18 Marzo 2016
La sentencia del juez federal N° 2, Fernando Poviña, que habilita que este año se tome el examen de ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) pero obliga a que se aplique la admisión irrestricta a partir del ciclo lectivo 2017, no dejó conforme a nadie. Tanto las autoridades de la unidad académica como los aspirantes a estudiar la carrera de médico anticiparon que la apelarán.
En la práctica, sin embargo, ambas partes la acatarán. Los estudiantes rendirán la evaluación, que será llevada a cabo entre mañana y el domingo 3 de abril. El decano de Medicina, Ricardo Zelaya, por su parte, adelantó que la facultad comenzará a gestionar mayores recursos para poder albergar a los alumnos que se inscriban el año que viene.
“Al fallo tenemos que acatarlo. De todas formas, vamos a apelarlo en algunos aspectos técnicos, en los que está trabajando el estudio jurídico que representa a la facultad en el juicio. Queremos advertirle al juez cuál es la situación en la que quedará Medicina dentro del contexto de la nueva ley, teniendo en cuenta lo que implica formar un médico en la actualidad”, manifestó Zelaya, quien prefirió no ahondar en los fundamentos que tendrá la apelación.
En la sentencia firmada el martes, Poviña hizo lugar en forma parcial a una acción de amparo presentada por 16 aspirantes a ingresar a Medicina, que exigían el cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.204.
Consideró que la facultad debía acatar la norma modificatoria de la Ley de Educación Superior (N° 24.521), que en su nuevo artículo 4 establece: “todas las personas que aprueban la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”. Sin embargo, afirmó que la unidad académica no actuó con “manifiesta ilegalidad” ya que el proceso de preinscripción había comenzado antes de la promulgación de la ley, y al mismo tiempo sostuvo que se le debía otorgar “un tiempo razonable” para adecuar sus capacidades a la nueva normativa.
Al contestar la demanda, la facultad alegó que el artículo 4 violaba la autonomía universitaria y que no tenía recursos ni estructura edilicia para albergar a más alumnos.
El magistrado, sin embargo, refutó ambos fundamentos. Por un lado, aseveró que el principio de autonomía universitaria no le permitía a las unidades académicas dictar reglamentaciones que contradijeran a la ley nacional. Por el otro, reprochó la “falta de previsión” de la facultad al ni siquiera intentar gestionar recursos para cumplir la normativa vigente.
En cuanto al último punto, Zelaya adelantó que, más allá de recurrir el fallo, iniciará gestiones con la UNT y con la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación de cara al ciclo lectivo 2017. “Es un trabajo que se debe hacer en conjunto con la universidad y con la Nación. Es necesario generar los fondos y recursos necesarios: no sólo hablamos de plata, también necesitamos más espacio físico y capacitar a los docentes”, indicó.
“Fallo vergonzoso”
Los representantes de los estudiantes que judicializaron el ingreso repudiaron que Poviña no haya exigido un cumplimiento inmediato de la ley y haya habilitado la toma del examen para el ciclo 2016. De todas formas, ponderaron como “un triunfo” que la Justicia se pronunciara a favor de eliminar el cupo limitado en Medicina.
“Es un fallo vergonzoso, que no se ajusta a derecho, y por eso vamos a apelarlo. Basándose en una cuestión administrativa, como lo es el proceso de inscripción, le permite a la facultad seguir incumpliendo las normas vigentes. No se le puede dar prevalencia por sobre leyes nacionales y tratados internacionales”, afirmó Blas Sánchez, integrante del observatorio jurídico de la CTA que asesoró a los aspirantes.
“Para nosotros es un triunfo importantísimo que la Justicia se haya pronunciado para que el año que viene la facultad tenga que adaptarse a la ley. De todas formas, vamos a seguir organizados y luchando para asegurarnos que el cumplimiento se haga efectivo”, afirmó el secretario gremial del Centro de Estudiantes de Medicina, Mariano Raed.
En la práctica, sin embargo, ambas partes la acatarán. Los estudiantes rendirán la evaluación, que será llevada a cabo entre mañana y el domingo 3 de abril. El decano de Medicina, Ricardo Zelaya, por su parte, adelantó que la facultad comenzará a gestionar mayores recursos para poder albergar a los alumnos que se inscriban el año que viene.
“Al fallo tenemos que acatarlo. De todas formas, vamos a apelarlo en algunos aspectos técnicos, en los que está trabajando el estudio jurídico que representa a la facultad en el juicio. Queremos advertirle al juez cuál es la situación en la que quedará Medicina dentro del contexto de la nueva ley, teniendo en cuenta lo que implica formar un médico en la actualidad”, manifestó Zelaya, quien prefirió no ahondar en los fundamentos que tendrá la apelación.
En la sentencia firmada el martes, Poviña hizo lugar en forma parcial a una acción de amparo presentada por 16 aspirantes a ingresar a Medicina, que exigían el cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.204.
Consideró que la facultad debía acatar la norma modificatoria de la Ley de Educación Superior (N° 24.521), que en su nuevo artículo 4 establece: “todas las personas que aprueban la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”. Sin embargo, afirmó que la unidad académica no actuó con “manifiesta ilegalidad” ya que el proceso de preinscripción había comenzado antes de la promulgación de la ley, y al mismo tiempo sostuvo que se le debía otorgar “un tiempo razonable” para adecuar sus capacidades a la nueva normativa.
Al contestar la demanda, la facultad alegó que el artículo 4 violaba la autonomía universitaria y que no tenía recursos ni estructura edilicia para albergar a más alumnos.
El magistrado, sin embargo, refutó ambos fundamentos. Por un lado, aseveró que el principio de autonomía universitaria no le permitía a las unidades académicas dictar reglamentaciones que contradijeran a la ley nacional. Por el otro, reprochó la “falta de previsión” de la facultad al ni siquiera intentar gestionar recursos para cumplir la normativa vigente.
En cuanto al último punto, Zelaya adelantó que, más allá de recurrir el fallo, iniciará gestiones con la UNT y con la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación de cara al ciclo lectivo 2017. “Es un trabajo que se debe hacer en conjunto con la universidad y con la Nación. Es necesario generar los fondos y recursos necesarios: no sólo hablamos de plata, también necesitamos más espacio físico y capacitar a los docentes”, indicó.
“Fallo vergonzoso”
Los representantes de los estudiantes que judicializaron el ingreso repudiaron que Poviña no haya exigido un cumplimiento inmediato de la ley y haya habilitado la toma del examen para el ciclo 2016. De todas formas, ponderaron como “un triunfo” que la Justicia se pronunciara a favor de eliminar el cupo limitado en Medicina.
“Es un fallo vergonzoso, que no se ajusta a derecho, y por eso vamos a apelarlo. Basándose en una cuestión administrativa, como lo es el proceso de inscripción, le permite a la facultad seguir incumpliendo las normas vigentes. No se le puede dar prevalencia por sobre leyes nacionales y tratados internacionales”, afirmó Blas Sánchez, integrante del observatorio jurídico de la CTA que asesoró a los aspirantes.
“Para nosotros es un triunfo importantísimo que la Justicia se haya pronunciado para que el año que viene la facultad tenga que adaptarse a la ley. De todas formas, vamos a seguir organizados y luchando para asegurarnos que el cumplimiento se haga efectivo”, afirmó el secretario gremial del Centro de Estudiantes de Medicina, Mariano Raed.
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