Por Marcelo Aguaysol
01 Febrero 2017
¿Cómo puede hacer una gestión para acercarse a la estabilidad inflacionaria, pese a los reajustes de precios de los servicios? La meta es demasiado baja para los aumentos que se anunciaron. El Presupuesto Nacional de este año dice que la gestión del presidente Mauricio Macri quiere cerrar este electoral 2017 con una inflación del 17%. Los pases mágicos que han dado desde la Casa Rosada no contribuyen a que el truco salga como lo habían ensayado. Los Reyes Magos trajeron un aumento del 8% en el valor de los combustibles (y no será el único del período, según anticiparon en el Ministerio de Energía de la Nación); ahora se desató un carnaval de incrementos en el servicio de electricidad (entre un 60% y un 150% para los usuarios del Gran Buenos Aires y un 36% para los clientes residenciales de Tucumán -según los cálculos preliminares de la empresa distribuidora-). Ambos reajustes, tradicionalmente, son trasladados a precios. En buen romance, no necesariamente serán los empresarios los que pagan el mayor costo del negocio, sino los consumidores finales. Si eso no es inflación...
Llegaremos a Semana Santa con otro incremento en la luz; claro que será el acordado a fines del año pasado y que regirá para el próximo quinquenio. ¿El porcentaje? Un 25%. Quien sabe. Tal vez la nafta vuelva a subir. No obstante, a partir de entonces es posible que haya un freno al proceso de reacomodamiento de los precios de la economía. Sucede que tantos reajustes golpean demasiado el bolsillo del votante. Y tantos aumentos minan las aspiraciones de continuidad y de consolidación al poder de turno. El ministro Juan José Aranguren fue más que claro cuando ayer, en conferencia de prensa, dejó abierta la posibilidad de seguir avanzando de la actualización de los valores de los servicios públicos privatizados a partir de noviembre; luego de las elecciones parlamentarias, un verdadero test electoral para Macri.
“Los precios suben por ascensor; los sueldos por escalera”, solía decir Juan Domingo Perón. El Gobierno nacional había cerrado el año con la idea de que las próximas paritarias cierren por debajo del 20%, en este esquema de reducción paulatina de la inflación. Ahora bien, ¿cómo negociará frente a un primer bimestre plagado de ajustes? Técnicamente, en el Poder Ejecutivo sostienen que no necesariamente hay un fuerte impacto de las tarifas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero en la realidad cotidiana, todos saben que cualquier explicación oficial pierde consistencia con solo ver los precios en las góndolas. Tampoco puede haber magia estadística. La sociedad ya sabe de ese truco que el kirchnerismo puso en práctica, durante casi una década.
En picada
Los ingresos siguen en picada. Si se toma como referencia el salario de bolsillo de un trabajador del sector privado formalizado, el promedio mensual está cerca de los $ 17.000. Claro que en el país de las distorsiones y del costo de vida variable, vivir cerca de Buenos Aires sigue teniendo sus privilegios. Las históricas asimetrías se sostienen. En el caso de las tarifas, el Gobierno ha decidido que los habitantes del Gran Buenos Aires paguen los valores que históricamente abonan la población de otros distritos de la Argentina.
No obstante, el ingreso no es -ni por cerca- el mismo. El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirma las diferencias cada vez más pronunciadas en los haberes del sector formal. Así, mientras un empleado privado que reside en Santa Cruz puede llegar a cobrar, en promedio, unos $ 36.000 mensuales, otro que reside en la zona centro del país cobra entre $ 14.000 y $ 16.000. Ahora bien, mientras más lejos del puerto se está, más baja es la remuneración. La estructura económica de las provincias del norte hace que jurisdicciones como Santiago del Estero o Tucumán tengan los más bajos ingresos de la Argentina.
En la primera, la remuneración neta promedia los $ 11.200; en nuestra provincia, el sueldo de bolsillo también se encuentra por debajo de la canasta básica total (que delimita el nivel de ingresos necesarios para no caer en la pobreza). Un tucumano gana, según el Indec, un promedio de $ 11.800.
En definitiva, frente a un escenario de continuos reajustes en los precios, para vivir con esos ingresos, verdaderamente hay que convertirse en mago.
Llegaremos a Semana Santa con otro incremento en la luz; claro que será el acordado a fines del año pasado y que regirá para el próximo quinquenio. ¿El porcentaje? Un 25%. Quien sabe. Tal vez la nafta vuelva a subir. No obstante, a partir de entonces es posible que haya un freno al proceso de reacomodamiento de los precios de la economía. Sucede que tantos reajustes golpean demasiado el bolsillo del votante. Y tantos aumentos minan las aspiraciones de continuidad y de consolidación al poder de turno. El ministro Juan José Aranguren fue más que claro cuando ayer, en conferencia de prensa, dejó abierta la posibilidad de seguir avanzando de la actualización de los valores de los servicios públicos privatizados a partir de noviembre; luego de las elecciones parlamentarias, un verdadero test electoral para Macri.
“Los precios suben por ascensor; los sueldos por escalera”, solía decir Juan Domingo Perón. El Gobierno nacional había cerrado el año con la idea de que las próximas paritarias cierren por debajo del 20%, en este esquema de reducción paulatina de la inflación. Ahora bien, ¿cómo negociará frente a un primer bimestre plagado de ajustes? Técnicamente, en el Poder Ejecutivo sostienen que no necesariamente hay un fuerte impacto de las tarifas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero en la realidad cotidiana, todos saben que cualquier explicación oficial pierde consistencia con solo ver los precios en las góndolas. Tampoco puede haber magia estadística. La sociedad ya sabe de ese truco que el kirchnerismo puso en práctica, durante casi una década.
En picada
Los ingresos siguen en picada. Si se toma como referencia el salario de bolsillo de un trabajador del sector privado formalizado, el promedio mensual está cerca de los $ 17.000. Claro que en el país de las distorsiones y del costo de vida variable, vivir cerca de Buenos Aires sigue teniendo sus privilegios. Las históricas asimetrías se sostienen. En el caso de las tarifas, el Gobierno ha decidido que los habitantes del Gran Buenos Aires paguen los valores que históricamente abonan la población de otros distritos de la Argentina.
No obstante, el ingreso no es -ni por cerca- el mismo. El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirma las diferencias cada vez más pronunciadas en los haberes del sector formal. Así, mientras un empleado privado que reside en Santa Cruz puede llegar a cobrar, en promedio, unos $ 36.000 mensuales, otro que reside en la zona centro del país cobra entre $ 14.000 y $ 16.000. Ahora bien, mientras más lejos del puerto se está, más baja es la remuneración. La estructura económica de las provincias del norte hace que jurisdicciones como Santiago del Estero o Tucumán tengan los más bajos ingresos de la Argentina.
En la primera, la remuneración neta promedia los $ 11.200; en nuestra provincia, el sueldo de bolsillo también se encuentra por debajo de la canasta básica total (que delimita el nivel de ingresos necesarios para no caer en la pobreza). Un tucumano gana, según el Indec, un promedio de $ 11.800.
En definitiva, frente a un escenario de continuos reajustes en los precios, para vivir con esos ingresos, verdaderamente hay que convertirse en mago.
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