Por LA GACETA
30 Noviembre 2015
Una serie de episodios violentos desencadenados en las últimas semanas con la disputa entre grupos de narcotraficantes, o al menos de individuos vinculados con esas redes criminales, han desatado la preocupación en la opinión pública y ha movilizado especialmente a las autoridades judiciales y policiales.
La crónica policial ha contabilizado en unos cuantos días por lo menos tres hechos de particular gravedad que estarían demostrando una escalada de violencia protagonizada por las bandas criminales que comercializan sustancias prohibidas en distintos lugares de Tucumán, y que a través de esos métodos intentan ampliar sus territorios de influencia para incrementar el negocio. La detención de una mujer, que sería una prominente distribuidora de marihuana, es otro de los episodios que también abonan este diagnóstico inquietante.
Esta evidencia también se sostiene en que cada vez más allanamientos vinculados a casos considerados comunes, la policía y los investigadores descubren que están ligados a conflictos con las drogas, por lo que deben ser tramitados en la órbita de la Justicia Federal, en razón de la competencia sobre los delitos de narcotráfico, en tramas que muestran una incidencia mayor del narcotráfico en la comisión de los delitos.
Uno de los fiscales federales que lleva adelante varias investigaciones dijo a LA GACETA que en la provincia hay grupos que traen la droga desde afuera y la comercializan al mayor o la trasladan a otras tierras, mientras que una de las fiscalas de la justicia provincial que investigó casos de gran repercusión advirtió que cada vez son más los jóvenes que declaran totalmente perdidos y reconocen que cometieron robos para comprar sustancias prohibidas y que aunque algunos de ellos recuperan la libertad, al poco tiempo vuelven a ser detenidos por la misma razón. Tanto las autoridades judiciales federales como las provinciales explican que la situación en Tucumán no es similar -por caso- a la que se manifiesta hoy en el conurbano bonaerense o en Rosario, pero igualmente han alertado sobre un avance del fenómeno delictivo de la narcocriminalidad.
Se sabe que la Argentina dejó de ser un país de tránsito para la droga -lo atestiguan estadísticas de la ONU, lo aseguran los expertos más reconocidos- y que ahora muestra un consumo en crecimiento. Un Estado y administraciones débiles y marcadas por la corrupción, la falta de políticas integrales y sistemáticas para combatir este flagelo social y delictivo y las fronteras sin vigilancia adecuadas, el mantenimiento -y hasta crecimiento- de la indigencia y la pobreza han posibilitado, entre otras causas, el avance del narcotráfico en el país. Y ese cambio de situación comienza a mostrarse de un modo más categórico y visible en buena parte de la geografía provincial. El obispo de Concepción, monseñor José María Rossi, lo ha dicho con todas las letras: “el consumo de drogas crece y no estamos en camino de resolver este flagelo”. Las nuevas autoridades provinciales y el próximo presidente de la Nación se han comprometido a promover renovadas políticas institucionales, sociales y de seguridad para afrontar este panorama delicado, doloroso y sombrío. Siempre será oportuno y razonable -además- fomentar programas para defender a las familias, en especial a aquellas en situación de riesgo, pero por sobre todo, lo que urge son decisiones efectivas que transformen en eficaces los planes para luchar contra el narcotráfico.
La crónica policial ha contabilizado en unos cuantos días por lo menos tres hechos de particular gravedad que estarían demostrando una escalada de violencia protagonizada por las bandas criminales que comercializan sustancias prohibidas en distintos lugares de Tucumán, y que a través de esos métodos intentan ampliar sus territorios de influencia para incrementar el negocio. La detención de una mujer, que sería una prominente distribuidora de marihuana, es otro de los episodios que también abonan este diagnóstico inquietante.
Esta evidencia también se sostiene en que cada vez más allanamientos vinculados a casos considerados comunes, la policía y los investigadores descubren que están ligados a conflictos con las drogas, por lo que deben ser tramitados en la órbita de la Justicia Federal, en razón de la competencia sobre los delitos de narcotráfico, en tramas que muestran una incidencia mayor del narcotráfico en la comisión de los delitos.
Uno de los fiscales federales que lleva adelante varias investigaciones dijo a LA GACETA que en la provincia hay grupos que traen la droga desde afuera y la comercializan al mayor o la trasladan a otras tierras, mientras que una de las fiscalas de la justicia provincial que investigó casos de gran repercusión advirtió que cada vez son más los jóvenes que declaran totalmente perdidos y reconocen que cometieron robos para comprar sustancias prohibidas y que aunque algunos de ellos recuperan la libertad, al poco tiempo vuelven a ser detenidos por la misma razón. Tanto las autoridades judiciales federales como las provinciales explican que la situación en Tucumán no es similar -por caso- a la que se manifiesta hoy en el conurbano bonaerense o en Rosario, pero igualmente han alertado sobre un avance del fenómeno delictivo de la narcocriminalidad.
Se sabe que la Argentina dejó de ser un país de tránsito para la droga -lo atestiguan estadísticas de la ONU, lo aseguran los expertos más reconocidos- y que ahora muestra un consumo en crecimiento. Un Estado y administraciones débiles y marcadas por la corrupción, la falta de políticas integrales y sistemáticas para combatir este flagelo social y delictivo y las fronteras sin vigilancia adecuadas, el mantenimiento -y hasta crecimiento- de la indigencia y la pobreza han posibilitado, entre otras causas, el avance del narcotráfico en el país. Y ese cambio de situación comienza a mostrarse de un modo más categórico y visible en buena parte de la geografía provincial. El obispo de Concepción, monseñor José María Rossi, lo ha dicho con todas las letras: “el consumo de drogas crece y no estamos en camino de resolver este flagelo”. Las nuevas autoridades provinciales y el próximo presidente de la Nación se han comprometido a promover renovadas políticas institucionales, sociales y de seguridad para afrontar este panorama delicado, doloroso y sombrío. Siempre será oportuno y razonable -además- fomentar programas para defender a las familias, en especial a aquellas en situación de riesgo, pero por sobre todo, lo que urge son decisiones efectivas que transformen en eficaces los planes para luchar contra el narcotráfico.
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