El Gobierno Nacional paso a planta permanente a 7.000 empleados contratados

El Gobierno Nacional paso a planta permanente a 7.000 empleados contratados

Se trata de personas que trabajaban con contratos temporales.

MARCOS PEÑA. El jefe de Gabinete. CAPTURA DE VIDEO MARCOS PEÑA. El jefe de Gabinete. CAPTURA DE VIDEO
20 Marzo 2018

El Gobierno Nacional dispuso el pase a planta permanente de 7.000 empleados que antes trabajaban en el Estado como contratados. La medida, anunciada ayer en el Boletín Oficial, tiene lugar en medio de la implementación de una política de austeridad.

Según advirtieron desde el Ministerio de Gobierno, corresponde a "vacantes que se habilitan para ir pasando a planta a aquellas personas que trabajan hace más de 10 años en el Estado con un contrato".

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Entre los argumentos de la resolución, se afirma que "con el objeto de profundizar las medidas orientadas a asegurar las convocatorias para la cobertura de los cargos de planta permanente y continuando con el plan de regularización de acceso a la carrera administrativa mediante los correspondientes procesos de selección de personal, resulta necesario el descongelamiento de ciertas vacantes que puedan ser ocupadas en el marco de mejores oportunidades para el desempeño de tareas".

"Obviamente personas que se lo merecen por su desempeño y para ir sacándolos de la precariedad contractual que tienen, pero no son nuevos, es gente que ya trabaja en el Estado. No cambia la dotación ni es gente que se suma nueva, son personas que trabajan hace más de 10 años pero con una modalidad de contratación distinta. Con lo que siempre se llamó 'contrato basura'", amplió la misma fuente ante la consulta de Infobae.

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Así, el requisito para acceder a este beneficio en contar con 10 años de trabajo en el Estado. Durante los primeros días de marzo, Cambiemos avanzó en una denominada "reingeniería organizacional" para la reducción de estructuras del Estado.

Con el Decreto 174 que fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el reordenamiento que se calculó que podía llegar a ahorrarle $1.500 millones por año al Estado con la poda de unos 1.000 puestos políticos, que representan cerca de 25% del total.


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