Tucumán sigue sin Ley de Víctimas

“Para que nunca más un familiar de una víctima de un delito muera de angustia, de tristeza, de la pena o de impotencia ante un crimen que termina impune”. Así explicó Alberto Lebbos la importancia de que la Provincia adhiera a la Ley nacional de Víctimas.

Los integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad solicitaron por escrito que la Legislatura adhiera a la Ley nacional de Víctimas. La nota ingresó el 11 de agosto. “No debería hacer falta ni que lo solicitemos. Le reclamamos al presidente, Mauricio Macri, cuando vino a la provincia hace una semana y le reclamaremos a los legisladores para que la Provincia finalmente otorgue derechos a las víctimas de delitos brutales”, adelantó Lebbos, uno de los fundadores del colectivo. Ese mismo día, por la tarde, el presidente subrogante de la Cámara, Julio Silman, presentó un proyecto para adherir a la norma nacional.

El Gobierno nacional había promulgado a comienzos de julio la Ley nacional de Derechos y Garantías para personas Víctimas de Delitos (27.372), que había sido sancionada en el Congreso este año. La normativa establece tres incorporaciones: el Estado brindará asistencia jurídica gratuita, acompañamiento psicológico y la creación de la figura del Defensor Público de la Víctima en cada distrito. Tucumán cuenta con una ley similar: se sancionó en 2006 la Ley de Protección a Víctimas de Delitos (N° 7.867), pero nunca se asignó presupuesto para aplicarla.

Once años en la Plaza

“Esta ley es un viejo reclamo nuestro, que lleva más de 11 años. Se tomó como base para la ley nacional la norma de la Legislatura. Tucumán es pionero en este sentido, porque la ley de Asistencia a Víctimas de Delitos provincial es de 2006. Por desgracia nunca se reglamentó porque nadie del clan Alperovich-Manzur-Rojkés tuvo la voluntad de aplicar esta norma, igual que la ley de Asistencia a adictos”, reclamó Lebbos, papá de Paulina, la joven asesinada en 2006.

“Sería bueno que los legisladores se expidan. Así sabremos el compromiso de la dirigencia política con el pueblo o si sigue enfrascada en sus intereses y en seguir protegiendo delincuentes. Nadie sabe lo que tiene que pasar una familia cuando debe hacer frente a un crimen y a la Justicia. El 85% de las causas penales que llegan a las fiscalías se archivan”, cuestionó. Y agregó: “el gobernador (Juan) Manzur ya se había comprometido en una reunión con el ministro de Justicia nacional (Germán) Garavano a adherirse a la ley nacional y hasta aquí, nada. Vamos a insistir con firmeza hasta que la ley se aplique”.