan mecanismos para que toda esta reforma baje hacia las instancias inferiores, para que se hagan más amigables con la sociedad y se facilite el acercamiento de los periodistas y de los ciudadanos comunes a la vida judicial. Se debe avanzar en hacer una Justicia más abierta, que explique cómo funciona, que sea más ilustrativa en algunas cuestiones. No hay que limitarse a la aceleración de los procesos y a ciertos retoques en los códigos de procedimiento, sino apuntar a que la gente pueda empaparse de lo que ocurre en el Derecho. En alguna época, eso fue facilitado por la televisación de los juicios orales y de derechos humanos.
- ¿La asunción de Aníbal Fernández como ministro de Justicia implica una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y la Corte?
- No creo que la política judicial sea una impronta de los ministros, aunque sí habrá un cambio en las relaciones entre poderes. El estilo de Fernández me parece más activo que el de su antecesor en el cargo, Alberto Iribarne, con más presencia. Pero le tocará una instancia complicada como es pegar justicia con seguridad y derechos humanos en una misma cartera, que es un cóctel que lo debe mantener muy alerta. No son intereses necesariamente contradictorios, pero sí complejos que deben ser tratados con delicadeza, ya que algunos de los actores pueden entrar en contradicción.
- En su primer discurso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner insistió en el reclamo a los jueces para que paguen Ingresos Brutos...
- La gente no está mirando si los jueces pagan o no impuestos, no es una cuestión de evidente interés público ni es una violación grave al Estado de Derecho o una cuestión de privilegios que no lo hagan, lo que no pone en riesgo ningún principio fundamental. El tema es bastante complejo de articular: se debe determinar cómo se mantiene la indemnidad salarial de los magistrados, sobre la que hay un mandato de la Constitución en función de la garantía de su independencia, con la imposición del pago de impuestos que pueden ser variables. Modificar la alícuota impositiva implica una alteración en el salario. Es muy complejo de resolver, e incluso en una época hubo planteos por ajustes salariales en períodos en que no existía inflación, aduciendo que los magistrados sufrían un deterioro de sus ingresos reales. Si alguien quiere discutirlo en serio, hay que reveer la Constitución. Se puede tener una Justicia transparente, con reglas de aumento salarial atadas a disposiciones claras.
- ¿Qué opina de la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces?
- La decisión del Consejo de la Magistratura de reformular el reglamento para acceder a las declaraciones patrimoniales es de una relevancia sustantiva, ya que los acercan a la sociedad.
- ¿Cuáles son las deudas del Estado relativo a la libertad de expresión?
- La primera es la sanción de una ley para el acceso a la información pública que involucre no sólo al PEN, sino también a los poderes Legislativo y Judicial y a órganos independientes como el Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo y otros que sean extrapoder. Todos deben estar entre los obligados a dar información en base a tópicos, reglas y eventuales sanciones a los incumplimientos reticentes y maliciosos. También se deben modificar los códigos Penal y Civil para incorporar los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la real malicia, que es la despenalización de las calumnias e injurias por manifestaciones de cuestiones de interés público y sancionar una nueva ley de radiodifusión. Hay otras cosas que no tienen el mismo nivel de urgencia, aunque sean más modernas, como la regulación de la publicidad oficial (cuya distribución es, ciertamente, un problema) y de mecanismos de desconcentración y desmonopolización de los medios de comunicación.
- ¿La prensa atraviesa un período crítico respecto al poder institucional?
- Hay claroscuros. Los periodistas se quejan a veces con razón y otras, no tanto. No creo que estemos en la peor época de la relación del periodismo con el Estado; no hubo tentativa de violaciones desde la Justicia al secreto profesional, no hay periodistas golpeados, como en otras épocas, y es opinable que no se brinden conferencias de prensa, con posibilidad de repreguntas, aunque recuerdo que hubo circunstancias en que los ministros se paraban en la puerta de sus casas y armaban la agenda periodística del día, lo cual tampoco era bueno. En el contexto de América latina no estamos tan mal.
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