Por Roberto Delgado
14 Mayo 2016
Un nuevo paradigma pareciera estar formándose en nuestra provincia, y ha sido formulado por un fiscal de Santiago del Estero: el de que Tucumán ya no es tierra de paso de estupefacientes, sino que acá se acopia y es centro de distribución de drogas, y que incluso acá hay cocinas para elaborar narcóticos. La incautación de 28 kilos de cocaína en El Cadillal y la estimación del funcionario santiagueño de que muy cerca del lugar donde se halló la droga había una casa usada para cocinar alucinógenos parecen avalar esa teoría.
Se trata del primer gran cargamento de “merca” en mucho tiempo. De marihuana hubo varios: el último fue el del desconocido pasajero que el 25 de abril escapó de la Terminal de ómnibus dejando una carga de 70 kilos de “hierba” en un colectivo. El más llamativo, y que abonaba la tesis de que desde acá se distribuía la mercadería a otras provincias, fue la detención, el 19 de noviembre, de la concepcionense Carla Sánchez, quien vivía en un country de Yerba Buena y a quien el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, acusa de ser la líder de una banda que transportó más de 1.500 kilos de marihuana.
La diferencia
Pero esa banda, según la acusación, operaba en Santiago. En cambio, ahora, según el fiscal federal santiagueño Pedro Simón, a Tucumán llega cocaína desde Bolivia (“y generalmente los centros más grandes están en Tucumán; ahí se acopia y luego se distribuye a provincias como Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba y Mendoza”) y marihuana, de Paraguay. Esto ha ocurrido siempre, pero Simón dice que muchas veces los estupefacientes llegan desde el norte a Santiago, desde allí son subidos de nuevo a Tucumán y luego, procesados, son enviados al país. Dio como ejemplos allanamientos que se hicieron en zonas rurales de Tucumán, como Leales. Los federales santiagueños actuaron con Gendarmería y policías federales de esa provincia.
En Tucumán las autoridades fueron cautas. Hace una semana declararon estar “preocupadas” por el crecimiento de la violencia derivada del narcotráfico, ante el hecho de que han crecido las banditas dedicadas al narcomenudeo. Como hasta ahora no había constancias de que estas pequeñas mafias tengan poder de fuego y de operaciones como el de “Los monos” de Rosario, hasta ahora los funcionarios sólo hacían declaraciones de circunstancia, como las publicadas el domingo pasado. “Estamos tras ellos, pero lo que más nos preocupa es el incremento de la violencia entre ellos”, dijo el ministro de Gobierno, Regino Amado, días antes de que la Policía realizara el “Operativo Clan” en Villa 9 de Julio. “Hemos salido a buscarlos en todos lados. No les vamos a dar respiro”, agregó Dante Bustamante, jefe de Policía. “Los vamos a buscar hasta debajo de las piedras”, completó el secretario de Seguridad Paul Hofer. Pero los seis allanamientos que hicieron 100 policías en Villa 9 de Julio fueron infructuosos. Ni un detenido, ni un elemento secuestrado.
Por eso los funcionarios estuvieron exultantes ayer con el secuestro en El Cadillal, que en su opinión es la prueba para la sociedad de que se está operando en serio contra el narcotráfico. A pesar de que la denuncia fue hecha por el dueño del predio donde se hospedaban los santiagueños que tenían la cocaína: el hombre desconfió de que la pareja (que andaba con un bebé) se fuera de ese modo y por eso hizo la denuncia en la muy cercana comisaría de El Cadillal.
Otras preocupaciones
Pero nadie ha analizado hasta ahora si estamos ante un nuevo paradigma. El fiscal federal Pablo Camuña reconoció hace poco que no se considera que acá se esté lejos de la situación del conurbano bonaerense o de Rosario. “Estamos tratando de priorizar la narcocriminalidad sobre la venta al menudeo porque no tiene mucho sentido ir quiosco por quiosco porque son fungibles. Si hoy cerramos uno, la misma familia lo vuelve a abrir al poco tiempo. Muchas personas están dispuestas a asumir ese riesgo. Creemos que la solución es atacar a los grandes proveedores de drogas de la provincia y hacia eso estamos apuntando en estos momentos”, dijo (LA GACETA, 26/11/15). Por su parte, el ministro fiscal Edmundo Jiménez sólo dijo, al respecto, que están tratando de coordinar tareas con la Justicia Federal y que el fuero penal está colapsado y no puede dar respuestas frente al narcomenudeo.
Lo que el nuevo paradigma nos está diciendo es que mientras no hemos sabido atender la venta barrial de drogas, que ha crecido hasta el punto de que nos inquieta la violencia, se nos pueden venir encima las grandes operaciones. ¿Estamos preparados para eso?
