04 Febrero 2004
SITUACION COMPLICADA. Miguel Angel Orellana negó en todo momento haber secuestrado y matado a su ex empleado.
Miguel Angel "Piki" Orellana y varios de sus allegados podrían ser juzgados durante este año por el asesinato de Adrián Angel Mansilla. Ello ocurrirá si prospera el pedido de elevación a juicio de la causa que realizó la fiscal María Raquel Asís, el 30 de diciembre pasado, y que se conoció oficialmente ayer.
La jueza de Instrucción Emma Lidia de Nucci deberá resolver en los próximos días si "Piki" será juzgado por los cargos de participación primaria en los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas, privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado que le endilga la fiscal.
La misma acusación pesa sobre Omar "Anaconda" Carrizo, Marcelo "Mudo" Romano, Marcelo "Negro" García, Angel "Beto" Ibarra y Tomás "Cordobés" Ceballos, quienes supuestamente participaron en el secuestro de Mansilla el 17 de agosto pasado en la ex terminal de ómnibus, para luego matarlo y enterrarlo en Famaillá, de donde es la mayoría de ellos.
Antes, según la acusación fiscal, fueron a la casa de Mansilla, en Villa 9 de Julio, donde habrían amenazado a su familia para que les dijeran dónde estaba el muchacho. A él lo acusaban de un supuesto robo que habría ocurrido el día antes en el "todo por $ 2" que "Piki" tiene en 24 de Septiembre al 200, y en el que Mansilla había trabajado hasta poco antes. La fiscal Asís, en tanto, pidió que en juicio oral se acuse al arrepentido Carlos "Pirucho" Chávez por su supuesta participación secundaria en los delitos de amenazas agravadas y privación ilegítima de la libertad. Los dichos de Chávez permitieron encontrar los restos de Mansilla en Famaillá, un mes después del crimen. Todos los mencionados permanecen detenidos.
Sobreseimientos
Por otra parte, la fiscal solicitó el sobreseimiento del barrabrava de San Martín José "Chino" Sarmiento, de Pedro Véliz (secretario del intendente de Famaillá y hermano de "Piki", José Orellana), de Francisco Hugo Noguera y de Hugo Palavecino, por entender que no hay elementos de prueba acerca de su supuesta participación en los hechos.
Además de la confesión de Chávez, la Justicia tuvo en cuenta el hallazgo de manchas de sangre en vehículos pertenecientes a familiares de "Piki" y que habían sido mencionados por testigos del secuestro; y los dichos de varias personas que vieron ese episodio y que reconocieron a algunos de los imputados, y los de parientes de Mansilla que dijeron haber sido amenazados por el grupo.
Tal vez en el juicio oral pueda saberse quién mató a Mansilla, puesto que hasta el momento se desconoce quién lo ejecutó obligándolo a ponerse de rodillas en el piso.
En caso de ser hallado culpable en el juicio, "Piki" y los cuatro hombres que están en su misma situación podrían ser condenados a prisión perpetua.
En el juicio oral deberá resolverse cuánto dinero se le dará a la familia de Mansilla por su muerte. Ellos, a través del abogado Carlos Posse, anticiparon un pedido de $1.800.000 en concepto de indemnización.
Una mujer le exige a un legislador una indemnización
El legislador Juan Enrique Orellana enfrentaría un nuevo problema judicial. Estela de Roldán, quien lo acusa de haberla golpeado brutalmente el 21 de enero de 2002, solicitó judicialmente una indemnización de $ 132.000.
La presentación que efectuó su abogado, Salvador Iovanne, no apunta sólo al legislador, sino también al Gobierno de la Provincia y a la municipalidad de Famaillá (Orellana era intendente en ese entonces) como responsables solidarios.La causa penal está siendo estudiada por el juez de Instrucción Víctor Pérez, quien debe decidir si la eleva a juicio tal como se lo pidió el fiscal Héctor Abraham Musi.
Clima político
Iovanne justificó la acusación civil contra el municipio por el "enrarecido clima político" que había por esos días. Respecto de los fueros de los que goza Orellana, la presentación realizada en la Cámara Contencioso Administrativo indica que por tratarse de un hecho anterior a que los adquiriera, no pueden ser tenidos en cuenta.
