29 Junio 2016
VENGANZA. Familiares y amigos de Sergio Ortiz quemaron la casa de su presunto asesino, un tal “Mechudo”. la gaceta / foto de hector peralta
No son ni uno, ni dos, ni tres. Son la mitad. El 50% de los detenidos que llegan a declarar a Tribunales por haber cometido algún tipo de delito lo hacen lesionados por las golpizas que recibieron por parte de los vecinos que participaron en su detención, según coincidieron en señalar varios fiscales consultados por LA GACETA.
El último caso que tuvo gran repercusión pública es un símbolo de lo que sucede en la provincia. El domingo, un policía, que estaba de franco observó cómo un joven había robado una moto a una mujer en la intersección de San Miguel y Don Bosco. El efectivo, en su vehículo particular, lo persiguió y lo redujo. Luego pidió apoyo al servicio 911 y fue a buscar a la víctima para que denunciara el caso. Mientras tanto, dejó al sospechoso al cuidado de los vecinos hasta que llegaran los hombres de la fuerza. Cuando sus compañeros arribaron al lugar, encontraron al ladrón lesionado por los golpes que había recibido y sin sus zapatillas. A duras penas pudieron sacarlo de ahí.
“Estamos preocupados por lo que está sucediendo. Las agresiones a personas que supuestamente cometen delitos es cada vez mayor. Hasta atendemos casos de gente que es golpeada por confusiones. Esta es una prueba más de la violencia que se vive en nuestra sociedad”, aseguró el fiscal Diego López Ávila.
En Tribunales saben que la sociedad reacciona de otra manera ante el delito. “La realidad es que los tucumanos actúan así porque no reciben las respuestas de la Policía y de la Justicia que ellos creen que deben recibir en tiempo y en forma”, opinó la fiscala Adriana Giannoni.
Algunos casos
Las golpizas a las personas que cometen robos encabezan la lista del ranking de justicia por mano propia. Pero no son los únicos casos. En los barrios de la periferia, donde el consumo de drogas es moneda corriente y donde la presencia policial es inexistente, se está produciendo otro fenómeno: los padres de adictos atacan a los transas y queman sus propiedades. Los vendedores, en cambio, contratan personas para que los defiendan de la furia vecinal.
Hace una semana, Sergio Luis Ortiz (23 años) que gozaba de un permiso extramuros, fue asesinado de un disparo en la cabeza por un tal “Mechudo”, que según los investigadores, vendía droga en el barrio San Roque, de Villa 9 de Julio. Con el correr de los días, los familiares de la víctima contaron cuál podría haber sido el móvil del homicidio.
Ellos dijeron, de acuerdo a lo que aparece en el expediente, que un hermano del joven asesinado le habría empeñado al sospechoso un reloj a cambio de drogas. Cuando fue saldar la deuda y retirar el bien, el “Mechudo” no se lo devolvió porque ya lo había vendido. Esa situación generó varios enfrentamientos armados y terminó en el homicidio. Al acusado, que aún se encuentra prófugo, los parientes de Ortiz le quemaron la casa y tres motos.
“En esta provincia se está imponiendo la Ley del Talión, la del ojo por ojo y diente por diente. La gente debe entender que hay plazos que deben respetarse”, sentenció López Ávila.
San Andrés vivió varias noches de violencia por culpa de vecinos enardecidos. Un hombre fue acusado de abuso sexual y la Justicia ordenó su detención. Los habitantes de esa localidad del este tucumano, al pensar que lo habían liberado, primero cortaron la ruta durante varios horas y después quemaron la casa del sospechoso, dejando en la calle a su esposa y dos hijos. Ni siquiera les permitieron que retiraran la ropa de la vivienda. La mujer, durante semanas, recorrió los pasillos de Tribunales pidiendo ayuda. Al menos, en este caso, la fiscala Adriana Reinoso Cuello identificó a dos de los líderes de la horda y les inició una causa en su contra.
Diferencias
López Ávila recordó que una persona puede detener a otra por haber cometido un ilícito. “Eso se llama aprehensión ciudadana. Hasta puede utilizar la fuerza para reducir a la persona que lo está atacando. Sin embargo, hay que tener cuidado con los excesos. Por ejemplo, si después de reducirlos, otras personas se suman y lo golpean, están cometiendo un delito”, aseguró.
