Por Fernando Stanich
27 Marzo 2017
Ya no hay dudas de que José Alperovich quiere volver a gobernar la provincia en 2019. Lo expresa a través de sus acciones cotidianas, todas recorridas de campaña, y lo ratifica con palabras: a quien quiera escuchar, dice que regresará al Poder Ejecutivo dentro de dos años. Sin embargo, el senador nacional es consciente de que hay un factor que puede entorpecer ese camino; por eso, comenzó a prestarle más atención a la causa judicial que lo tiene como principal involucrado.
Por estas horas, el empeño del ex gobernador está puesto en conseguir que la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución del plan Más Cerca salga de la esfera de los tribunales de Comodoro Py y se tramite íntegramente en la Justicia ordinaria de Tucumán. Es el primer objetivo que se han trazado en el entorno de Alperovich. Y, a juzgar por los últimos movimientos del expediente abierto en septiembre a partir de una denuncia de la senadora radical Silvia Elías de Pérez -ya acumula ocho cuerpos- ese deseo se topó con la resistencia del fiscal federal Carlos Stornelli.
Según fuentes judiciales, el juez federal en lo Criminal y Correccional N° 9 de los tribunales porteños, Luis Rodríguez, se declaró incompetente y se excusó de entender en la causa que indaga sobre el uso dado a $ 1.287 millones enviados por el kirchnerismo para obras en municipios y en comunas. Aún más, el magistrado sustentó su sentencia en un dictamen del fiscal tucumano Whashington Navarro Dávila en otro expediente impulsado por la propia Elías de Pérez, en este caso por supuestas irregularidades en trabajos de consultoría financiados por la Corporación Andina de Fomento. El titular de la Fiscalía N° 5 del Centro Judicial de la Capital, el año pasado, había considerado que los fondos nacionales, cuando pasan a las órbitas provinciales, pasan a ser del distrito receptor. “En conclusión, el dominio o propiedad de los fondos corresponde a las jurisdicciones locales a partir de la acreditación y a esas esferas corresponde el efectivo control por la ejecución de los mismos”, redactó Navarro Dávila.
Además de ese principal sostén, Rodríguez adujo que ya Elías de Pérez había interpuesto una denuncia similar en la Justicia Federal tucumana (la pesquisa a cargo del juez Daniel Bejas no registró mayores avances) y que una investigación en suelo norteño garantizaría un “mejor ejercicio de la defensa de los imputados” (la mayoría de los imputados residen aquí), por lo que declaró su incompetencia “en razón del territorio y la materia” y dispuso la remisión de la causa a los tribunales penales tucumanos.
Ahora bien, lo curioso es cómo llegó a manos del magistrado porteño el dictamen del fiscal Navarro Dávila. Según él mismo expuso en sus fundamentos, una de las imputadas elevó un recurso de inhibitoria en su despacho. Básicamente, esto consiste en librar un planteo a un juez para que se abstenga de conocer e iniciar el proceso, y remita el expediente y las diligencias practicadas al tribunal competente. La autora de ese recurso que podría cambiar drásticamente la dirección de la investigación es la arquitecta Nora Elvira Belloni, responsable técnica del plan Más Cerca y a quien el Gobierno de Alperovich había nombrado como directora de Control de Obras y Servicios Públicos Municipales y Comunales del Ministerio del Interior.
De todas maneras, aún no está resuelto que la denuncia contra Alperovich y varios ex funcionarios nacionales y provinciales, por fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública, pase a alguno de los despachos del edificio de avenida Sarmiento al 400. Apenas tomó conocimiento de lo resuelto por el juez Rodríguez, el fiscal Stornelli recurrió ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal. Además de objetar la decisión del magistrado, en su apelación Stornelli advirtió que entre los fondos transferidos por dependencias nacionales a la Provincia y lo existente en la cuenta abierta para el plan Más Cerca existía una diferencia de casi $ 21 millones. También, que muchas de las obras presupuestadas y cuyos fondos se transfirieron no fueron concluidas o presentaban sobreprecios.
Al margen de esas supuestas anomalías que lo llevaron a solicitar la declaración indagatoria de Alperovich, el fiscal apuntó directamente a los fundamentos del juez para apartarse de la causa. En el escrito afirmó que no entiende los motivos del magistrado, y que los fundamentos son sólo “aparentes” y atados a los “argumentos de un fiscal (por Navarro Dávila) que opinó en una causa que no se tramita de manera conexa y cuyo objeto procesal se desconoce”. “Además de contar solamente con una copia simple de dicho documento”, amplió Stornelli. Los argumentos del fiscal para refutar al juez, con el correr de las páginas, se endurecen. “Pretender justificar la provincialización o municipalización de los fondos nacionales es querer desviar la mirada hacia responsables de menor condición y alivianar la responsabilidad de funcionarios nacionales”, remarcó.
Aún más, Stornelli sostiene que las maniobras detectadas en la ejecución del plan Más Cerca siguen las líneas argumentativas de las causas Sueños Compartidos y de las obras públicas adjudicadas al Grupo Austral, de Lázaro Báez. Es decir, el fiscal entiende que los programas y las normas dispuestas para su aplicación fueron concebidas para que la responsabilidad se diluya en los últimos eslabones. “Solamente resta concluir que el accionar de los funcionarios públicos nacionales denunciados e imputados habilitan la intervención de este fuero”, completó en su recurso de apelación.
Mientras el futuro de la causa que preocupa a Alperovich, a ex funcionarios nacionales como Julio De Vido y a ex colaboradores provinciales del senador se dirime en los cabildeos de Comodoro Py, vale una reflexión. En caso de que la Cámara Federal ratifique la excusación del juez Rodríguez, el expediente que analiza si fueron bien utilizados o no casi $ 1.300 millones durante el alperovichismo recaería en la Justicia tucumana, esa que deambula exhibiendo sus miserias y sus internas y que nunca condenó, hasta aquí, a algún pez gordo por casos de corrupción.
