Por LA GACETA
18 Abril 2016
El número de personas detenidas en comisarías u otras dependencias policiales sigue siendo un gran dolor de cabeza para el gobierno provincial. Días atrás, la titular de la oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema, Lourdes Bascary, señaló que el número de presos en comisarías bajó considerablemente (de 700 a 400), aunque reconoció que ese numero sigue siendo alto. Por eso, dijo, se está trabajando para hacer inspecciones y verificar que se cumpla el recurso de habeas corpus que presentaron los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni para vaciar las comisarías de reclusos. Sin embargo, enfatizó en el hecho de que no se puede trasladar a la totalidad de los detenidos porque no han concluido las obras en la cárcel de Villa Urquiza. En consecuencia, el problema de las fugas, como la ocurrida días atrás en la comisaría 10°, sigue amenazando al sistema de seguridad provincial.
Lo cierto es que el hacinamiento de reclusos en las comisarías -la mayoría presenta problemas edilicios-, data de hace más de un lustro. Los calabozos son tan reducidos que la mayoría vive amontonada. Algunos comisarios dijeron que los edificios son tan viejos que las paredes están deterioradas por la humedad y que, además, carecen de una infraestructura segura. Las opiniones oficiales son unánimes en el sentido de que semejante situación convierte a las cárceles de las comisarías en auténticos polvorines, en los cuales los presos pueden desbordar fácilmente a quienes tienen la misión de custodiarlos y organizar lo que hemos presenciado repetidas veces: protestas de todo tipo, incendios provocados y fugas planificadas. Por eso, y lo ratificamos una vez más, urge que el gobierno en su conjunto (es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) actúen de una buena vez de manera conjunta para, por ejemplo, modificar la situación legislativa de la polémica Ley de Contravenciones, que sigue siendo una asignatura pendiente en la provincia. De hecho, el número de detenidos por contravenciones sigue siendo constante y regular, según lo admite la misma Bascary.
En este sentido, las instituciones deben a la sociedad una reflexión serena y estricta sobre este gravísimo problema, cuyo esclarecimiento conceptual condiciona inevitablemente la posibilidad de trazar pautas y de acordar políticas viables para revertir lo que está ocurriendo. Están en juego, entretanto, la seguridad de la población y también las obligaciones constitucionales del Estado en relación con los delincuentes y con los sospechosos de haber delinquido. Es indudable que se impone una urgente y profunda reforma en el régimen carcelario argentino, que contemple y proponga soluciones a todos los problemas mencionados. Ello requerirá un fuerte compromiso y una férrea decisión por parte de las autoridades políticas, de los magistrados judiciales, de los integrantes de la Policía y de las otras fuerzas de seguridad. Sólo así se dará cumplimiento con lo establecido por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y se comenzará a recorrer un camino que no sólo lleve a mejorar la situación de las cárceles, sino también a la reinserción social de quienes sufren prisión.
La degradación de nuestras prisiones se verifica no sólo en las condiciones de detención de los internos, sino también en el debilitamiento de la moral y el espíritu de quienes deben custodiarlos. De poco servirá avanzar en la lucha contra el delito si no se ataca también lo que está ocurriendo en las comisarías.
Lo cierto es que el hacinamiento de reclusos en las comisarías -la mayoría presenta problemas edilicios-, data de hace más de un lustro. Los calabozos son tan reducidos que la mayoría vive amontonada. Algunos comisarios dijeron que los edificios son tan viejos que las paredes están deterioradas por la humedad y que, además, carecen de una infraestructura segura. Las opiniones oficiales son unánimes en el sentido de que semejante situación convierte a las cárceles de las comisarías en auténticos polvorines, en los cuales los presos pueden desbordar fácilmente a quienes tienen la misión de custodiarlos y organizar lo que hemos presenciado repetidas veces: protestas de todo tipo, incendios provocados y fugas planificadas. Por eso, y lo ratificamos una vez más, urge que el gobierno en su conjunto (es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) actúen de una buena vez de manera conjunta para, por ejemplo, modificar la situación legislativa de la polémica Ley de Contravenciones, que sigue siendo una asignatura pendiente en la provincia. De hecho, el número de detenidos por contravenciones sigue siendo constante y regular, según lo admite la misma Bascary.
En este sentido, las instituciones deben a la sociedad una reflexión serena y estricta sobre este gravísimo problema, cuyo esclarecimiento conceptual condiciona inevitablemente la posibilidad de trazar pautas y de acordar políticas viables para revertir lo que está ocurriendo. Están en juego, entretanto, la seguridad de la población y también las obligaciones constitucionales del Estado en relación con los delincuentes y con los sospechosos de haber delinquido. Es indudable que se impone una urgente y profunda reforma en el régimen carcelario argentino, que contemple y proponga soluciones a todos los problemas mencionados. Ello requerirá un fuerte compromiso y una férrea decisión por parte de las autoridades políticas, de los magistrados judiciales, de los integrantes de la Policía y de las otras fuerzas de seguridad. Sólo así se dará cumplimiento con lo establecido por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y se comenzará a recorrer un camino que no sólo lleve a mejorar la situación de las cárceles, sino también a la reinserción social de quienes sufren prisión.
La degradación de nuestras prisiones se verifica no sólo en las condiciones de detención de los internos, sino también en el debilitamiento de la moral y el espíritu de quienes deben custodiarlos. De poco servirá avanzar en la lucha contra el delito si no se ataca también lo que está ocurriendo en las comisarías.
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