Giannoni aseguró que en este tipo de casos la Policía está obligada a identificar a los agresores de las personas que están reducidas. “No lo hacen y así resulta imposible poder iniciar una investigación contra las personas que agreden a los sospechosos, como corresponde. En algunos casos se les debe imputar lesiones y amenazas de muerte, entre otros delitos”, comentó.
El último caso que tuvo gran repercusión pública es un símbolo de lo que sucede en la provincia. El domingo, un policía, que estaba de franco observó cómo un joven había robado una moto a una mujer en la intersección de San Miguel y Don Bosco. El efectivo, en su vehículo particular, lo persiguió y lo redujo. Luego pidió apoyo al servicio 911 y fue a buscar a la víctima para que denunciara el caso. Mientras tanto, dejó al sospechoso al cuidado de los vecinos hasta que llegaran los hombres de la fuerza. Cuando sus compañeros arribaron al lugar, encontraron al ladrón lesionado por los golpes que había recibido y sin sus zapatillas. A duras penas pudieron sacarlo de ahí.
“Estamos preocupados por lo que está sucediendo. Las agresiones a personas que supuestamente cometen delitos es cada vez mayor. Hasta atendemos casos de gente que es golpeada por confusiones. Esta es una prueba más de la violencia que se vive en nuestra sociedad”, aseguró el fiscal Diego López Ávila.
En Tribunales saben que la sociedad reacciona de otra manera ante el delito. “La realidad es que los tucumanos actúan así porque no reciben las respuestas de la Policía y de la Justicia que ellos creen que deben recibir en tiempo y en forma”, opinó la fiscala Adriana Giannoni.
Algunos casos
Las golpizas a las personas que cometen robos encabezan la lista del ranking de justicia por mano propia. Pero no son los únicos casos. En los barrios de la periferia, donde el consumo de drogas es moneda corriente y donde la presencia policial es inexistente, se está produciendo otro fenómeno: los padres de adictos atacan a los transas y queman sus propiedades. Los vendedores, en cambio, contratan personas para que los defiendan de la furia vecinal.
Hace una semana, Sergio Luis Ortiz (23 años) que gozaba de un permiso extramuros, fue asesinado de un disparo en la cabeza por un tal “Mechudo”, que según los investigadores, vendía droga en el barrio San Roque, de Villa 9 de Julio. Con el correr de los días, los familiares de la víctima contaron cuál podría haber sido el móvil del homicidio.
Ellos dijeron, de acuerdo a lo que aparece en el expediente, que un hermano del joven asesinado le habría empeñado al sospechoso un reloj a cambio de drogas. Cuando fue saldar la deuda y retirar el bien, el “Mechudo” no se lo devolvió porque ya lo había vendido. Esa situación generó varios enfrentamientos armados y terminó en el homicidio. Al acusado, que aún se encuentra prófugo, los parientes de Ortiz le quemaron la casa y tres motos.
“En esta provincia se está imponiendo la Ley del Talión, la del ojo por ojo y diente por diente. La gente debe entender que hay plazos que deben respetarse”, sentenció López Ávila.
San Andrés vivió varias noches de violencia por culpa de vecinos enardecidos. Un hombre fue acusado de abuso sexual y la Justicia ordenó su detención. Los habitantes de esa localidad del este tucumano, al pensar que lo habían liberado, primero cortaron la ruta durante varios horas y después quemaron la casa del sospechoso, dejando en la calle a su esposa y dos hijos. Ni siquiera les permitieron que retiraran la ropa de la vivienda. La mujer, durante semanas, recorrió los pasillos de Tribunales pidiendo ayuda. Al menos, en este caso, la fiscala Adriana Reinoso Cuello identificó a dos de los líderes de la horda y les inició una causa en su contra.
Diferencias
López Ávila recordó que una persona puede detener a otra por haber cometido un ilícito. “Eso se llama aprehensión ciudadana. Hasta puede utilizar la fuerza para reducir a la persona que lo está atacando. Sin embargo, hay que tener cuidado con los excesos. Por ejemplo, si después de reducirlos, otras personas se suman y lo golpean, están cometiendo un delito”, aseguró.
Giannoni aseguró que en este tipo de casos la Policía está obligada a identificar a los agresores de las personas que están reducidas. “No lo hacen y así resulta imposible poder iniciar una investigación contra las personas que agreden a los sospechosos, como corresponde. En algunos casos se les debe imputar lesiones y amenazas de muerte, entre otros delitos”, comentó.
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