Porque si bien es cierto que las “madres de la esperanza”, o “madres del pañuelo negro” vienen advirtiendo del comercio de paco desde antes de 2009 (cuando nadie veía esta droga, que es el residuo de la producción de cocaína) y también la Iglesia lo ha advertido con fuerza en los últimos años, las mismas autoridades no pueden decir que ignoraban el vínculo entre violencia y narcocriminalidad.
Ya en tiempos del asesinato del oficial Juan Andrés Salinas (1991) se hablaba de las mafias que transportaban droga y sacudían a tiros nuestra provincia, pero fue hacia 2005 cuando empezaron a haber indicios claros del mundo salvaje en que se había convertido Villa 9 de Julio, ya considerado centro de distribución de droga en la capital y generadora de la inundación de paco en La Costanera. En 1995 ya había informes sobre las actividades de Margarita Toro, quien en 2003 había sido condenada por narcotráfico, y que en 2009 volvió a ser condenada, junto a varios miembros de su familia. Ella ha sido el nexo entre Villa 9 de Julio y La Costanera, donde vivía “El Rengo Ordóñez” Tevez, rey del paco en esa barriada (con quien ella tuvo un hijo) y que fue asesinado en la Navidad de 2008.
Otra mujer de Villa 9 de Julio, “La Cabezona” Nilda Gómez (quien ha tenido tres condenas por drogas) ya dio a entender en 2008 que había cocinas para preparados narcóticos, ya que en su casa había una. Aunque nadie en Tucumán lo advirtiera: no era el laboratorio sofisticado de Walter White en “Breaking Bad”, pero alcanzaba para preparar paco.
“Pocos buenos, muchos malos”
Para 2009 se volvía a advertir que Villa 9 de Julio era un lugar ultradenso. “Somos pocos los buenos y muchos los malos; esto es una cadena de transas”, decía Norma Cisnero (30/1/09). El jefe de la comisaría 10a decía que el 60% de los jóvenes del barrio habían estado presos y el entonces jefe de Policía, Hugo Sánchez, anunciaba un programa de integración comunitaria “similar al que se hará en la Costanera”. Prometía que los agentes se entrevistarían con personas del barrio y que la barriada cambiaría drásticamente en dos meses. No cambió la villa y tampoco la Costanera. Empeoraron.
Aparecieron los Carrión, que formaron “La banda de la gruta”, y se hicieron notorios con el asalto en la playa de estacionamiento del aeropuerto del 27/7/09, cuando en medio de un tiroteo se robaron 50.000 dólares que transportaba Esteban Gabriel Valdez. Por esta causa hubo 25 procesados y desde hace dos años esperan juicio oral. Después empezaron sus peleas con los Toro, con los cuales comparten el gusto por las riñas de gallos. Ambas familias, llamadas clanes por la Policía, se vienen atizando y baleando. Y aunque los Carrión niegan que se dediquen a la droga, tienen causas en la Justicia Federal. Alberto Arturo Carrión espera excarcelación en una causa por transporte de estupefacientes para comercialización, art 5° Inc C de la ley 23.737, según una fuente de la Justicia Federal.
Hoy Villa 9 de Julio está surcada por los asaltos de motoarrebatadores y los alardes de poder, como los balazos que hicieron 300 motociclistas al aire en el cementerio, durante el sepelio de Luciano Calderón, de los Toro, por cuya muerte se busca a “Quemarrancho”. También se dice que otro sujeto, “Cadáver”, andaba disparando en la pierna a quien encuentra, para vengar el tiro que recibió Dalma Almirón, mujer de Raúl Carrión, el 25 de febrero.
Y la policía del barrio, ¿qué hace? Acumula escándalos. Desde las fugas de presos como la de diciembre pasado o la escandalosa acusación a un policía de haber recibido $20.000 para dejar escapar a un preso el 11/8/14, caso que también espera juicio oral. Más de un fiscal se queja de la violencia que impera en esta zona pero no lo dice en voz alta. Y cuando se menciona que se cree que los acusados pagan para quedar libres, el ministro fiscal responde por otro lado: “No podemos estar haciéndole caso a lo que dice una persona que tiene varias hojas de antecedentes penales. Además, los fiscales no cuentan con la tecnología ni el personal que necesitan para profundizar las investigaciones. Es por eso que sólo terminamos atrapando arrebatadores”.
