Por Álvaro José Aurane
03 Septiembre 2016
La reforma política ha sido lanzada. La Legislatura creó una comisión, a la cual le cabe garantizar que la libertad del votante sea resguardada. Léase, que ponga fin a la enciclopedia de prácticas que corrompen la voluntad del sufragante; todas ellas desplegadas impunemente antes, durante y después de las elecciones del 23 de agosto. Esos comicios fraudulentos con olor a urnas quemadas y acarreos, con perfil de urnas embarazadas y bolsoneo, con ruido de urnas refajadas y tiroteos.
Dos posibilidades caben a esa tarea: el éxito o el fracaso, en términos de la dignidad de los tucumanos, que merecen un sistema decente para elegir y ser elegidos. Es eso, o los gobernantes deberán blanquear que la democracia ya no les parece imprescindible.
Pero antes de ese futuro cercano, asoma un presente urgente en la política. Al lado de las públicas y reiteradas declaraciones de unidad en el oficialismo, está abriéndose una distancia inocultable entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo.
Hoy
La supresión de los “gastos sociales” consumó la primera grieta. El vicegobernador Osvaldo Jaldo puede seguir diciendo en su entorno que su lugar es al lado del gobernador Juan Manzur porque la suerte de uno está atada a la del otro, y puede continuar ratificando que acudirá a la casa del senador José Alperovich cuantas veces lo convoque porque su historia política está unida al ex mandatario, pero lo cierto es que a sus socios no debe haberles resultado nada gracioso el fin de los sospechosos y discrecionales subsidios parlamentarios para “ayudas sociales”.
Es evidente que el tranqueño ascendió en su carrera política a lo largo de los 12 años de la Democracia Pavimentadora, durante la cual los “gastos sociales” sirvieron como uno de los principales motores de la financiación espuria de la política. También es obvio que Jaldo acaba de decir que durante su mandato como presidente de la Cámara no habrá más de esa práctica. Y si en efecto, será él quien capitalice ese hito en la opinión pública. No sus socios.
No menor es que el vicegobernador se despegue de los “gastos sociales” justo cuando el fiscal federal Carlos Brito embiste contra esa catarata de millones erogados como “gasto en pobres”, pero que el jurista cree que terminaban en bolsillos parlamentarios. El “de aquí para adelante ya no hay” implica que “de aquí para atrás sí hubo”. Cosa que a Manzur y a Alperovich les gustaría que se olvide. Olvido que, al parecer, funciona en la Justicia provincial. El abogado Oscar López pregunta adónde fueron los $ 200 millones sacados, en valijas, de la cuenta corriente de la Legislatura entre junio, julio y -qué casualidad- agosto de 2015. Nadie contesta.
Precisamente, las valijas de los tiempos electorales fueron posibles porque, a la hora de vaciarlas, se invocaban los “gastos sociales”. Y porque antes, para llenarlas, había dinero legislativo “por ventanilla”. Pero el tranqueño también ha anunciado la bancarización del 100% de los movimientos de la Cámara, lo cual clausura las arcas parlamentarias como proveedoras de dineros negros a gran escala para financiar las lides proselitistas.
Para mayores distancias, Jaldo mostró esta misma semana que marcar diferencias no le disgusta. Fue cuando reunió a los legisladores que tienen a cargo las comisiones permanentes de la Legislatura para urgirlos a que produzcan más dictámenes. En buen romance, los intimó a que trabajen más. Esto a pesar de que, técnicamente, el vicegobernador preside la Cámara y la administra, pero no es miembro del Poder Legislativo (sólo vota para desempatar y es electo como “reemplazante natural” del gobernador). Así que no figura ni en el Reglamento interno que le corresponda, siquiera, “dinamizar” el funcionamiento de la Cámara.
