Anuncian el pago de juicios pendientes a jubilados y menos presión impositiva

BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri anuncia hoy a las 10 un paquete de medidas que enviará al Congreso para su aprobación, para cancelar las deudas por mala liquidación a jubilados, blanqueo de capitales en el exterior y medidas impositivas para las PyME. Así lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada, que indicaron que el Presidente encabezará un acto en el barrio porteño de San Cristóbal.

Macri anunciará en su discurso que el pago de los juicios a los jubilados es una reparación histórica, al regularizar toda la deuda pasada.

Hay 40.000 sentencias en firme por la Corte Suprema de Justicia y otras 30.000 que están por llegar al más alto tribunal, que serán abonadas en parte con el presupuesto de $ 12.500 millones que tiene asignado la Anses. El resto será con el flujo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene líquidos $ 90.000 millones anuales, señala una nota del diario cronista.com.

De ahí utilizarán $ 75.000 millones anuales para los próximos dos años, no sólo para las sentencias firmes sino también para hacerles una oferta voluntaria a las 300.000 demandas ya iniciadas. Les pagarán 50% cash y 50% en cuotas trimestrales a lo largo de tres años, que se actualizarán por movilidad. A todos ellos les pondrán un tope por retroactividad de cuatro años, pero tomando el valor más alto, ya que se tomarán los últimos cuatro años.

En tanto, a 1,9 millón que están en condiciones de hacer juicio no se les dará retroactividad, pero les ajustarán el haber entre un 33% y un 45%. Se pagará primero a aquellos mayores de 80 años y con enfermedades terminales. En rigor, serán acuerdos transaccionales con cada jubilado, y fuentes oficiales prometen que desde hoy mismo se empezarán a liquidar bien las jubilaciones, agrega la nota. En el proyecto de ley que Macri mandará al Congreso habrá una cláusula para que les permitan vender activos del FGS, que en su cartera tiene un total de $ 750.000 millones. Piensan desprenderse de las acciones que tienen en caso de que el flujo del fondo no les alcance. De todos modos, prevén que para este año y el próximo debería alcanzarles y recién comenzarían a desprenderse de los papeles en 2018.

El oficialismo buscará en el Congreso derogar esa ley, que obliga a contar con los dos tercios de los votos de ambas cámaras para habilitar la venta de acciones que la Anses tiene en empresas privadas. La medida formará parte del paquete de anuncios que prepara el Gobierno. “Lo que vamos a anunciar mañana (por hoy) es una bomba fiscal y política”, graficó un legislador macrista, quien anticipó que el tema del pago de las sentencias y el blanqueo de capitales formarán parte de “una única ley” que incluirá también “una moratoria impositiva y previsional”. De acuerdo con lo confiado por el diputado, la intención del Gobierno es derogar la ley aprobada en septiembre del año pasado, que establece que para vender las acciones de la Anses se necesitan los votos de dos tercios de los miembros de cada Cámara, ya que para anular la norma sólo se requiere de mayoría simple. “Este es un negocio chino para el Estado. Si mañana el Banco Macro, Clarín o la empresa en la que el Estado tiene acciones se retira de la Bolsa, el Estado se quedaría con acciones líquidas, sin valor”, argumentó la fuente para justificar la decisión de desprenderse de esos valores, a fin de dar cumplimiento a las sentencias que se deben pagar a los jubilados.

Blanqueo de capitales

Para cumplir con los fallos y las actualizaciones de las jubilaciones también se pondrá en práctica un nuevo blanqueo de capitales con la intención de alimentar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que según los datos que maneja el oficialismo rondaría los 750.000 millones de pesos. De ese mismo fondo saldrá el 15% que la Nación prometió devolverle a las provincias, aunque será a través de préstamos. En el macrismo confían en que el blanqueo tendrá éxito y “una de las principales razones es que ahorrar afuera es muy difícil porque hay más normas y la industria bancaria está más presionada”.

Por eso, estimaron que la cifra de capitales que serían registrados rondaría los 60.000 millones de dólares, de los cuales el Estado recibiría el 10%. (DyN-Télam)