14 Diciembre 2007
Cruz fue desalojado de las Ruinas de Quilmes
El procedimiento se hizo en forma sorpresiva, y estuvo a cargo de funcionarios del Ente Tucumán Turismo y de la Fiscalía de Estado provincial. El complejo incluye la antigua ciudadela de los quilmes, un museo, una confitería y un hotel. La concesión había vencido en diciembre de 2002. Estará cerrado al turismo.
TAREA CUMPLIDA. El fiscal adjunto Pedro Giúdice se retira tras el desalojo. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
CONCEPCION.- El complejo turístico Ruinas de Quilmes, que comprende la antigua ciudadela indígena -considera por su ciudad sagrada por la comunidad de los quilmes-, un museo, una confitería y el hotel El Parador, fue recuperado ayer por el Ente Tucumán Turismo, que desalojó del lugar al empresario Héctor Cruz.
La medida fue ejecutada por el fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Pedro Giúdice, en cumplimiento de un decreto del gobernador, José Alperovich, firmado el 22 de julio pasado. En virtud del documento, se facultó al Ente de Turismo para que desaloje al concesionario y se haga cargo del predio arqueológico.
La concesión a Cruz está vencida desde diciembre de 2002, pero el empresario continuó explotando el predio. La comunidad indígena, tras diversas presentaciones administrativas y judiciales, logró el decreto de julio pasado. Como tampoco obtuvo respuestas, hace 15 días inició una protesta que mantenía bloqueado el acceso a las ruinas. La medida de fuerza concluyó tras el sorpresivo operativo de desalojo.
En cinco horas
El fiscal adjunto llegó al lugar alrededor de las 11, acompañado por unos 35 agentes de la Unidad Regional Oeste de la Policía provincial. El comisario Carlos Soria, quien estaba a cargo del operativo, comentó que la disposición se ejecutó sin problemas, pese a que en un principio los ocupantes del predio se habían negado a abrir las puertas. El operativo se facilitó cuando llegó Cruz y permitió el ingreso de Giúdice, de los representantes del Ente de Turismo y de los policías. El empresario, por su parte, convocó a una escribana y a un letrado para que documenten las medidas que se ejecutaron. Cerca de las 16 el procedimiento ya había concluido.
"Del complejo tomó posesión el administrador del Ente, César Terán Colombres. A la vez, en el lugar va a quedar otro administrador que dispondrá de la colaboración de la Policía para proteger la zona. Todo esta bien", afirmó el fiscal Giúdice al retirarse de la zona, entre los aplausos de un grupo de miembros de la comunidad de los quilmes que se encontraban instalados en el camino de acceso a las ruinas. Giúdice advirtió que por el momento la "Ciudad Sagrada" permanecerá cerrada para las visitas, hasta tanto se diriman aspectos relacionados con el funcionamiento del complejo.
Participación
La comunidad de los quilmes reclama que le den participación en la explotación del complejo turístico, debido a que consideran que las ruinas son un patrimonio arqueológico que les pertenece, al igual que las tierras.
Valentina García Saleme, abogada de la Fundación Abogados del Noroeste en Defensa de los Derechos Humanos (Andhes), explicó que el desalojo administrativo de Cruz cristaliza un viejo anhelo de la comunidad indígena. "Esta gente luchó sin tregua contra la injusticia que representaba la explotación de un vestigio de sus antepasados por parte de alguien que tenía la concesión vencida y nunca pagó los cánones correspondientes" apuntó. "Ahora, en una mesa de diálogo en la que participan la comunidad, el Ente de Turismo, la UNT, el Instituto Nacional del Asuntos Indígenas (INAI) y Andhes, se va a tratar de profundizar en la discusión que apunta a lograr la recuperación total del complejo. "Lo de hoy es un primer paso que costó bastante darlo. Pero estamos seguros de que ahora, amparados por la Constitución Nacional y otras normas, lograremos que a esta gente se le restituya lo que le pertenece", dijo la letrada. (C)
La medida fue ejecutada por el fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Pedro Giúdice, en cumplimiento de un decreto del gobernador, José Alperovich, firmado el 22 de julio pasado. En virtud del documento, se facultó al Ente de Turismo para que desaloje al concesionario y se haga cargo del predio arqueológico.
La concesión a Cruz está vencida desde diciembre de 2002, pero el empresario continuó explotando el predio. La comunidad indígena, tras diversas presentaciones administrativas y judiciales, logró el decreto de julio pasado. Como tampoco obtuvo respuestas, hace 15 días inició una protesta que mantenía bloqueado el acceso a las ruinas. La medida de fuerza concluyó tras el sorpresivo operativo de desalojo.
En cinco horas
El fiscal adjunto llegó al lugar alrededor de las 11, acompañado por unos 35 agentes de la Unidad Regional Oeste de la Policía provincial. El comisario Carlos Soria, quien estaba a cargo del operativo, comentó que la disposición se ejecutó sin problemas, pese a que en un principio los ocupantes del predio se habían negado a abrir las puertas. El operativo se facilitó cuando llegó Cruz y permitió el ingreso de Giúdice, de los representantes del Ente de Turismo y de los policías. El empresario, por su parte, convocó a una escribana y a un letrado para que documenten las medidas que se ejecutaron. Cerca de las 16 el procedimiento ya había concluido.
"Del complejo tomó posesión el administrador del Ente, César Terán Colombres. A la vez, en el lugar va a quedar otro administrador que dispondrá de la colaboración de la Policía para proteger la zona. Todo esta bien", afirmó el fiscal Giúdice al retirarse de la zona, entre los aplausos de un grupo de miembros de la comunidad de los quilmes que se encontraban instalados en el camino de acceso a las ruinas. Giúdice advirtió que por el momento la "Ciudad Sagrada" permanecerá cerrada para las visitas, hasta tanto se diriman aspectos relacionados con el funcionamiento del complejo.
Participación
La comunidad de los quilmes reclama que le den participación en la explotación del complejo turístico, debido a que consideran que las ruinas son un patrimonio arqueológico que les pertenece, al igual que las tierras.
Valentina García Saleme, abogada de la Fundación Abogados del Noroeste en Defensa de los Derechos Humanos (Andhes), explicó que el desalojo administrativo de Cruz cristaliza un viejo anhelo de la comunidad indígena. "Esta gente luchó sin tregua contra la injusticia que representaba la explotación de un vestigio de sus antepasados por parte de alguien que tenía la concesión vencida y nunca pagó los cánones correspondientes" apuntó. "Ahora, en una mesa de diálogo en la que participan la comunidad, el Ente de Turismo, la UNT, el Instituto Nacional del Asuntos Indígenas (INAI) y Andhes, se va a tratar de profundizar en la discusión que apunta a lograr la recuperación total del complejo. "Lo de hoy es un primer paso que costó bastante darlo. Pero estamos seguros de que ahora, amparados por la Constitución Nacional y otras normas, lograremos que a esta gente se le restituya lo que le pertenece", dijo la letrada. (C)
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