Pero los legisladores, lejos de poner reparos, elogiaron el emplazamiento a sesionar cada 15 días. Entonces, el número dos de la provincia consiguió dos cosas. Primero, transmitir que quiere que la Legislatura sea noticia por lo que hace y no por lo que gasta. Segundo, dejar en claro que la Legislatura es “su” territorio. Tanto en lo político como en lo financiero. Ahora que no hay “ayudas sociales” y que todo será bancarizado, el presupuesto legislativo tendrá un solo patrón.
Y como si no bastase, Jaldo arremete con la reforma política. La misma que Manzur prometió, sólo para entregar a cambio el libro “Tucumán Dialoga”. Ahora, el vicegobernador fija que el ámbito de esa reforma es la Legislatura. Y en la Cámara dan por descontado que Jaldo mismo presidirá la comisión especial, integrada por los partidos políticos (acoples incluidos) que lograron consagrar legisladores. Si es así, van a pasar cosas. En rigor, ya están pasando: la resolución que aprobó por unanimidad la Legislatura lleva como autores (los tres primeros firmantes) a Julio Silman, a Ariel García y a Eduardo Bourlé. O sea, un ex intendente peronista, el vicepresidente de la UCR y el titular de la Bancaria. Léase, Jaldo sigue abrazando al oficialismo… y mucho más allá también.
Mañana
Con independencia de la pulseada en el oficialismo (lo que resta de 2016 será un incesante “medir fuerzas”), el listado de las cuestiones que debe abarcar la reforma política en el futuro cercano es público y notorio. Y no demanda reformar la Constitución. La obsesión con manosear la Carta Magna sólo persigue borrar topes a las reelecciones.
La reforma política debe establecer un nuevo soporte para el sufragio. El sistema de una boleta impresa por acople es delirante. Entrar a cuartos oscuros donde hay centenares de votos distintos, luego de que al sobre lo firman 30 fiscales, es disparatado. Además de que esas papeletas se prestan para incontables delitos electorales: desde el robo de votos hasta el “voto cadena”. Para el voto electrónico no hay que cambiar la Constitución, sino cumplirla. Ya cumplió una década la mora con el artículo 157.
Claro que para que la oferta electoral quepa en una pantalla de computadora hay que limitar la cantidad de acoples. En agosto de 2015 compitieron casi 500. En 2019, según las estimaciones oficiales, habrá más de 1.000. Huelga decirlo, un millar de partidos políticos (uno cada 1.500 tucumanos) solamente cabe en la cabeza de quien considera que la democracia es una farsa. Es impostergable limitar el número de acoples. Para llevarlo a cabo mediante una Ley de Régimen Electoral no hay que cambiar la Constitución, sino cumplirla. Ya cumplió una década la mora con el artículo 158.
Por cierto, de nada servirán esos limitantes si, fuera de los centros de votación, pululan los autos que acarrean votantes y los pagos en efectivo o con bolsones (o ambos). En las elecciones anteriores, la Junta Electoral Provincial (JEP) emitió una resolución (a instancias del abogado José Roberto Toledo) en que se comprometió a combatir esas prácticas. Luego del festival de clientelismo del día de la votación, se explicó que no se actuó porque no se recibieron denuncias.
Con independencia del debate acerca de si las limitaciones de ese órgano de control electoral son propias de su naturaleza, o no, resulta evidente que la reforma electoral debería establecer un fuero judicial específico con competencia electoral. Por caso, el diseño institucional pauta una elección provincial cada cuatro años. ¿Por qué se sostiene semejante estructura administrativa todo el tiempo? A ello se suma una sugerencia de la propia JEP, enviada a la Legislatura a finales del año pasado e incluida en “Tucumán Dialoga”. La JEP recomienda ampliar la competencia originaria de la Corte de Tucumán, para que sus resoluciones ya no sean revisadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo sino, directamente, por el alto tribunal. Para que esa pretensión pudiera ser convencionalmente admisible (y sobre todo, para que se garantizase la doble instancia judicial) el órgano de control electoral no debiera ser administrativo sino judicial.