No hablamos acá de la Costanera o “El Sifón”, donde se ven las consecuencias dramáticas del narcotráfico, donde mueren los adictos o están convertidos en zombis. Allí comenzó el primer cambio de paradigma en 2009, cuando se descubrió que Tucumán era tierra del paco. En enero, el obispo emérito, monseñor Luis Villalba, remarcó “la gravedad del problema de la venta y consumo de drogas, expuesta sin pudor en las calles, sobre todo de los barrios más pobres”.
Ahora está cambiando el paradigma otra vez.
Se trata del primer gran cargamento de “merca” en mucho tiempo. De marihuana hubo varios: el último fue el del desconocido pasajero que el 25 de abril escapó de la Terminal de ómnibus dejando una carga de 70 kilos de “hierba” en un colectivo. El más llamativo, y que abonaba la tesis de que desde acá se distribuía la mercadería a otras provincias, fue la detención, el 19 de noviembre, de la concepcionense Carla Sánchez, quien vivía en un country de Yerba Buena y a quien el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, acusa de ser la líder de una banda que transportó más de 1.500 kilos de marihuana.
La diferencia
Pero esa banda, según la acusación, operaba en Santiago. En cambio, ahora, según el fiscal federal santiagueño Pedro Simón, a Tucumán llega cocaína desde Bolivia (“y generalmente los centros más grandes están en Tucumán; ahí se acopia y luego se distribuye a provincias como Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba y Mendoza”) y marihuana, de Paraguay. Esto ha ocurrido siempre, pero Simón dice que muchas veces los estupefacientes llegan desde el norte a Santiago, desde allí son subidos de nuevo a Tucumán y luego, procesados, son enviados al país. Dio como ejemplos allanamientos que se hicieron en zonas rurales de Tucumán, como Leales. Los federales santiagueños actuaron con Gendarmería y policías federales de esa provincia.
En Tucumán las autoridades fueron cautas. Hace una semana declararon estar “preocupadas” por el crecimiento de la violencia derivada del narcotráfico, ante el hecho de que han crecido las banditas dedicadas al narcomenudeo. Como hasta ahora no había constancias de que estas pequeñas mafias tengan poder de fuego y de operaciones como el de “Los monos” de Rosario, hasta ahora los funcionarios sólo hacían declaraciones de circunstancia, como las publicadas el domingo pasado. “Estamos tras ellos, pero lo que más nos preocupa es el incremento de la violencia entre ellos”, dijo el ministro de Gobierno, Regino Amado, días antes de que la Policía realizara el “Operativo Clan” en Villa 9 de Julio. “Hemos salido a buscarlos en todos lados. No les vamos a dar respiro”, agregó Dante Bustamante, jefe de Policía. “Los vamos a buscar hasta debajo de las piedras”, completó el secretario de Seguridad Paul Hofer. Pero los seis allanamientos que hicieron 100 policías en Villa 9 de Julio fueron infructuosos. Ni un detenido, ni un elemento secuestrado.
Por eso los funcionarios estuvieron exultantes ayer con el secuestro en El Cadillal, que en su opinión es la prueba para la sociedad de que se está operando en serio contra el narcotráfico. A pesar de que la denuncia fue hecha por el dueño del predio donde se hospedaban los santiagueños que tenían la cocaína: el hombre desconfió de que la pareja (que andaba con un bebé) se fuera de ese modo y por eso hizo la denuncia en la muy cercana comisaría de El Cadillal.
Otras preocupaciones
Pero nadie ha analizado hasta ahora si estamos ante un nuevo paradigma. El fiscal federal Pablo Camuña reconoció hace poco que no se considera que acá se esté lejos de la situación del conurbano bonaerense o de Rosario. “Estamos tratando de priorizar la narcocriminalidad sobre la venta al menudeo porque no tiene mucho sentido ir quiosco por quiosco porque son fungibles. Si hoy cerramos uno, la misma familia lo vuelve a abrir al poco tiempo. Muchas personas están dispuestas a asumir ese riesgo. Creemos que la solución es atacar a los grandes proveedores de drogas de la provincia y hacia eso estamos apuntando en estos momentos”, dijo (LA GACETA, 26/11/15). Por su parte, el ministro fiscal Edmundo Jiménez sólo dijo, al respecto, que están tratando de coordinar tareas con la Justicia Federal y que el fuero penal está colapsado y no puede dar respuestas frente al narcomenudeo.
Lo que el nuevo paradigma nos está diciendo es que mientras no hemos sabido atender la venta barrial de drogas, que ha crecido hasta el punto de que nos inquieta la violencia, se nos pueden venir encima las grandes operaciones. ¿Estamos preparados para eso?
Porque si bien es cierto que las “madres de la esperanza”, o “madres del pañuelo negro” vienen advirtiendo del comercio de paco desde antes de 2009 (cuando nadie veía esta droga, que es el residuo de la producción de cocaína) y también la Iglesia lo ha advertido con fuerza en los últimos años, las mismas autoridades no pueden decir que ignoraban el vínculo entre violencia y narcocriminalidad.
