Por Marcelo Aguaysol
26 Octubre 2016
La realidad tiene un elevado costo cuando se ha vivido un período de letargo. Todos, absolutamente todos, tienen derecho a reclamar una mejora. Pero, a la hora de la distribución, las cargas no se reparten de igual manera. Sucede en la empresa más grande, cuando debe acomodarse a los nuevos costos. También en el sector público, en un Estado que necesita mucho más dinero por el efecto inflacionario y porque la anualización de los gastos es más caro que lo que se prevé al principio del ejercicio fiscal o al momento de elaborar los presupuestos. Y mucho más cuando el jefe o la jefa de hogar (o ambos) se sientan a redistribuir el ingreso que perciben para no vivir ahogados y honrar sus deudas.
La economía argentina viene de un primer semestre más que traumático, que incluyó una devaluación, una readecuación de las tarifas de los servicios públicos privatizados y una espiral inflacionaria que, recién en agosto, ha mostrado signos de desaceleración. Pero ese proceso, al que el mismo gobierno dice que ya domó, es mucho más chúcaro de lo que cualquier funcionario se imagina. Es verdad, es difícil que la Argentina vuelva a tener pautas inflacionarias superiores al 2% promedio mensual, a juzgar por las estimaciones que realizan desde el Banco Central que proyecta una tasa del 17% para 2017. No obstante esas proyecciones, el potro sigue sin poder ser domado.
El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, salió a decir que, hasta el año que viene, no habrá reajustes en las tarifas de los servicios públicos privatizados. En la provincia, sin embargo, la gestión del gobernador Juan Manzur autorizó a la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET) a incrementar las tarifas en torno de un 19,6%, en promedio, a partir de la próxima boleta. ¿A que se debe la falta de sintonía en las declaraciones oficiales? El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia Juan Luis Fernández salió a explicar que, en realidad, Aranguren -cuando habla de que no habrá aumentos tarifarios- sólo se refiere al impacto en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Y que su discurso para nada es federal. De todas maneras, Edenor y Edesur ya anticiparon que, en la audiencia pública prevista para estos días, reclamarán un incremento a futuro de hasta un 70%. De una u otra forma, los incrementos tarifarios serán constantes (dos por año, según se informó oficialmente), pero en el camino es posible que haya más readecuaciones, atendiendo a otras variables. Por más que técnicamente se explique las tarifas no inciden en la inflación núcleo, el bolsillo de un asalariado siente el mismo impacto cuando no se actualiza al ritmo de las facturas de servicio, dos veces al año. Del mismo modo, los costos de una empresa no son actualizados cada vez que se dispara una variable y, en el peor de los casos, puede que vaya a precios con lo que, en el efecto cascada, la mochila termina cargándose en otras espaldas.
Además de las tarifas, hay otra cuestión que también incidirá -hacia fin de año- en la economía hogareña tucumana: el revalúo de las propiedades. La intención oficial es reajustarla en torno de un 30%, con lo que es posible que el impuesto Inmobiliario se reajuste casi en sintonía con aquel porcentaje. Los valores seguirán reacomodándose más cerca a lo que se observa en el mercado. Ese es el argumento oficial.
Mientras tanto, el Estado provincial sigue buscando dinero. A fines de esta semana vencerá el plazo constitucional para elevar a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2017. Es posible que el Gobierno necesite no menos de $ 50.000 millones para financiar el gasto público en un año inflacionario. Pero, a diferencia de otros períodos, no habrá tanto margen para encarar obras y, así, captar la atención del electorado. Además de ello, el gabinete económico tendrá que hacer ciertos reajustes en el presupuesto porque en marzo tendrá una erogación adicional de unos $ 4.000 millones anualizados si es que la paritaria estatal cierra cerca del 20%, como quiere la Casa Rosada.
La gestión Manzur también tendrá que pagar los costos financieros en tiempos electorales. Más allá de que haya cierto oxígeno financiero, más temprano que tarde, recurrirá a Mauricio Macri para reactualizar la relación financiera y política. Todo se factura.
La economía argentina viene de un primer semestre más que traumático, que incluyó una devaluación, una readecuación de las tarifas de los servicios públicos privatizados y una espiral inflacionaria que, recién en agosto, ha mostrado signos de desaceleración. Pero ese proceso, al que el mismo gobierno dice que ya domó, es mucho más chúcaro de lo que cualquier funcionario se imagina. Es verdad, es difícil que la Argentina vuelva a tener pautas inflacionarias superiores al 2% promedio mensual, a juzgar por las estimaciones que realizan desde el Banco Central que proyecta una tasa del 17% para 2017. No obstante esas proyecciones, el potro sigue sin poder ser domado.
El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, salió a decir que, hasta el año que viene, no habrá reajustes en las tarifas de los servicios públicos privatizados. En la provincia, sin embargo, la gestión del gobernador Juan Manzur autorizó a la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET) a incrementar las tarifas en torno de un 19,6%, en promedio, a partir de la próxima boleta. ¿A que se debe la falta de sintonía en las declaraciones oficiales? El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia Juan Luis Fernández salió a explicar que, en realidad, Aranguren -cuando habla de que no habrá aumentos tarifarios- sólo se refiere al impacto en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Y que su discurso para nada es federal. De todas maneras, Edenor y Edesur ya anticiparon que, en la audiencia pública prevista para estos días, reclamarán un incremento a futuro de hasta un 70%. De una u otra forma, los incrementos tarifarios serán constantes (dos por año, según se informó oficialmente), pero en el camino es posible que haya más readecuaciones, atendiendo a otras variables. Por más que técnicamente se explique las tarifas no inciden en la inflación núcleo, el bolsillo de un asalariado siente el mismo impacto cuando no se actualiza al ritmo de las facturas de servicio, dos veces al año. Del mismo modo, los costos de una empresa no son actualizados cada vez que se dispara una variable y, en el peor de los casos, puede que vaya a precios con lo que, en el efecto cascada, la mochila termina cargándose en otras espaldas.
Además de las tarifas, hay otra cuestión que también incidirá -hacia fin de año- en la economía hogareña tucumana: el revalúo de las propiedades. La intención oficial es reajustarla en torno de un 30%, con lo que es posible que el impuesto Inmobiliario se reajuste casi en sintonía con aquel porcentaje. Los valores seguirán reacomodándose más cerca a lo que se observa en el mercado. Ese es el argumento oficial.
Mientras tanto, el Estado provincial sigue buscando dinero. A fines de esta semana vencerá el plazo constitucional para elevar a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2017. Es posible que el Gobierno necesite no menos de $ 50.000 millones para financiar el gasto público en un año inflacionario. Pero, a diferencia de otros períodos, no habrá tanto margen para encarar obras y, así, captar la atención del electorado. Además de ello, el gabinete económico tendrá que hacer ciertos reajustes en el presupuesto porque en marzo tendrá una erogación adicional de unos $ 4.000 millones anualizados si es que la paritaria estatal cierra cerca del 20%, como quiere la Casa Rosada.
La gestión Manzur también tendrá que pagar los costos financieros en tiempos electorales. Más allá de que haya cierto oxígeno financiero, más temprano que tarde, recurrirá a Mauricio Macri para reactualizar la relación financiera y política. Todo se factura.
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