Reemplazar la JEP por un fuero judicial electoral tampoco requiere reformar la Constitución provincial. El inciso 14 del artículo 43 de la Constitución provincial, que prevé la Junta Electoral y su conformación, fue declarado nulo por el camarista Rodolfo Novillo (el “Fallo MP3” nunca fue apelado) a instancias del ex legislador Alejandro Sangenis y el constitucionalista Rodolfo Burgos.
Ayer
Un fuero electoral en la Justicia tornaría útil una Ley de Financiamiento Político, que (como la Ley Nacional 26.215) obligara a las fuerzas políticas a transparentar el origen y el gasto de sus dineros. Y que obliga al Estado a garantizar la igualdad en la difusión de las propuestas y los candidatos de los partidos. La norma federal determina que el espacio de difusión es del Estado y que él lo cede a las agrupaciones, a las cuales les está prohibido contratar por aparte publicidad en radio y en televisión.
Una legislación de estas características hubiera conjurado el caso de la presunta emisión, por parte de Canal 10, de más de 40.000 segundos de publicidad en favor del PJ (que el oficialismo no había solicitado) durante los comicios anteriores, además de los 32.000 que sí estaban pedidos. Y -a diferencia de los anteriores- que sí estaban facturados y pagados. El director Daniel Moeremans fue el único en reconocer que “hubo inconvenientes”. Eufemismo por la denuncia de un empleado de que un director habría solicitado borrar la base de datos del servidor donde quedaban registrados los comerciales. El directorio de la televisora (copropiedad de la Provincia y de la UNT) se completa con Mauro Feldman (presidente y representante por la Universidad) y con Alejandro Laurnagaray (representante de la provincia y, según se ventiló en su momento, cercano al alperovichismo afín a la ex senadora Beatriz Rojkés).
La Provincia nada ha hecho al respecto, lo cual es perversamente lógico después de que su partido gozó más del doble de la publicidad que pidió y que pagó. Pero que nada haga el Rectorado es un escándalo que la centenaria casa de Juan B. Terán no merece. Para conducir una casa de altos estudios hay que obrar a la altura de las circunstancias.
Este caso, por cierto, es el que termina de hacer patente la necesidad de una severa reforma política. En materia electoral, cuando no hay normas regulatorias rigurosas, en realidad sólo rige una sola ley: la de la selva.
Ya no nos queda república. Si no hacen algo, no nos van a dejar ni el jardín.
Dos posibilidades caben a esa tarea: el éxito o el fracaso, en términos de la dignidad de los tucumanos, que merecen un sistema decente para elegir y ser elegidos. Es eso, o los gobernantes deberán blanquear que la democracia ya no les parece imprescindible.
Pero antes de ese futuro cercano, asoma un presente urgente en la política. Al lado de las públicas y reiteradas declaraciones de unidad en el oficialismo, está abriéndose una distancia inocultable entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo.
Hoy
La supresión de los “gastos sociales” consumó la primera grieta. El vicegobernador Osvaldo Jaldo puede seguir diciendo en su entorno que su lugar es al lado del gobernador Juan Manzur porque la suerte de uno está atada a la del otro, y puede continuar ratificando que acudirá a la casa del senador José Alperovich cuantas veces lo convoque porque su historia política está unida al ex mandatario, pero lo cierto es que a sus socios no debe haberles resultado nada gracioso el fin de los sospechosos y discrecionales subsidios parlamentarios para “ayudas sociales”.
Es evidente que el tranqueño ascendió en su carrera política a lo largo de los 12 años de la Democracia Pavimentadora, durante la cual los “gastos sociales” sirvieron como uno de los principales motores de la financiación espuria de la política. También es obvio que Jaldo acaba de decir que durante su mandato como presidente de la Cámara no habrá más de esa práctica. Y si en efecto, será él quien capitalice ese hito en la opinión pública. No sus socios.