Ya en tiempos del asesinato del oficial Juan Andrés Salinas (1991) se hablaba de las mafias que transportaban droga y sacudían a tiros nuestra provincia, pero fue hacia 2005 cuando empezaron a haber indicios claros del mundo salvaje en que se había convertido Villa 9 de Julio, ya considerado centro de distribución de droga en la capital y generadora de la inundación de paco en La Costanera. En 1995 ya había informes sobre las actividades de Margarita Toro, quien en 2003 había sido condenada por narcotráfico, y que en 2009 volvió a ser condenada, junto a varios miembros de su familia. Ella ha sido el nexo entre Villa 9 de Julio y La Costanera, donde vivía “El Rengo Ordóñez” Tevez, rey del paco en esa barriada (con quien ella tuvo un hijo) y que fue asesinado en la Navidad de 2008.
Otra mujer de Villa 9 de Julio, “La Cabezona” Nilda Gómez (quien ha tenido tres condenas por drogas) ya dio a entender en 2008 que había cocinas para preparados narcóticos, ya que en su casa había una. Aunque nadie en Tucumán lo advirtiera: no era el laboratorio sofisticado de Walter White en “Breaking Bad”, pero alcanzaba para preparar paco.
“Pocos buenos, muchos malos”
Para 2009 se volvía a advertir que Villa 9 de Julio era un lugar ultradenso. “Somos pocos los buenos y muchos los malos; esto es una cadena de transas”, decía Norma Cisnero (30/1/09). El jefe de la comisaría 10a decía que el 60% de los jóvenes del barrio habían estado presos y el entonces jefe de Policía, Hugo Sánchez, anunciaba un programa de integración comunitaria “similar al que se hará en la Costanera”. Prometía que los agentes se entrevistarían con personas del barrio y que la barriada cambiaría drásticamente en dos meses. No cambió la villa y tampoco la Costanera. Empeoraron.
Aparecieron los Carrión, que formaron “La banda de la gruta”, y se hicieron notorios con el asalto en la playa de estacionamiento del aeropuerto del 27/7/09, cuando en medio de un tiroteo se robaron 50.000 dólares que transportaba Esteban Gabriel Valdez. Por esta causa hubo 25 procesados y desde hace dos años esperan juicio oral. Después empezaron sus peleas con los Toro, con los cuales comparten el gusto por las riñas de gallos. Ambas familias, llamadas clanes por la Policía, se vienen atizando y baleando. Y aunque los Carrión niegan que se dediquen a la droga, tienen causas en la Justicia Federal. Alberto Arturo Carrión espera excarcelación en una causa por transporte de estupefacientes para comercialización, art 5° Inc C de la ley 23.737, según una fuente de la Justicia Federal.
Hoy Villa 9 de Julio está surcada por los asaltos de motoarrebatadores y los alardes de poder, como los balazos que hicieron 300 motociclistas al aire en el cementerio, durante el sepelio de Luciano Calderón, de los Toro, por cuya muerte se busca a “Quemarrancho”. También se dice que otro sujeto, “Cadáver”, andaba disparando en la pierna a quien encuentra, para vengar el tiro que recibió Dalma Almirón, mujer de Raúl Carrión, el 25 de febrero.
Y la policía del barrio, ¿qué hace? Acumula escándalos. Desde las fugas de presos como la de diciembre pasado o la escandalosa acusación a un policía de haber recibido $20.000 para dejar escapar a un preso el 11/8/14, caso que también espera juicio oral. Más de un fiscal se queja de la violencia que impera en esta zona pero no lo dice en voz alta. Y cuando se menciona que se cree que los acusados pagan para quedar libres, el ministro fiscal responde por otro lado: “No podemos estar haciéndole caso a lo que dice una persona que tiene varias hojas de antecedentes penales. Además, los fiscales no cuentan con la tecnología ni el personal que necesitan para profundizar las investigaciones. Es por eso que sólo terminamos atrapando arrebatadores”.
No hablamos acá de la Costanera o “El Sifón”, donde se ven las consecuencias dramáticas del narcotráfico, donde mueren los adictos o están convertidos en zombis. Allí comenzó el primer cambio de paradigma en 2009, cuando se descubrió que Tucumán era tierra del paco. En enero, el obispo emérito, monseñor Luis Villalba, remarcó “la gravedad del problema de la venta y consumo de drogas, expuesta sin pudor en las calles, sobre todo de los barrios más pobres”.
Ahora está cambiando el paradigma otra vez.
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