Sin embargo, constitucionalistas consultados por LA GACETA indicaron que de todos modos Orellana deberá perder sus privilegios para ser juzgado.
Tras la golpiza que recibió, la mujer estuvo postrada cerca de un mes y sufrió una fractura de mandíbula que le impidió comer por más de 60 días.
La jueza de Instrucción Emma Lidia de Nucci deberá resolver en los próximos días si "Piki" será juzgado por los cargos de participación primaria en los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas, privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado que le endilga la fiscal.
La misma acusación pesa sobre Omar "Anaconda" Carrizo, Marcelo "Mudo" Romano, Marcelo "Negro" García, Angel "Beto" Ibarra y Tomás "Cordobés" Ceballos, quienes supuestamente participaron en el secuestro de Mansilla el 17 de agosto pasado en la ex terminal de ómnibus, para luego matarlo y enterrarlo en Famaillá, de donde es la mayoría de ellos.
Antes, según la acusación fiscal, fueron a la casa de Mansilla, en Villa 9 de Julio, donde habrían amenazado a su familia para que les dijeran dónde estaba el muchacho. A él lo acusaban de un supuesto robo que habría ocurrido el día antes en el "todo por $ 2" que "Piki" tiene en 24 de Septiembre al 200, y en el que Mansilla había trabajado hasta poco antes. La fiscal Asís, en tanto, pidió que en juicio oral se acuse al arrepentido Carlos "Pirucho" Chávez por su supuesta participación secundaria en los delitos de amenazas agravadas y privación ilegítima de la libertad. Los dichos de Chávez permitieron encontrar los restos de Mansilla en Famaillá, un mes después del crimen. Todos los mencionados permanecen detenidos.
Sobreseimientos
Por otra parte, la fiscal solicitó el sobreseimiento del barrabrava de San Martín José "Chino" Sarmiento, de Pedro Véliz (secretario del intendente de Famaillá y hermano de "Piki", José Orellana), de Francisco Hugo Noguera y de Hugo Palavecino, por entender que no hay elementos de prueba acerca de su supuesta participación en los hechos.
Además de la confesión de Chávez, la Justicia tuvo en cuenta el hallazgo de manchas de sangre en vehículos pertenecientes a familiares de "Piki" y que habían sido mencionados por testigos del secuestro; y los dichos de varias personas que vieron ese episodio y que reconocieron a algunos de los imputados, y los de parientes de Mansilla que dijeron haber sido amenazados por el grupo.
Tal vez en el juicio oral pueda saberse quién mató a Mansilla, puesto que hasta el momento se desconoce quién lo ejecutó obligándolo a ponerse de rodillas en el piso.
En caso de ser hallado culpable en el juicio, "Piki" y los cuatro hombres que están en su misma situación podrían ser condenados a prisión perpetua.
En el juicio oral deberá resolverse cuánto dinero se le dará a la familia de Mansilla por su muerte. Ellos, a través del abogado Carlos Posse, anticiparon un pedido de $1.800.000 en concepto de indemnización.
Una mujer le exige a un legislador una indemnización
El legislador Juan Enrique Orellana enfrentaría un nuevo problema judicial. Estela de Roldán, quien lo acusa de haberla golpeado brutalmente el 21 de enero de 2002, solicitó judicialmente una indemnización de $ 132.000.
La presentación que efectuó su abogado, Salvador Iovanne, no apunta sólo al legislador, sino también al Gobierno de la Provincia y a la municipalidad de Famaillá (Orellana era intendente en ese entonces) como responsables solidarios.La causa penal está siendo estudiada por el juez de Instrucción Víctor Pérez, quien debe decidir si la eleva a juicio tal como se lo pidió el fiscal Héctor Abraham Musi.
Clima político
Iovanne justificó la acusación civil contra el municipio por el "enrarecido clima político" que había por esos días. Respecto de los fueros de los que goza Orellana, la presentación realizada en la Cámara Contencioso Administrativo indica que por tratarse de un hecho anterior a que los adquiriera, no pueden ser tenidos en cuenta.
Sin embargo, constitucionalistas consultados por LA GACETA indicaron que de todos modos Orellana deberá perder sus privilegios para ser juzgado.
Tras la golpiza que recibió, la mujer estuvo postrada cerca de un mes y sufrió una fractura de mandíbula que le impidió comer por más de 60 días.
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