El Banco Central puso el ojo en las “cuevas” tucumanas

El Banco Central (BCRA) tiene la facultad de requerir a la justicia allanamientos en caso de operaciones de cambio sin autorización, considerados dentro de las infracciones estipuladas en la Ley de “Régimen Penal Cambiario”. Esto habría ocurrido la semana pasada en la city tucumana, que derivó en una investigación de la Justicia Federal de Tucumán.

Fuentes judiciales confirmaron la realización de dos operativos oficiales por pedido del BCRA, como lo establece la norma nacional, en las calles San Martín y Junín de la capital provincial. La entidad monetaria efectuó la presentación oficial días atrás por supuesta venta de dólares en algunos inmuebles no habilitados, lugares conocidos como “cuevas”, según informaron las mismas fuentes.

Fernando Poviña, cargo del Juzgado Federal N°2, definiría en estos días el curso de la investigación. El mismo magistrado había respondido al pedido de allanamientos hecho por el fiscal de ese fuero Carlos Brito, a partir de una denuncia dispuesta por el Central. El operativo fue cumplido por las fuerzas de seguridad federales y por funcionarios de la institución que preside Federico Sturzenegger.

“Se ha iniciado una investigación por presunta infracción a la ley penal cambiaria” , afirmaron en Tribunales de Congreso y Las Piedras. El control en la plaza de compraventa de divisas es competencia Federal.

Según la norma Nº 19.359 de “Régimen Penal Cambiario”, el Banco Central puede “requerir de los tribunales competentes las órdenes de allanamiento necesarias, las cuales deberán ser expedidas sin demora, bajo la responsabilidad del o de los funcionarios que las requieran”. “En tal caso podrá requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezare con inconvenientes o resistencia para practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas investigadas”, añade el artículo 5, inciso e.

Ese apartado hace referencia a la fiscalización por parte del BCRA de las “personas físicas y jurídicas” que operen en cambios y la investigación de las infracciones previstas en la norma”.

Entre otras violaciones, la normativa contempla a la negociación de cambio “sin intervención de la institución autorizada para efectuar dichas operaciones”; compraventa de monedas extranjeras sin estar habilitada; y la “falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio”.

Respecto de las sanciones, la ley fija establece multas económicas, prisión de uno a ocho años por la reincidencia y según el caso, además de la “suspensión de hasta 10 años o la cancelación de la autorización para operar o intermediar en cambios”. Además, fija la inhabilitación de hasta 10 años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en el mercado cambiario.

En la Justicia Federal no se dio a conocer información oficial sobre el proceso, en particular, con relación a posibles imputaciones. Aunque se espera que se avance en la causa en los próximos días. A su vez, en la city local sigue reinando la incertidumbre.