Por estas horas, el empeño del ex gobernador está puesto en conseguir que la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución del plan Más Cerca salga de la esfera de los tribunales de Comodoro Py y se tramite íntegramente en la Justicia ordinaria de Tucumán. Es el primer objetivo que se han trazado en el entorno de Alperovich. Y, a juzgar por los últimos movimientos del expediente abierto en septiembre a partir de una denuncia de la senadora radical Silvia Elías de Pérez -ya acumula ocho cuerpos- ese deseo se topó con la resistencia del fiscal federal Carlos Stornelli.
Según fuentes judiciales, el juez federal en lo Criminal y Correccional N° 9 de los tribunales porteños, Luis Rodríguez, se declaró incompetente y se excusó de entender en la causa que indaga sobre el uso dado a $ 1.287 millones enviados por el kirchnerismo para obras en municipios y en comunas. Aún más, el magistrado sustentó su sentencia en un dictamen del fiscal tucumano Whashington Navarro Dávila en otro expediente impulsado por la propia Elías de Pérez, en este caso por supuestas irregularidades en trabajos de consultoría financiados por la Corporación Andina de Fomento. El titular de la Fiscalía N° 5 del Centro Judicial de la Capital, el año pasado, había considerado que los fondos nacionales, cuando pasan a las órbitas provinciales, pasan a ser del distrito receptor. “En conclusión, el dominio o propiedad de los fondos corresponde a las jurisdicciones locales a partir de la acreditación y a esas esferas corresponde el efectivo control por la ejecución de los mismos”, redactó Navarro Dávila.
Además de ese principal sostén, Rodríguez adujo que ya Elías de Pérez había interpuesto una denuncia similar en la Justicia Federal tucumana (la pesquisa a cargo del juez Daniel Bejas no registró mayores avances) y que una investigación en suelo norteño garantizaría un “mejor ejercicio de la defensa de los imputados” (la mayoría de los imputados residen aquí), por lo que declaró su incompetencia “en razón del territorio y la materia” y dispuso la remisión de la causa a los tribunales penales tucumanos.
Ahora bien, lo curioso es cómo llegó a manos del magistrado porteño el dictamen del fiscal Navarro Dávila. Según él mismo expuso en sus fundamentos, una de las imputadas elevó un recurso de inhibitoria en su despacho. Básicamente, esto consiste en librar un planteo a un juez para que se abstenga de conocer e iniciar el proceso, y remita el expediente y las diligencias practicadas al tribunal competente. La autora de ese recurso que podría cambiar drásticamente la dirección de la investigación es la arquitecta Nora Elvira Belloni, responsable técnica del plan Más Cerca y a quien el Gobierno de Alperovich había nombrado como directora de Control de Obras y Servicios Públicos Municipales y Comunales del Ministerio del Interior.
De todas maneras, aún no está resuelto que la denuncia contra Alperovich y varios ex funcionarios nacionales y provinciales, por fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública, pase a alguno de los despachos del edificio de avenida Sarmiento al 400. Apenas tomó conocimiento de lo resuelto por el juez Rodríguez, el fiscal Stornelli recurrió ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal. Además de objetar la decisión del magistrado, en su apelación Stornelli advirtió que entre los fondos transferidos por dependencias nacionales a la Provincia y lo existente en la cuenta abierta para el plan Más Cerca existía una diferencia de casi $ 21 millones. También, que muchas de las obras presupuestadas y cuyos fondos se transfirieron no fueron concluidas o presentaban sobreprecios.
Al margen de esas supuestas anomalías que lo llevaron a solicitar la declaración indagatoria de Alperovich, el fiscal apuntó directamente a los fundamentos del juez para apartarse de la causa. En el escrito afirmó que no entiende los motivos del magistrado, y que los fundamentos son sólo “aparentes” y atados a los “argumentos de un fiscal (por Navarro Dávila) que opinó en una causa que no se tramita de manera conexa y cuyo objeto procesal se desconoce”. “Además de contar solamente con una copia simple de dicho documento”, amplió Stornelli. Los argumentos del fiscal para refutar al juez, con el correr de las páginas, se endurecen. “Pretender justificar la provincialización o municipalización de los fondos nacionales es querer desviar la mirada hacia responsables de menor condición y alivianar la responsabilidad de funcionarios nacionales”, remarcó.
Aún más, Stornelli sostiene que las maniobras detectadas en la ejecución del plan Más Cerca siguen las líneas argumentativas de las causas Sueños Compartidos y de las obras públicas adjudicadas al Grupo Austral, de Lázaro Báez. Es decir, el fiscal entiende que los programas y las normas dispuestas para su aplicación fueron concebidas para que la responsabilidad se diluya en los últimos eslabones. “Solamente resta concluir que el accionar de los funcionarios públicos nacionales denunciados e imputados habilitan la intervención de este fuero”, completó en su recurso de apelación.
Mientras el futuro de la causa que preocupa a Alperovich, a ex funcionarios nacionales como Julio De Vido y a ex colaboradores provinciales del senador se dirime en los cabildeos de Comodoro Py, vale una reflexión. En caso de que la Cámara Federal ratifique la excusación del juez Rodríguez, el expediente que analiza si fueron bien utilizados o no casi $ 1.300 millones durante el alperovichismo recaería en la Justicia tucumana, esa que deambula exhibiendo sus miserias y sus internas y que nunca condenó, hasta aquí, a algún pez gordo por casos de corrupción.
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