No menor es que el vicegobernador se despegue de los “gastos sociales” justo cuando el fiscal federal Carlos Brito embiste contra esa catarata de millones erogados como “gasto en pobres”, pero que el jurista cree que terminaban en bolsillos parlamentarios. El “de aquí para adelante ya no hay” implica que “de aquí para atrás sí hubo”. Cosa que a Manzur y a Alperovich les gustaría que se olvide. Olvido que, al parecer, funciona en la Justicia provincial. El abogado Oscar López pregunta adónde fueron los $ 200 millones sacados, en valijas, de la cuenta corriente de la Legislatura entre junio, julio y -qué casualidad- agosto de 2015. Nadie contesta.
Precisamente, las valijas de los tiempos electorales fueron posibles porque, a la hora de vaciarlas, se invocaban los “gastos sociales”. Y porque antes, para llenarlas, había dinero legislativo “por ventanilla”. Pero el tranqueño también ha anunciado la bancarización del 100% de los movimientos de la Cámara, lo cual clausura las arcas parlamentarias como proveedoras de dineros negros a gran escala para financiar las lides proselitistas.
Para mayores distancias, Jaldo mostró esta misma semana que marcar diferencias no le disgusta. Fue cuando reunió a los legisladores que tienen a cargo las comisiones permanentes de la Legislatura para urgirlos a que produzcan más dictámenes. En buen romance, los intimó a que trabajen más. Esto a pesar de que, técnicamente, el vicegobernador preside la Cámara y la administra, pero no es miembro del Poder Legislativo (sólo vota para desempatar y es electo como “reemplazante natural” del gobernador). Así que no figura ni en el Reglamento interno que le corresponda, siquiera, “dinamizar” el funcionamiento de la Cámara.
Pero los legisladores, lejos de poner reparos, elogiaron el emplazamiento a sesionar cada 15 días. Entonces, el número dos de la provincia consiguió dos cosas. Primero, transmitir que quiere que la Legislatura sea noticia por lo que hace y no por lo que gasta. Segundo, dejar en claro que la Legislatura es “su” territorio. Tanto en lo político como en lo financiero. Ahora que no hay “ayudas sociales” y que todo será bancarizado, el presupuesto legislativo tendrá un solo patrón.
Y como si no bastase, Jaldo arremete con la reforma política. La misma que Manzur prometió, sólo para entregar a cambio el libro “Tucumán Dialoga”. Ahora, el vicegobernador fija que el ámbito de esa reforma es la Legislatura. Y en la Cámara dan por descontado que Jaldo mismo presidirá la comisión especial, integrada por los partidos políticos (acoples incluidos) que lograron consagrar legisladores. Si es así, van a pasar cosas. En rigor, ya están pasando: la resolución que aprobó por unanimidad la Legislatura lleva como autores (los tres primeros firmantes) a Julio Silman, a Ariel García y a Eduardo Bourlé. O sea, un ex intendente peronista, el vicepresidente de la UCR y el titular de la Bancaria. Léase, Jaldo sigue abrazando al oficialismo… y mucho más allá también.
Mañana
Con independencia de la pulseada en el oficialismo (lo que resta de 2016 será un incesante “medir fuerzas”), el listado de las cuestiones que debe abarcar la reforma política en el futuro cercano es público y notorio. Y no demanda reformar la Constitución. La obsesión con manosear la Carta Magna sólo persigue borrar topes a las reelecciones.
La reforma política debe establecer un nuevo soporte para el sufragio. El sistema de una boleta impresa por acople es delirante. Entrar a cuartos oscuros donde hay centenares de votos distintos, luego de que al sobre lo firman 30 fiscales, es disparatado. Además de que esas papeletas se prestan para incontables delitos electorales: desde el robo de votos hasta el “voto cadena”. Para el voto electrónico no hay que cambiar la Constitución, sino cumplirla. Ya cumplió una década la mora con el artículo 157.
Claro que para que la oferta electoral quepa en una pantalla de computadora hay que limitar la cantidad de acoples. En agosto de 2015 compitieron casi 500. En 2019, según las estimaciones oficiales, habrá más de 1.000. Huelga decirlo, un millar de partidos políticos (uno cada 1.500 tucumanos) solamente cabe en la cabeza de quien considera que la democracia es una farsa. Es impostergable limitar el número de acoples. Para llevarlo a cabo mediante una Ley de Régimen Electoral no hay que cambiar la Constitución, sino cumplirla. Ya cumplió una década la mora con el artículo 158.
Por cierto, de nada servirán esos limitantes si, fuera de los centros de votación, pululan los autos que acarrean votantes y los pagos en efectivo o con bolsones (o ambos). En las elecciones anteriores, la Junta Electoral Provincial (JEP) emitió una resolución (a instancias del abogado José Roberto Toledo) en que se comprometió a combatir esas prácticas. Luego del festival de clientelismo del día de la votación, se explicó que no se actuó porque no se recibieron denuncias.
Con independencia del debate acerca de si las limitaciones de ese órgano de control electoral son propias de su naturaleza, o no, resulta evidente que la reforma electoral debería establecer un fuero judicial específico con competencia electoral. Por caso, el diseño institucional pauta una elección provincial cada cuatro años. ¿Por qué se sostiene semejante estructura administrativa todo el tiempo? A ello se suma una sugerencia de la propia JEP, enviada a la Legislatura a finales del año pasado e incluida en “Tucumán Dialoga”. La JEP recomienda ampliar la competencia originaria de la Corte de Tucumán, para que sus resoluciones ya no sean revisadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo sino, directamente, por el alto tribunal. Para que esa pretensión pudiera ser convencionalmente admisible (y sobre todo, para que se garantizase la doble instancia judicial) el órgano de control electoral no debiera ser administrativo sino judicial.
Reemplazar la JEP por un fuero judicial electoral tampoco requiere reformar la Constitución provincial. El inciso 14 del artículo 43 de la Constitución provincial, que prevé la Junta Electoral y su conformación, fue declarado nulo por el camarista Rodolfo Novillo (el “Fallo MP3” nunca fue apelado) a instancias del ex legislador Alejandro Sangenis y el constitucionalista Rodolfo Burgos.
Ayer
Un fuero electoral en la Justicia tornaría útil una Ley de Financiamiento Político, que (como la Ley Nacional 26.215) obligara a las fuerzas políticas a transparentar el origen y el gasto de sus dineros. Y que obliga al Estado a garantizar la igualdad en la difusión de las propuestas y los candidatos de los partidos. La norma federal determina que el espacio de difusión es del Estado y que él lo cede a las agrupaciones, a las cuales les está prohibido contratar por aparte publicidad en radio y en televisión.
Una legislación de estas características hubiera conjurado el caso de la presunta emisión, por parte de Canal 10, de más de 40.000 segundos de publicidad en favor del PJ (que el oficialismo no había solicitado) durante los comicios anteriores, además de los 32.000 que sí estaban pedidos. Y -a diferencia de los anteriores- que sí estaban facturados y pagados. El director Daniel Moeremans fue el único en reconocer que “hubo inconvenientes”. Eufemismo por la denuncia de un empleado de que un director habría solicitado borrar la base de datos del servidor donde quedaban registrados los comerciales. El directorio de la televisora (copropiedad de la Provincia y de la UNT) se completa con Mauro Feldman (presidente y representante por la Universidad) y con Alejandro Laurnagaray (representante de la provincia y, según se ventiló en su momento, cercano al alperovichismo afín a la ex senadora Beatriz Rojkés).
La Provincia nada ha hecho al respecto, lo cual es perversamente lógico después de que su partido gozó más del doble de la publicidad que pidió y que pagó. Pero que nada haga el Rectorado es un escándalo que la centenaria casa de Juan B. Terán no merece. Para conducir una casa de altos estudios hay que obrar a la altura de las circunstancias.
Este caso, por cierto, es el que termina de hacer patente la necesidad de una severa reforma política. En materia electoral, cuando no hay normas regulatorias rigurosas, en realidad sólo rige una sola ley: la de la selva.
Ya no nos queda república. Si no hacen algo, no nos van a dejar ni el jardín.
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